El caso de los EREs fraudulentos en Andalucía puede convertirse en una de las macro causas judiciales más importantes de los últimos años en España tras irrumpir hoy de lleno en el asunto la Fiscalía Anticorrupción en el marco de las Diligencias Previas nº 174/2011, que instruye el Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla, «para el buen fin de la investigación, así como para la necesaria concreción de la imputación».
La fiscalía considera «innegable» el esfuerzo que tanto para la magistrada instructora como para la plantilla del juzgado supone la causa de los ERE «no sólo por la inabarcable amplitud del objeto de investigación sino también por la enorme complejidad añadida de la misma, amplitud y complejidad que, a no más tardar, requiere a juicio del Ministerio Fiscal de una necesaria e inmediata ampliación de la plantilla de funcionarios del Juzgado».
La fiscalía quiere entrar al detalle en todo el proceso, en el que la jueza Alaya contará con más recursos técnicos y humanos para el trámite de la causa, que ocupa ya 30 tomos (11.175 folios). Según una nota emitida por la propia fiscalía, una vez «examinadas las actuaciones principales» ha solicitado toda la documentación remitida por la Intervención General de la Junta de Andalucía y por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.
El objetivo de la Fiscalía Anticorrupción es «contar con elementos de juicio para discernir los criterios utilizados para la utilización de los fondos públicos objeto de los delitos que se investigan» hay que hasta ahora, la jueza Alaya, no había solicitado «los expedientes de denegación de ayudas».
Por ello, la Fiscalía Anticorrupción requiere a la Secretaria General Técnica de la Consejería de Empleo «para que certifique relación detallada, vistos los expedientes, de personas, empresas o entidades locales que habiendo solicitado formalmente ayudas sociolaborales de carácter excepcional a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social desde el año 2001 hasta el año 2011, se les haya denegado la misma».
Más documentos
Anticorrupción quiere que la jueza le dé traslado de «toda la documental aportada a la causa, como consecuencia de los cumplimientos de los oficios dictados por el Juzgado o bien entregada por las partes, y que no consta unida a las actuaciones principales, desconociendo si se ha incorporado a pieza separada alguna o no, reiterando de manera expresa que se acuerde lo ya pedido en nuestro escrito de fecha 11 de octubre de 2011».
Asimismo le reiteran su petición -que ya fue acordada en un auto de fecha siete de junio de 2011-, de que se requiera a la representación letrada de la Junta de Andalucía para que aporte el resto, hasta la totalidad, de los «expedientes» de las ayudas a empresas dadas a través de IDEA por orden de la DGSS de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.
Expedientes
La Fiscalía Anticorrupción «considera necesario que se examine la totalidad de los expedientes citados y no solo los de mayor cuantía, al poder tratarse las ayudas de menor cuantía de ayudas a empresas ligadas de manera expresa o simulada, directa o indirectamente, a un mismo grupo de personas próximas o concertadas con los imputados e investigados en esta trama fraudulenta».
Además, Anticorrupción requiere a la Agencia Tributaria «para que designe a la mayor brevedad un equipo concreto de técnicos que realice funciones de auxilio judicial, facilitando así el avance de las investigaciones de la policía judicial que a este respecto cuenta ya con la ayuda de una persona especifica designada para estos mismos fines por la Dirección General de Seguros».
Investigación
La fiscalía quiere «detectar y contribuir a analizar las relaciones que puedan haber existido entre las personas y sociedades perceptoras de fondos , las sociedades mediadoras, las compañías de seguros, las sociedades que hayan prestado servicios de asesoramiento técnico y jurídico y los imputados en la causa», datos que reclama a la unidad contra el crimen organizado de la Guardia Civil «conforme a las investigaciones realizadas y en curso, con independencia de que hayan sido ya reseñados en la causa algunos de ellos».
Anticorrupción pretende realizar un primer estudio de las relaciones habidas -facturación, retribuciones del trabajo y capital , rendimientos profesionales- entre los sujetos reseñados desde el ejercicio 2001, «de forma que se pueda dar indicios de posibles vías de retorno de fondos públicos percibidos por las sociedades beneficiarias y las compañías de seguros a sociedades mediadoras y de asesoramiento como a los imputados».
Al mismo tiempo, la fiscalía persigue «profundizar , en aquellos supuestos que la investigación lo requiera, en la actividad real de sociedades que hayan podido ser utilizadas para facilitar el ilícito enriquecimiento de imputados así como para determinar el destino de los fondos percibidos que son objeto de esta causa y ello a través del estudio y análisis de su contabilidad, declaraciones tributarias, estructura empresarial y societaria».
Es más, sin perjuicio de los requerimientos ya efectuados a la Junta de Andalucía en relación a subvenciones y ayudas concedidas a las sociedades objeto de investigación en la causa, la Fiscalía quiere disponer de las comunicaciones efectuadas por las distintas administraciones públicas- declaraciones en el modelo 347- de las subvenciones y ayudas otorgadas por éstas, «lo cual permitirá detectar la existencia o no de dichas ayudas así como profundizar en los aspectos ya reseñados en el punto anterior en relación a las mismas», señala la nota oficial de Anticorrupción.
