El Ayuntamiento de San Pol de Mar (Barcelona) deberá cumplir la ley y situar la bandera de España en su fachada, después de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 13 de Barcelona haya fallado a favor del recurso interpuesto por el ex edil de la localidad Enrique Abad.
El ex concejal no adscrito interpuso un recurso contra el acuerdo del pleno en el que se decidió –en la pasada legislatura de 2007 a 2011– que la bandera de España no debía ondear en la fachada, ni en lugar público del Ayuntamiento, incumpliendo así la Ley de Banderas, de ámbito nacional.
Ahora, los tribunales ordenan a la alcaldesa de la población cumplir la ley y dejar sin efecto «los acuerdos plenarios impugnados», según informó La Voz de Barcelona —La justicia ordena al Ayuntamiento de San Pol cumplir la ley de banderas–.
EXISTE JURISPRUDENCIA CONTUNDENTE
En la actualidad, en el Ayuntamiento de San Pol de Mar únicamente ondea la bandera de Cataluña y la del municipio (que, curiosamente, aún no ha sido legalizada por la Generalidad). La sentencia considera sorprendentes los argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento para no cumplir la ley, que incluso llegó a acusar al concejal como contrario a la convivencia ciudadana por exigir el cumplimiento de la legalidad.
Abad se defiende
La armonía que argumentaron en la defensa tiene su base en un núcleo soberanista y minoritario que controla la vida social y económica del pueblo desde hace años.
El magistrado distingue en la sentencia perfectamente entre una medida de ámbito político y la aplicación de la ley, que ningún ciudadano y menos un servidor público puede saltarse. Así, se hace referencia a otra sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de 9 de junio de 2006 que anuló el acuerdo municipal del Ayuntamiento de Manresa (Barcelona) que había decidido «situar únicamente las banderas de Cataluña y Manresa presidiendo la fachada del Ayuntamiento como símbolos de identidad colectiva».
Y también se cita, en la sentencia, otra del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2010, que ordena que la bandera de España ondee de forma permanente en las fachadas de las dependencias oficiales como símbolo de que estos edificios o establecimientos son lugares donde se ejerce directa, o delegadamente, la soberanía y que en ellos se desarrolla la función pública en toda su amplitud e integridad.
DESAFÍO AL ESTADO DE DERECHO
El ex concejal, ya retirado de la política, consiguió tumbar el régimen lingüístico del Consistorio, declarado ilegal por los tribunales, y que se corrigiera que solo se podían despachar documentos en catalán.
Abad, además, fue objeto de múltiples agresiones «verbales» y «físicas» por defender la aplicación de la ley en San Pol de Mar: desde pintadas en la calle con su nombre en una diana a «pedradas» contra las persianas de su casa.
A partir de ahora, el Ayuntamiento tiene la posibilidad de recurrir la sentencia, pero tanto Abad como la actual alcaldesa, Montserrat Garrido (CiU), indicaron que el Consistorio no tiene dinero como para poder recurrir y perder el recurso ya que tendría que pagar las costas procesales –que podrían ascender a 6.000 euros–.
Sin embargo, Garrido sí se atrevió, demostrando la estima que tiene a la democracia, este jueves –26 de enero de 2012– a desafiar a los tribunales y al Estado de derecho al indicar que: «No colgaré la bandera española hasta que vengan y me obliguen».
