El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado a los nuevos dueños de Nueva Rumasa -Ángel de Cabo, Iván Losada y Fernando Lavernia- por presuntos delitos de blanqueo de capitales e insolvencia punible dentro de la causa abierta contra la familia Ruiz-Mateos por la presunta estafa a los inversores de pagarés del grupo empresarial, según informaron hoy miércoles 25 fuentes del juzgado a la agencia Europa Press.
Ruz imputa también por los mismos delitos a Alfonso Barón Rivero, sobrino de Teresa Rivero y presunto responsable de la estructura societaria de Nueva Rumasa en paraísos fiscales, a la hija de ésta y del patriarca de la familia, Rocio Ruiz-Mateos, y a su marido, Luis Ojeda.
Todos ellos están citados a declarar como imputados los próximos 28 y 29 de febrero ante el titular del Juzgado de Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. De esta manera, se suman como imputados a la causa al patriarca de los Ruiz-Mateos, su mujer, los seis hijos varones del matrimonio y el sobrino de éstos, Zoilo Pazos.
Las nuevas imputaciones derivan de la admisión a trámite de la ampliación de querella presentada por el antiguo director de los servicios jurídicos de Nueva Rumasa, Joaquín Yvancos, presentada el pasado 11 de enero. Los actuales dueños de Nueva Rumasa compraron también el grupo Marsans a Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual en el momento de la quiebra.
Un fraude
La querella denunciaba que la operación de compraventa de Nueva Rumasa llevada a cabo por De Cabo, a través de la sociedad Back in Business, fue un ‘auténtico fraude’, y con ella se pretendía ‘evitar ejecuciones de bienes y eludir el pago de las cuantiosas obligaciones’ que ascienden a cerca de 1.500 millones de euros.
El abogado acusaba a ambas partes acordar repartirse un 80% para la familia Ruiz-Mateos y un 20% para De Cabo, de lo resultase de las liquidaciones de las distintas sociedades inmersas en procesos concursales y en perjuicio de los acreedores.
En este sentido, denunció que el equipo de Back in Business, con la colaboración de los hijos de Ruiz-Mateos, estaba ‘diseñando y ejecutando operaciones jurídicas destinadas a la ocultación, enajenacion, gravamen o sustracción fraudulenta de los activos de Nueva Rumasa’ en contra de los intereses de los acreedores.
Por su parte, Rocío Ruiz-Mateos y a su marido, ambos residentes en Ginebra, tendrán que responder por la presunta substracción de varias obras de arte por valor de más de 750.000 euros de la casa familiar situada en Somosaguas (Madrid).
Esta decisión del juez coincide con el registro practicado este miércoles por la Policía judicial en la casa familiar de los Ruiz-Mateos, situada en la urbanización de Somosaguas (Madrid), y de otra vivienda colindante, que servía como oficina a los hijos varones del fundador de Nueva Rumasa.
Una historia negra
Desde que Felipe González y su flamante Gobierno socialista, recién aterrizado, aprobara la expropiación de Rumasa, la ciudad que más ha sufrido los efectos de aquella decisión ha sido, sin duda, Jerez de la Frontera. Miles de puestos de trabajo han ido desapareciendo año tras año hasta la actualidad, en que solo quedan 146 trabajadores en las bodegas Complejo Bellavista, Zoilo Ruiz Mateos, Bodegas Valdivia y Bodegas Teresa Rivero, además de a la comercializadora Unión de Grandes Bodegas.
La mitad de sus plantillas sobra, según Back in Business, sociedad perteneciente al empresario valenciano Ángel de Cabo, actual propietaria del Grupo Nueva Rumasa. El llamado Marco de Jerez – las siete principales bodegas controlan el 31% superficie de su producción vitivinícola- se enfrenta a otra seria crisis laboral, con la marca de la abeja.
Pero antes del monumental escándalo destapado en torno a los pagarés y el conocido como ‘banquito’ de los Ruiz-Mateos, la familia propinó un rejón de muerte al sector, dicen que una venganza o una solución de los polémicos empresarios para evitar una sanción.
Se trata de una de las mayores multas impuestas por la Comisión Nacional de la Competencia a todo un sector empresarial. Los Ruiz-Mateos, agarrándose a la legislación vigente, intentaron obtener «clemencia» tras descubrirse algo similar a un ‘cartel’, es decir, un acuerdo por el que se pactaban precios desde hacía años entre todas las bodegas, que detentan más del 30 por ciento de la propiedad de la superficie de viñedo en el Marco de Jerez.
Clemencia para salvarse de la multa
Según la CNC, varias de las principales operadoras de este sector establecieron en 2001 un cártel para controlar la producción y el precio de los vinos de Jerez que eran destinados a la exportación bajo las marcas comerciales de los comercializadores en destino, lo que se conoce como «mercado BOB (Buyer Owns Brand)». Los Ruiz-Mateos optaron por contarlo todo para ser eximidosndesu multa, en total 670.000 euros de una sanción total de 6 millones de euros.
Esta solicitud de clemencia da lugar a la incoación por parte de la Dirección de Investigación (DI), el 15 de julio de 2008, de un expediente sancionador por «presuntas prácticas restrictivas de la competencia». El golpe fue letal para los balances de bodegas ya con serios problemas de liquidez y gestión por el desplome de las ventas de vinos jerezanos en los tres últimos ejercicios. La lista de los expedientados (que han ido recurriendo con mayor o menos éxito desde 2008) es el paisaje bodeguero de Jerez: Williams & Humbert, González Byass, Lustau, complejo bodeguero Bellavista y Zoilo Ruiz-Mateos, José Estévez, Barbadillo, Federación de Bodegas del Marco de Jerez, Pedro Romero, Caydsa, J. Ferris y hasta el propio Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen de Jerez y Manzanilla de Sanlúcar.
Pues bien, los restos del imperio sufrieron ayer de nuevo un gran golpe. Back in Business, sociedad perteneciente al empresario valenciano Ángel de Cabo, actual propietaria del Grupo Nueva Rumasa, expuso ayer ante la administración concursal el diseño de los planes de sostenibilidad y viabilidad a aplicar en las 4 bodegas del Marco de Jerez integradas en la estructura del grupo de empresas, antes propiedad de la familia Ruiz Mateos.
Según la compañía, este plan de sostenibilidad, a aplicar durante el ejercicio 2012, debe pasar necesariamente -dada la condición de sociedades en concurso de acreedores- por la generación de los recursos necesarios para la cobertura de las deudas contra la masa adquiridas con anterioridad a su entrada en vigor, así como las adquiridas durante el plan, especialmente las obligaciones relativas a expedientes de regulación de empleo, gastos derivados del procedimiento concursal o prejubilaciones.
Entre otras medidas a adoptar, el documento que se aplicará a las bodegas Complejo Bellavista, Zoilo Ruiz Mateos, Bodegas Valdivia y Bodegas Teresa Rivero, además de a la comercializadora Unión de Grandes Bodegas, incluye la concentración y optimización de la actividad productiva en un mínimo de centros de trabajo y, en consecuencia, el ajuste de la plantilla en un 50%, reducción obligada para una adecuada adaptación a esta nueva estructura.
Adaptación
Según Fernando Lavernia, director de la División de Alimentación y Bebidas del Grupo Nueva Rumasa, «las posibilidades de continuidad inmediata de la actividad pasan necesariamente por la adaptación de las estructuras actuales a la realidad de un mercado en contracción, con elevadas disminuciones de ventas tanto en el mercado nacional como en la exportación».
Para Lavernia, «nuestra obligación es tomar decisiones rápidas, coherentes y eficientes, por duras y difíciles que sean, que nos permitan intentar darle una adecuada viabilidad a esta actividad».
Según el representante de la nueva propiedad, la situación encontrada en las bodegas a la llegada de Back in Business era «muy desfavorable», lo que deja en muy mal lugar a los principales vástagos de José María Ruiz-Mateos.
Según explicó ayer el directivo en Jerez, «el Grupo Nueva Rumasa acumuló en los últimos años un exceso de capacidad productiva, con una extensa estructura de personal y elevados volúmenes de existencias inmovilizadas, lo que generó una gran tensión comercial para movilizar el stock, que llegó a derivar -junto a la presión en los precios de las grandes superficies o el alza en el coste de algunas materias primas, entre otros factores- en contratos de suministros con rentabilidades muy bajas e incluso negativas».
Grupo Garvey
En la actualidad, el conocido como Grupo Garvey, cuenta con 5 centros bodegueros para crianza y almacenamiento de vinos, brandy y vinagre con una capacidad de almacenamiento conjunto de 83.000 botas, 4 plantas de embotellado con un rendimiento agregado de 30.000 botellas/hora, 300 hectáreas de terreno apto para viñedo, 4 almacenes de producto terminado y 3 centros de visitas. Según se concluye en el plan de sostenibilidad, ni la situación de los mercados ni la evolución de las ventas de las distintas compañías permiten mantener la actual estructura de las 4 bodegas con instalaciones productivas completas en cada una de ellas.
De esta manera, la nueva propiedad propone a corto plazo la reducción de la actividad de Valdivia y Teresa Rivero a bodegas de envejecimiento y crianza para suministrar a Complejo Bodeguero y Zoilo Ruiz Mateos, ambas en las que se concentrarán además las actividades de embotellado, almacenamiento y distribución del producto terminado, optimizando de esta manera la logística y la estructura productiva necesaria.
Respecto al plan de viabilidad a 10 años, del que los nuevos propietarios han llegado a elaborar hasta 14 borradores y que se implementará tras completarse el plan de sostenibilidad, la continuidad de la actividad requerirá necesariamente de la venta de las unidades productivas o ramas de negocio, ya que el importe de dicha operación está destinado a cubrir parte de las deudas de las bodegas concursadas.
Para Fernando Lavernia, «es importante resaltar que el modelo de negocio con esta nueva estructura que planteamos es perfectamente rentable, si no fuera por la situación financiera en la que se encuentran las bodegas». Según Lavernia, «las sociedades están totalmente descapitalizadas, y además sus activos garantizan otras operaciones del Grupo Nueva Rumasa, que probablemente generarán nuevos pasivos para las bodegas». Según las cifras manejadas por la nueva propiedad, a fecha de auto de declaración de los concursos, las 4 bodegas y la comercializadora acumulaban saldos deudores por un importe superior a los 92 millones de euros.
El representante del Grupo Nueva Rumasa aclaró que esta situación «ni mucho menos significa la desaparición de las bodegas ni por supuesto de la actividad». Para Lavernia, «sólo teníamos 2 objetivos cuando adquirimos el Grupo: reestructurar las sociedades para asegurar la continuidad del negocio, y por tanto defender el mayor número de puestos de trabajo posible, y colaborar con las administraciones concursales en la correcta gestión de unos concursos muy complejos».
«En definitiva, nuestra obligación como empresarios y gestores es la de proponer alternativas basadas en la creación de valor, y en este caso entendemos que eso pasa por la reestructuración, agrupando las unidades productivas para ponerlas en el mercado como una única unidad de negocio», concluyó Fernando Lavernia.
