¿Qué hará Javier Arenas, si gana las elecciones del 25M, con el principal ariete mediático que ha empleado el PSOE contra el PP en estos años? ¿Cuántos directivos y trabajadores sobran? Canal Sur tiembla tras el consejo de ministros celebrado el pasado viernes. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, desató los nervios entre los directivos y la plantilla de la emisora autonómica, la principal herramienta de comunicación y propaganda del ‘régimen’ socialista en Andalucía.
Un coto cerrado cuyas normas de acceso profesional han sido uno siempre un gran misterio, amén de las continuas dudas suscitadas por la elección de las productoras que se han llevado el negocio -muchas de ellas participadas por ex directivos del canal público- pese a las continuas denuncias, principalmente, del Partido Popular.
El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, ha asegurado que su formación no contempla «en ningún caso» una privatización de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), después de que el Consejo de Ministros haya estudiado un informe sobre el anteproyecto de modificación de la Ley de Comunicación Audiovisual que permitirá a las comunidades autónomas «decidir la forma de gestión de los canales públicos de televisión», incluido «fórmulas de gestión indirectas», con lo que se abre la puerta a la gestión privada.
En una entrevista concedida a Canal Sur Radio recogida por Europa Press, Sanz se ha preguntado «quién compraría la RTVA en estos momentos» y ha explicado que el PP, a través del Gobierno de la Nación, lo que ha anunciado es la posibilidad de elaborar una ley que permita en cada comunidad autónoma «adaptarse a las circunstancias».
No obstante, el ‘número dos’ del PP andaluz ha insistido en que su formación sigue creyendo en la necesidad de una RTVA «bien dimensionada» y que garantice el cumplimiento de la ley de servicio público que tiene, «pero también el blindaje que el propio Estatuto de Autonomía».
El Consejo de Ministros ha recibido un Informe de la vicepresidenta y ministra de la Presidencia, y del ministro de Industria, Energía y Turismo, sobre el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual, en relación con los modos de gestión de los canales públicos de televisión autonómica.
Eso, en Andalucía, sería el certificado de defunción para un modelo que, en privado, incluso rechaza el propio presidente andaluz, Pepe Griñán, partidario de pluralizar y modernizar la cadena pública. «Todo el mundo habla de jubilaciones anticipadas, los más pesimistas hablan de eres, el estado general es de desánimo generalizado y apatía», se dice en la web de la sección sindical de CGT en la RTVA. Algunos profesionales incluso piensan en organizar pequeñas productoras si son despedidos del canal público andaluz.
La realidad es que, según el Gobierno «la crisis económica y los necesarios recortes del gasto público exigen un esfuerzo para mejorar la eficiencia de las Administraciones Públicas, y nuevos instrumentos para lograrlo». Por esta razón, el nuevo Ejecutivo aborda una modificación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual «para dar a las Comunidades Autónomas libertad a la hora de decidir sobre el modo de gestionar el servicio público de televisión, apostando por una mayor eficiencia».
El objeto de la modificación que se aborda en este anteproyecto es «permitir que las Comunidades Autónomas puedan decidir el modo de gestión del espectro radioeléctrico que les haya sido reservado o adjudicado o que se les reserve o adjudique», por lo que podrán, en consecuencia, «decidir la gestión indirecta de las televisiones autonómicas. Sólo así podrá conseguirse una mejora en la gestión de las mismas con su consiguiente ahorro».
Las dos comunidades autónomas que habían pedido «más libertad» para la gestión de sus televisión autonómicas públicas han sido Castilla-La Mancha y Madrid, ambas gobernadas por el Partido Popular, según han señalado fuentes gubernamentales.
Tras su estudio en el Consejo de Ministros, el anteproyecto será enviado ahora a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y a la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) para que realicen los informes preceptivos sobre la futura norma.
122 millones de subvención
El director general de RTVA, Pablo Carrasco, sitúa en 219,6 millones de euros la cifra necesaria para mantener la actividad de la Agencia Pública. Esta cantidad supone el 5,6 % de reducción con respecto al año anterior. Carrasco espera obtener ingresos extraordinarios, gracias a la venta de acciones (Sandetel), la subida del tope de endeudamiento y a la venta y posterior alquiler de propiedades inmuebles. Pero Canal Sur es una máquina de perder dinero público.
El presupuesto de gastos será de 219.661.529 euros, 12,7 millones de euros menos que en 2011. La partida de gastos más importante es la de personal, que se lleva el 43,8%. El coste es brutal para las arcas públicas andaluzas ya que subvención que le otorga la Junta de Andalucía será este año de 122 millones de euros, aunque los directivos resaltan que será 33 millones menos que en 2011 y que se prevén unos ingresos por publicidad de 40 millones de euros.
Las televisiones públicas cerraron el 2010 con unas pérdidas de 536 millones de euros, un 3 por ciento menos que en 2009, que supusieron un coste neto –con la compensación de los ingresos publicitarios– para cada hogar español de 152 euros, un 5,6 por ciento más que el año anterior , según el V Informe Económico sobre la Televisión Pública en España elaborado por Deloitte para Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA).
Las ‘armas’ mediáticas de Arenas
El PP ha impulsado su propia plataforma, gracias a que controla las emisoras municipales de las ocho capitales de provincia andaluzas y Jerez. Se trata de la asociación independiente de emisoras de radio y televisión de Andalucía (Aierta), cuya sede operativa está en el edificio de la plataforma multimedia municipal gaditana Onda Cádiz.
Ahí producen, según refleja la web del ente, doce programas que abarcan una variada temática, desde la crónica parlamentaria a un informativo diario, programas de análisis, cine, moda e incluso para niños. El informativo presta especial atención a la actualidad política, preferentemente del PP andaluz y se emite diariamente en todas las televisiones locales municipales.
Sin embargo, lo que temen en Canal Sur es la creciente influencia, con apoyo indisimulado del PP andaluz, de la cadena privada Metropolitan, que gestiona licencias de TDT en toda la comunidad autónoma y va reduciendo sus programas de videncia para incorporar una programación con fuerte contenido político.
Su mejor ejemplo es el magazine-tertulia «Andalucía a debate», que se graba en los estudios de la emisora municipal Onda Cádiz con el comunicador Agustín Bravo como moderador y estrella. En los debates participan tertulianos claramente alienados con el PP o, en todo caso, poco hostiles a la ideología ‘popular’. Agustín Bravo se encuentra muy a gusto en el proyecto, según admitía en una reciente entrevista concedida al diario La Razón:
-Metropolitan es prácticamente la única televisión que está haciendo programación a nivel regional. ¿Sienten a Canal Sur mirando por el rabillo del ojo?
-Probablemente es demasiado pronto para esto. Llevamos apenas un mes, pero ya recibimos felicitaciones por parte de los andaluces. Hemos llegado para quedarnos.
-¿Qué le parece, por cierto, Canal Sur, una cadena donde también ha estado trabajando? ¿Y qué le parece el coste de la RTVA, a la que la Junta dedica más de 120 millones de euros en 2012?
-Me siento muy querido en Andalucía y eso se lo debo a mi etapa en Canal Sur. En cuanto al coste, como ya hemos debatido en el programa, los presupuestos de este año son absolutamente revisables.
La cadena ha recibido varios requerimientos por parte del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) para que cese en sus emisiones de contenidos «esotéricos y de paraciencia» y le ha incoado expediente sancionador «por la emisión de programas de videncia en horario de protección infantil».
Por otra parte, el CAA ha mostrado, en estudios, sus dudas sobre la pluralidad de las emisoras municipales de gobiernos locales del PP. Sus técnicos no pierden de vista los movimientos de Metropolitan TV Andalucía a requerimiento del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, cuya portavoz, Marta Meléndez, ha formulado una batería de preguntas sobre la realización de sus programas en los estudios de la emisora local.
Planes
De momento, el vicesecretario de Comunicación del PP, consejero de la RTVA y coordinador del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Cádiz, Jorge Moreno, no se ha pronunciado sobre los planes de su partido en torno a Canal Sur y las emisoras municipales. De ellas, Onda Jerez está inmersa en un procedimiento concursal que pasará por una drástica reducción de su presupuesto y del personal, un recorte que podría afectar a más del 60% de su plantilla.
Fuentes del PP andaluz no descartan que, para ahorrar costes, las televisiones locales públicas pudieran operar como delegaciones de Canal Sur, con desconexiones locales, lo que permitiría abaratar sensiblemente los costes para los ayuntamientos. Jerez, por ejemplo, aplica un duro plan de ajuste ya que la deuda municipal de todos sus entes y sociedades supera los mil millones de euros. Y la televisión local no es considerada ahora un servicio esencial.
