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¿Urbanizar ilegalmente en Andalucía es un buen negocio? Parece que sí. Ecologistas en Acción considera que el Decreto de regularización de viviendas ilegales en Suelo No Urbanizable (SNU) es «un fiasco» que tendrá gravísimas consecuencias legales, territoriales, ambientales, sociales y económicas, y atenta contra el interés general de los ciudadanos.
«No es casualidad que los máximos responsables de la Junta de Andalucía anunciaran esta amnistía antes de las pasadas elecciones municipales, y que ahora, en nuevas vísperas electorales, lo aprueben. Se demuestra que con tal de arañar unos miles de votos son capaces de desmontar nuestro estado de derecho, apoyar la destrucción de nuestro territorio, avalar a infractores y delincuentes urbanísticos y promover un clientelismo mafioso».
En opinión de los ecologistas, «la Junta de Andalucía y los Ayuntamientos pretenden regularizar las viviendas cuya infracción -4 años- ha prescrito, pero no se comprometen a demoler las que no han prescrito: las construidas en suelo de especial protección, en sistemas generales o en suelos de riesgo».
Denuncian que también obvia la Junta de Andalucía que las urbanizaciones ilegales no prescriben, «por lo que habría que proceder a desmontar todas las infraestructuras (viales, redes de agua y electricidad…) construidos de forma ilegal, y sin las que no habrían proliferado esas cientos de miles de viviendas ilegales».
Daños del urbanismo ilegal
Según la organización ecologista andaluza, la propia Junta de Andalucía «reconoce este urbanismo ilegal que ha invadido millones de metros cuadrados de suelos no urbanizables, en muchos casos protegidos», algo que Ecologistas en Acción considera «insostenible desde el punto de vista ambiental» por el elevado consumo de recursos naturales (agua, energía, suelo), y fuertemente contaminador: «visual (daños al paisaje), edáfico (basuras) o acuático (aguas residuales)».
En su opinión, «cuando es una vivienda, el daño es mínimo, pero con las 300.000 viviendas ilegales en Andalucía, de las que el 90 por ciento se pretenden regularizar, es un desastre ambiental». Es decir que el PSOE y la Junta de Andalucía «renunciarían a los principios de protección del suelo no urbanizable», lo que según Ecologistas en Acción los alinea directamente con los principios liberales de la derecha del «todo es urbanizable».
El decreto, aprobado el pasado martes 10 de enero, es de una enorme complejidad, a juicio de la portavoz de Vivienda del PP-A en el Parlamento andaluz, Alicia Martínez, quien opina que las 300.000 viviendas «seguirán siendo ilegales» pese a la decisión de Griñán y su Ejecutivo, que tacha de «electoralista» por aprobarse poco antes de la celebración de las autonómicas.
Pero no es oro todo lo que reluce.
«Es un decreto que llega tarde porque se deriva de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) de 2002, cuando tendría que haber sido un desarrollo reglamentario de los usos del suelo no urbanizable», apunta la ‘popular’, quien se ha preguntado «qué pensarán las 300.000 familias que lo que ha hecho en muchos casos es ahorrar una cantidad de dinero para construirse un campito o establecerse en el campo con sus familias».
El decreto aprobado por el Gobierno socialista de Griñán deja en evidencia su Reglamento de Disciplina Urbanística, que prevé el «derribo exprés» por parte de los Ayuntamientos. «En el supuesto de que este Decreto sobreviva tras las elecciones inminentes, seremos testigos de innumerables irregularidades en el proceso de regularización, y al fomento del fenómeno insostenible de la construcción en suelo rústico», manifiesta Ecologistas en Acción.
El diario Sur, de Málaga, daba cuenta el pasado día 13 que hay gran descontento entre los afectados en la provincia malagueña:
El desencanto que generado el Decreto entre los propietarios, ha llevado a la Asociación Provincial de Viviendas Irregulares de Málaga (APVI), que agrupa a más de medio centenar de colectivos de afectados de toda la provincia, a convocar para el próximo 10 de febrero una asamblea con el único punto en el orden del día de acordar la recogida de las firmas necesarias para presentar una Iniciativa Legislativa Popular ante la Junta de Andalucía exigiendo el cambio de la LOUA y el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA). «Lo que queremos es que se legalicen todas las viviendas que se puedan, incluidas las que están en suelo protegido», explicó ayer la presidenta de APVI, María del Mar Vázquez.
Cuando en julio del año pasado la Consejería de Obras Públicas y Vivienda (COPV) sometió a consultas este decreto, Ecologistas en Acción remitió una serie de propuestas «para eliminar el principal atractivo de la construcción en el campo: la especulación inmobiliaria, ya que para muchos esta inversión representa enormes plusvalías en el negocio de la compra-venta de suelos y viviendas». La COPV no contestó a sus propuestas «y desafortunadamente no las ha recogido en este Decreto», se quejan amargamente.
Efecto llamada
A juicio de la organización ecologista, por más que se insista en lo contrario, este Decreto es una «amnistía con premio para el infractor». ¿La razón? Pues que, a su juicio, reconoce que la construcción de estas viviendas en suelos prohibidos es un delito, y este decreto elimina el carácter de «delito» y además lo hace con carácter universal en todo el ámbito andaluz. Una vez en vigor – se desconoce que hará el PP si llega al poder el 25M- el decreto de los socialistas otorgaría a todas las viviendas ilegales una «seguridad jurídica» del que carecen hasta ahora, lo que les permitiría a sus propietarios inscribirlas en el Registro de la Propiedad.
El decreto persigue que aquellas construcciones que se hicieron sin contribuir a la riqueza y el bien público, como hacen las urbanizaciones legales, paguen y contribuyan con las cesiones, dotaciones e impuestos que marca la ley para cualquier construcción. Gracias a esta regularización masiva estas viviendas podrán acceder a agua y electricidad.
«Todo esto significa, en el mejor de los casos, que se ignora la realidad, cuando no se oculta demagógicamente. Estas urbanizaciones y viviendas ilegales han contado con el apoyo de los Ayuntamiento: les hacen caminos, se asfaltan, les pone los tendidos eléctricos, les busca agua… Y todo con dinero público, a veces a través de las Diputaciones, bajo programas eufemísticos de mejora del medio rural», denuncia Ecologistas en Acción.
La organización niega que sea cierto que con la regularización «se vayan a pagar los impuestos, cesiones y dotaciones previstas para cualquier urbanización, en todo caso esto solo será posible para los pocos casos en que se recalifiquen los suelos a urbanizables en el PGOU. El decreto lo único que exige son unos impuestos que además fijará cada Ayuntamiento, y es previsible que un Ayuntamiento que consintió estas viviendas y que quiere revalidar el voto de los ciudadanos, procurare ser tolerante» y buscar tasas asumibles por todos, «que de ningún modo compensarán los enormes costes que va a suponer en el futuro las exigencias de servicios (caminos, iluminación de viales, transporte, correos, basuras, de estos nuevos ciudadanos con sus plenos derechos».
Además, la regularización de estas urbanizaciones ilegales supondría, como advierte Ecologistas en Acción, «saltarse a la torera los límites del crecimiento urbanístico de los municipios andaluces, fijado por el Parlamento en el 40%, y el mantenimiento de la ciudad compacta mediterránea. También supone un evidente desprecio a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que determina que las viviendas en suelo no urbanizable solo podrán justificarse como parte de una explotación agropecuaria, prohibiéndose claramente las segundas residencias».
