La campaña electoral andaluza tiene en la causa de los ERE un grave elemento de distorsión, sobre todo por la gravedad y el alcance de la investigación que, lentamente, se acerca a los primeros escalones de la administración autonómica.
El presidente del PP, Javier Arenas, ha demando «respeto» a la acción de la Justicia y que se investigue «todo» en la causa de los ERE. Y el PSOE-A, está algo mas que «sorprendido» por la imputación del actual director general de Trabajo, Daniel Rivera, y pide al PP cautela para no hacer «mal uso» de la instrucción en campaña.
Pero esa petición, probablemente, caerá en saco roto. Mientras, El PP-A critica la «actitud de acoso» del presidente Griñán a la jueza Alaya y el coordinador de IU, Diego Valderas, pone el acento en que se está «al límite de imputar a más altas responsabilidades del Gobierno». Para colmo, el principal y controvertido imputado Francisco Guerrero, ex director general de Empleo, quien primero habló de un «fondo de reptiles» declara a la Guardia Civil que no tomó «decisiones unipersonales» sino «codecisiones compartidas».
(Actualizado 29.01.2012): El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha defendido la labor del director general de Trabajo, Daniel Rivera, imputado por la juez que investiga los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, y ha recordado que en su auto la magistrada «no le imputa ningún delito».
En declaraciones a los periodistas antes de asistir a la Fiesta de las Migas de la localidad sevillana de Lora del Río, Griñán ha señalado que «de todo aquello que le dice que pudo hacer y no hizo he de recordar que él solamente se limita a hacer una orden de pago de un expediente de cuatro años antes de su llegada».
Preguntado por la labor de Juan Márquez, antecesor de Rivera en el cargo, el presidente de la Junta ha eludido pronunciarse y ha indicado: «Estoy hablando del actual director de Trabajo, que es el director de Trabajo que tengo».
Ha resaltado la «colaboración absoluta» de la Junta con la Justicia «desde hace tiempo» y ha insistido en que a diferencia del PP, que «sienta a jueces en el banquillo», al Gobierno andaluz le interesa que «se sienten los culpables» así como el esclarecimiento de los hechos y el reintegro de todas las cantidades.
Tensión politica
No cabe duda de que la imputación del actual director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Daniel Alberto Rivera, ha añadido un elemento más de tensión en el Ejecutivo socialista de Pepe Griñán, y ha provocado, como no podía ser de otra forma, la reacción del jefe inmediato de Rivera, el consejero de Empleo, Manuel Recio, quien no solo ha defendido su inocencia sino que ha defendido que ha «pilotado» la investigación interna promovida por la posible trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con fondos autonómicos.
Es más, el consejero Recio ha asegurado que Rivera viene siendo «el mayor colaborador» de la jueza Mercedes Alaya en su compleja investigación, Recio no comparte, «en absoluto», la imputación porque, afirma, los hechos investigados son anteriores al propio nombramiento de Rivera. El consejero cree que Rivera recurrirá el auto porque nada tiene que ver con los hechos investigados.
Daniel Alberto Rivera Gómez, nacido en 1958 en Castro del Río (Córdoba), es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y desde 2006 era responsable del Área Jurídica y de Relaciones Laborales de la Empresa Pública Hospital de Poniente, en El Ejido (Almería). Ha ocupado diversos puestos en la administración andaluza, entre los que figuran el de director de Recursos Humanos de la citada empresa pública y letrado del Servicio Andaluz de Salud en la provincia de Málaga. Y pasa por ser una persona de la absoluta confianza del consejero.
Detalles
Manuel Recio, ha detallado en una rueda de prensa este fin de semana algunos aspectos del expediente de regulación de empleo promovido en 2006 por Surcolor S.A., un procedimiento gracias al cual dos personas totalmente ajenas a la empresa gozaron de rentas por prejubilación. Y es que, como ha defendido Recio, la póliza de seguro de rentas relativa a este ERE «fue tramitada cuatro años antes» del nombramiento de Rivera, quien sencillamente firmó en octubre de 2010 una resolución de una ayuda excepcional para el conjunto de prejubilados de este ERE «cuando no había ningún indicio de irregularidad».
«Cuatro meses después de la concesión de la ayuda, se detectó la irregularidad y se dieron los pasos necesarios para recuperar las cantidades indebidamente cobradas por estas dos personas», ha señalado. Recio ha sido «contundente» a la hora de señalar que Rivera «no tiene la menor responsabilidad» en cuanto a la inclusión en el procedimiento de dos personas ajenas a la empresa en cuestión, por lo que «no es sostenible su imputación».
La juez Alaya, desde el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, investiga una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos.
Acuerdos
Concretamente, mediante un acuerdo rubricado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), durante los últimos años, la segunda de las instituciones habría librado directamente 647.869.157,45 euros para la reestructuración de empresas en crisis con cargo a la partida 31L, fórmula supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa, siempre según la investigación.
En cuanto a la ayuda de 109.620 euros percibida por la empresa ‘Acyco’, otro de los aspectos esgrimidos por la juez para imputar a Daniel Alberto Rivera al coincidir supuestamente la cuantía con los cobros percibidos por un gabinete externo, el consejero de Empleo ha desgranado el orden cronológico correspondiente a dicha subvención.
Según ha pormenorizado, tal subvención «fue aprobada el 24 de marzo de 2010», mientras Rivera llegó a su cargo el 13 de abril y no fue hasta el 13 de septiembre de 2010 cuando «dentro del calendario de pagos previsto, tramita el pago del 75 por ciento de la ayuda». «Esta ayuda fue resuelta con anterioridad a su llegada a la Consejería», ha reiterado Manuel Recio abundando que el propio Rivera impulsó una revisión «de oficio» de dicha subvención.
Respecto a Juan Márquez, quien ocupaba la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía antes de Rivera y ahora también imputado en estas diligencias, Manuel Recio ha señalado, textualmente, que «yo defiendo a ultranza esta fase porque la conozco a la perfección y del resto de fases, supongo que habrán actuado con la máxima diligencia».
Recurso
De cualquier modo, Manuel Recio ha anunciado que el director general de Trabajo y Seguridad Social «posiblemente» recurra el auto en cuestión por lo que a su imputación se refiere, descartando que a cuenta de este extremo haya sopesado dimitir o haya propuesto el cese o dimisión de Daniel Alberto Rivera. Y es que, según ha insistido, «si hoy tenemos abierto un proceso de reintegro de todas las cantidades indebidamente cobradas con cargo al erario público en pólizas de seguro de rentas que hemos considerado irregulares, hemos avanzado en la investigación de las irregularidades administrativas y está en fase muy avanzada la investigación judicial, es gracias a la labor desarrollada por Daniel Alberto Rivera».
Así, ha recordado que fue precisamente Daniel Alberto Rivera quien adoptó «las primeras decisiones» en cuanto a la paralización de los pagos correspondientes al expediente de regulación de empleo promovido en 2007 por Mercasevilla, actuando el director general de Trabajo y seguridad Social en cuanto surgieron «las primeras irregularidades». Finalmente, ha señalado de nuevo que Rivera «no solo no merece esta imputación, sino que con ella se siembran dudas sobre una labor ejemplar y eficaz y se le da un trato inmerecido al mayor colaborador de la investigación», pues Rivera «es quien está pilotando» el procedimiento «para que todo el que haya percibido indebidamente dinero público, lo reintegre».
Respeto
El presidente del PP-A, Javier Arenas, ha demandado «respeto» a la acción de la Justicia y ha urgido a investigar «todo» lo relacionado con las irregularidades detectadas en los expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta de Andalucía, un caso al que se ha referido como «el mayor ataque al prestigio» de la comunidad. «A mi me duele mucho que todo el mundo hable de los ERE», asegura Arenas, quien afirma compartir el sentimiento de «vergüenza» de mucha gente ante «el gran insulto a los desempleados» que suponen las supuestas irregularidades que investiga el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.
«Mucha gente está avergonzada por ese dilapidar, ese tirar mil millones de euros de los parados para beneficiar a los amigos», ha remarcado Arenas, para quien, ha reiterado, el caso de los ERE «es el mayor ataque a la imagen y al prestigio de Andalucía». Al hilo de esto, y tras el comunicado oficial de la Junta en la tildó de «infundada» la decisión de la juez Alaya de imputar a Rivera, ha subrayado la necesidad de que se «respete la acción de la Justicia» y de que se «investigue todo».
Ha trasladado, asimismo, que el objetivo del PP-A en caso de alcanzar la Presidencia del Gobierno andaluz en los comicios del próximo 25 de marzo pasa por «derrotar el paro y también los abusos, que no podemos permitir de ningún modo». «Repetiremos todos los días que lo han hecho unos cuantos no puede identificar a Andalucía, donde la inmensa mayoría de los ciudadaos son gente trabajadora, honesta y emprendedora», ha concluido.
