Todo es susceptible de empeorar. Conviene no olvidarlo. Y le pasa al PSOE andaluz, que ha sufrido dos golpes esta semana. El primero fue la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de solicitar a la magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE), que requiera a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía para que remita una información «detallada» de los expedientes de denegación de ayudas sociolaborales solicitadas a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social por personas, empresas o entidades locales desde el año 2001 hasta el 2011. El caso se complica y la jueza dispondrá en breve de más recursos.
El segundo factor de riesgo para los socialistas fue ayer la declaración del que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero. Seis horas compareciendo ante la Guardia Civil evidenciaron que no piensa ser el único chivo expiatorio del escándalo. Fuentes de la investigación sostienen que la Guardia Civil habría interrogado profundamente a Guerrero acerca de las ayudas libradas mediante el citado método a determinadas empresas andaluzas, interesándose por expedientes de subvenciones que se remontarían a 2001, 2002 ó 2003.
Guerrero tira de la manta
Francisco Javier Guerrero, en ese sentido, habría respondido a los investigadores que a la hora de otorgar estas subvenciones nunca adoptó «decisiones personales», pues el libramiento de ayudas respondería a «codecisiones compartidas». Y, al parecer, no añadió más. Pero fue suficiente. Insistió en que en el desempeño de su cargo nunca adoptó «decisiones unipersonales»
Conforme a lo trascendido ayer, según Europa Press habría desgranado a los agentes que, desde su cargo de director general de Trabajo y Seguridad Social, trasladaba al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) los expedientes relativos a las ayudas, siendo tales expedientes elevados «al consejo rector» del propio Instituto de Fomento de Andalucía, que finalmente «aprobó» las ayudas actualmente investigadas por la juez Alaya a cuenta de su método de autorización y su destino. Francisco Javier Guerrero, en ese sentido, habría defendido ante los investigadores que «daba cumplimiento a un mandato» dirigido a consolidar «la paz social» solucionando las situaciones de «personas, empresas y territorios en crisis».
Fernández
El ex consejero de Empleo, el socialista Antonio Fernández, debe estar preparando al detalle su defensa. Todo apunta a que tendrá que dar explicaciones pronto. Actualmente es el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Jerez. Fernández sostiene que lo podrá explicar todo, pero el ambiente se enrarece por momentos. Francisco Javier Guerrero es uno de los principales imputados en las diligencias incoadas por la juez Alaya y pieza clave en la investigación a cuenta de su cargo.
(Actualizado 30 en 2012. Diario ABC)
La Junta de Andalucía destruyó documentos tras salir a la luz el escándalo de los ERE fraudulentos. Así consta en el acta de la declaración prestada el pasado jueves ante la Guardia Civil por el principal imputado en la causa, Francisco Javier Guerrero, que fue director de Trabajo en el Gobierno andaluz durante nueve años. En su declaración, a la que ha tenido acceso ABC, desvela que tras su salida de la Junta (en abril de 2008) «tiene conocimiento por funcionarios que no quiere identificar de que se han destruido documentos (sic) a partir de que surge el escándalo de los ERE fraudulentos de Mercasevilla». Según este antiguo alto cargo -que ha situado a varios ex consejeros en el eje de la trama, entre ellos a Gaspar Zarrías, mano derecha de Manuel Chaves-, contó con la colaboración del hoy diputado del PSOE (y entonces mero asesor) Ramón Díaz para el proceso de seguimiento de los pagos. Díaz «le asistía y le ayudaba en la confección de los expedientes». De esta forma, Guerrero empieza a «tirar de la manta» para desvelar el fraude de los ERE falsos.
A través de los expedientes de regulación de empleo financiados a través de este método habrían sido consumadas 72 prejubilaciones fraudulentas y otras 111 presentarían discordancias administrativas, figurando supuestamente entre los beneficiarios de estas prejubilaciones ex cargos públicos y militantes del PSOE y «amigos» y conocidos de Francisco Javier Guerrero. El último episodio, y uno de los más escandalosos de la investigación fue el protagonizado por el que fuera chófer de Guerrero, Juan Francisco T.B., quien ante la Policía Judicial declaró que utilizó subvenciones autonómicas libradas por Guerrero en favor de empresas de su titularidad, en cocaína, «fiesta y copas» para ambos.
