La caja de Pandora del fraude de los ERES, que investiga la jueza Mercedes Alaya, no para de sorprender. El último episodio, desvelado por el periodista Javier Martín Arroyo en las páginas de El País Andalucía, consistiría en un posible caso de espionaje político. Y es que la Junta ha expedientado al directivo de la agencia autonómica Idea en excedencia Manuel Blanco por la presunta sustracción, entre junio y julio de 2011, de documentos relativos a los ERE.
La información sensible no es otra que las actas del Consejo Rector de Idea -agencia pagadora de los ERE irregulares- que entre 2000 y 2010 fue exhibida en rueda de prensa por el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz.
En julio de 2011, Blanco solicitó la excedencia como directivo del ente empresarial autonómico. Dos meses después, el pasado septiembre, el supuesto filtrador de los documentos fue designado director de Mercasevilla, empresa municipal controlada por el PP, que ahora gobierna el Ayuntamiento sevillano.
-La Junta expedienta a un cargo del PP por sustraer documentos de los ERE-
«[Manuel Blanco] habría procedido -de manera grave y culpable e incumpliendo tajantemente las órdenes e instrucciones de la agencia amén de sus obligaciones de confidencialidad– a realizar una copia y por ende sustraer dicha documentación incorporada a la carpeta Actas de Consejo Rector 2000-2010», concluye el informe elaborado tras el hurto de documentos y que ayer se notificó tanto al propio Blanco como al comité de empresa de la agencia.
Por su parte, el PP ha mostrado documentos que prueban que el actual director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, siguió con el procedimiento irregular que de sus antecesores también imputados en el caso ERE. Se trata de órdenes de pago del año 2010 a la empresa Springer Arteferro para las que no tenía competencias, ni pasaron por el Consejo de Gobierno ni el consejero de Empleo. Otras tres empresas habrían recibido órdenes similares firmadas por Rivera, según la portavoz andaluza del PP, Rosario Soto, quien anuncia que el PP pedirá vía judicial las actas de los «consejillos» que presidía Zarrías y en los que supuestamente se tuvo conocimiento de las irregularidades del ‘fondo de reptiles’
Arenas acusa
El número dos del PP andaluz exhibió la copia de las actas secretas ante los medios el pasado 26 de septiembre. Las actas robadas sirvieron a Sanz para acusar al exconsejero de Empleo y secretario general de los socialistas sevillanos, José Antonio Viera, de otorgar hasta 55 ayudas por 38 millones de euros a «empresas amigas» y ayuntamientos del PSOE.
El presidente del PP-A, Javier Arenas, ha asegurado que no da credibilidad «en términos jurídicos» al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, imputado por el caso del fraude en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), destacando que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, «fueron quienes creyeron en él durante nueve años», que fueron los que le mantuvieron en su responsabilidad.
En una entrevista con Onda Cero recogida por Europa Press, Arenas que ha apuntado que Guerrero ha declarado ante la Guardia Civil que en la Junta de Andalucía se han quemado documentos relacionados con el caso de los ERE y ha querido dejar claro que «ésa es una opinión personal, que yo no tengo por qué avalar»
Amparo
La portavoz del PP andaluz, Rosario Soto se pregunta por qué el presidente de la Junta, José Antonio Griñán «se esfuerza tanto» en amparar y defender al actual director general de Trabajo de la Junta, Daniel Alberto Rivera, imputado por la jueza en el caso de los ERE. Soto no se explica la insistencia del gobierno en defender «en tromba» al alto cargo toda vez que, como ha demostrado la dirigente popular, Rivera «utilizó, sin tener competencias, el mismo procedimiento de dudosa legalidad, exactamente el mismo que el fondo de reptiles».
Soto ha mostrado un documento en el que Rivera firma en el año 2010 una orden de pago de ayudas a la empresa Springer Arteferro, con cargo al ‘fondo de reptiles’. Según la portavoz popular, existen también órdenes de pago a las empresas Calderinox, Acyco y Surcolor, con cargo también a la partida 31L y que no pasaron por el Consejo de Gobierno, «ni por el consejero de Empleo».
Para Rosario Soto, la «única obsesión» del Ejecutivo regional es «tapar la verdad» y «mentir sistemáticamente» en el asunto de los ERE, y aunque, a su juicio, el PSOE «intente cada vez más apretar la tapadera del escándalo de los ERE, esa tapadera cada vez salta más alto y apunta más alto».
Soto ha mencionado también «las mentiras» vertidas por los consejeros de Empleo y de Hacienda y Administraciones Públicas, Manuel Recio y Carmen Martínez Aguayo, respectivamente, en el Parlamento andaluz.
Guerrero
La portavoz del PP andaluz hizo referencia a las noticias que han trascendido de la declaración del exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero a la Guardia Civil, en la que afirma que desde la Consejería de Empleo se ordenó destruir, a principios de 2011, documentación que pudiera aportar pruebas a la investigación judicial de los ERE.
Ha resaltado que en esas declaraciones también se informó de que «posiblemente se estuvieron elaborando nuevos documentos», por lo que ha concluido que «no solamente se destruye sino que se trata de elaborar nuevos documentos para tapar el escándalo», algo que lleva al PP a hablar de «obstrucción a la justicia permanente».
Además, ha anunciado que el PP pedirá por la vía judicial las actas de los ‘consejillos’, –reunión previa al Consejo de Gobierno de la Junta entre los viceconsejeros del Gobierno andaluz y el consejero o consejera de la Presidencia–, que estuvieron dirigidos por el exvicepresidente del Gobierno andaluz y exconsejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, por considerarlos «importantes para esclarecer la verdad» en el caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).
La petición se produce después de que Francisco Javier Guerrero, durante su declaración ante la Guardia Civil, hiciera referencia a ellos como el lugar donde se rechazaron y retiraron hasta ocho modificaciones de normas en relación con el procedimiento de concesión de ayudas a empresas en crisis, ante el conocimiento por parte del Gobierno andaluz de que el procedimiento utilizado era «irregular».
