¿Qué le pasa a Griñán con el caso ERE? En la oposición andaluza no salen de su asombro. Desde febrero de 2011, el Parlamento andaluz viene rechazando sistemáticamente la creación de una comisión de investigación para los ERE, mediante el veto de la mayoría absoluta del PSOE-A. El argumento es que la comisión haría la investigación más larga y complicada.
El presidente andaluz se ha hartado: al final del mandato parlamentario inicia una especie de juicio sumarísimo a todas las empresas e instituciones que han recibido ayudas en relación a la partida 31L, que la investiga la jueza Mercedes Alaya sobre el fraude en los expedientes de regulación de empleo.
La Junta de Andalucía ha iniciado un procedimiento de revisión «de oficio», en relación con el capítulo de la partida 31L -la del ‘fondo de reptiles’ del caso ERE- relativo a ayudas a empresas e instituciones, que lo que persigue no es «tanto cuestionar la legalidad o no del conjunto de las ayudas ni el procedimiento», sino «detectar fraudes». Las empresas tendrán la posibilidad de plantear alegaciones exponiendo por qué y para qué recibieron las ayudas.
Hay otra interpretación política ya que al ordenar la revisión masiva, Griñán arroja un manto de sospecha sobre los departamentos de la Junta de Andalucía que tramitaron esas ayudas bajo los gobiernos de Manuel Chaves.
Detectar fraudes
«Nuestro máximo interés es detectar aquellas partidas que no llegaron a su finalidad, esto es, a apoyar a una empresa o a trabajadores, sino que tuvieron una finalidad fraudulenta», según ha explicado la consejera de Presidencia, Mar Moreno, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, este pasado martes 7 de febrero de 2012.
Moreno ha señalado que esos expedientes de revisión tienen como misión fundamental dar la ocasión a las empresas de hacer alegaciones y comprobar, por lo tanto, dónde ha podido «haber fraude de esa parte de la partida conjunta de la 31L».
Moreno ha augurado que este proceso será largo porque es complejo, al tiempo que es muy importante la fase de alegaciones que van a tener todas las empresas para que puedan justificar por qué recibieron ayudas y para qué. Ha insistido en que el procedimiento de revisión es una herramienta muy interesante para que aflore el «eventual fraude que se haya podido cometer» en algunas empresas.
Ha querido dejar claro que la Junta va a recuperar y va a iniciar el reintegro de cualquier cantidad que se haya percibido ilícitamente, con independencia de las responsabilidades penales de pueda haber. Asimismo, Mar Moreno ha expresado que la Junta sigue manteniendo que el conjunto de la partida del 31L, que tiene la finalidad de ayudas sociolaborales a trabajadores de empresas en crisis, se dirigió a su finalidad, sigue viva y es imprescindible para que cualquier comunidad pueda apoyar a empresas en situación de crisis.
Revisión masiva
El presidente del PP-A y candidato popular a las elecciones autonómicas, Javier Arenas, ha manifestado este martes que desde la Junta de Andalucía «no se puede insultar» al millón de parados andaluces al «reconocer ahora» que las ayudas destinadas para compañías en crisis son «ilegales», ya que, según el diario ‘El País’, «desde la semana pasada, el Ejecutivo de José Antonio Griñán considera nulas todas las ayudas directas a empresas concedidas entre 2000 y 2010 con el fondo para compañías en crisis dotado con 647 millones».
La Junta de Andalucía da un giro y cree nulas las ayudas del fondo de los ERE a empresas
La Junta envió una carta a los empresarios la semana pasada. En ella informa del «procedimiento de revisión de oficio» de las subvenciones y les da un plazo de 10 días para que aleguen y presenten los documentos que estimen pertinentes.
La Consejería de Empleo se apoya en el mismo artículo que ya fijó el TSJA en dos sentencias recientes sobre sendas ayudas, el 62.1.e de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas: «Los actos de las Administraciones públicas son nulos de pleno derecho [siendo] dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido».
Arenas ha hecho hincapié en que «desgraciadamente» el asunto de los expedientes de regulación de empleo (ERE) «afecta a muchas personas que han sido miembros del Gobierno andaluz y están en la antesala de dos presidentes de la Junta, el actual José Antonio Griñán, y del anterior Manuel Chaves», a los que alcanzan «las responsabilidades políticas».
«Hay que asumir responsabilidades porque siempre hay que ser extremadamente cuidadoso con el dinero público, mucho más que con el propio, pero en tiempos de crisis no se puede insultar a un millón de parados reconociendo que lo que se ha hecho es ilegal y no hay consecuencia», ha señalado el presidente de los populares andaluces.
«A mí no me alegra nada el asunto de los ERE porque me paso todos los días en todos los rincones pidiendo que nadie confunda el comportamiento de algunos con los ERE con el conjunto de Andalucía, con los más de ocho millones de habitantes», dice Arenas, y remarca que «se ha hecho un daño extraordinario a Andalucía con el asunto de los ERE».
El líder del PP andaluz se sorprende de que «ahora se reconoce que todas estas ayudas fueron ilegales, lo que se ha negado por activa y pasiva», indicando además que «se sigue negando el pago de las comisiones, cuando es una evidencia». «¿cuántas decenas de millones de euros y cuántos centenares de millones de euros se han dilapidado sin ningún control?». Arenas cree que «cuando se hacen reconocimientos de este tipo, la cuestión no puede quedar ahí».
El diario ABC de Sevilla aporta un dato interesante sobre el funcionamiento de la trama que investiga la jueza Alaya.
La Junta ocultaba el fraude de los ERE con claves secretas
La trama de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos pagados con fondos de la Junta de Andalucía tenía su propio lenguaje secreto para ocultar las irregularidades. Documentos y escritos intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil durante uno de los registros realizados a la sede de Vitalia -dentro de la causa que investiga la juez Mercedes Alaya- revelan que la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo y los intermediarios de la consultora catalana utilizaban con frecuencia anotaciones cifradas, palabras en clave, eufemismos y abreviaturas para referirse a los intrusos o falsos prejubilados tales como «PAR» o «ESPECIAL».
