El pleno del Parlamento Europeo ha dado luz verde al nuevo acuerdo agrícola con Marruecos que permitirá una mayor entrada en el mercado comunitario de tomate marroquí. Los agricultores españoles critican el acuerdo porque creen que Rabat no respeta las reglas de precios y contingentes del convenio en vigor y los eurodiputados españoles de los distintos grupos anunciaron que votarían en contra.
Los eurodiputados han aprobado el acuerdo por una mayoría de 369 votos a favor, 225 en contra y 31 abstenciones. Sin embargo, han rechazado una enmienda promovida por la socialista española Josefa Andrés que reclamaba compensaciones para los agricultores europeos.
Todos los eurodiputados españoles han votado en contra del pacto, aunque por distintos motivos. El PP y el PSOE anunciaron su rechazo porque consideran que perjudica los intereses de los agricultores españoles, mientras que los eurodiputados Willy Meyer (IU), Raül Romeva (ICV), Francisco Sosa Wagner (UPyD) y la gallega del BNG, Ana Miranda, reclamaron que el convenio dejara fuera los recursos del Sáhara occidental y fuera más exigente con Rabat en cuestiones medioambientales y derechos laborales.
Entrada en vigor
Su entrada en vigor no se producirá antes del 1º de mayo ya que debe cumplirse un procedimiento formal en el Consejo, según han explicado a Europa Press fuentes comunitarias, que han apuntado que tendrá una duración «de unos diez años», si bien las partes podrían retomar los contactos antes de que expire tal plazo.
El nuevo régimen comercial para productos agrícolas y pesqueros ofrece una liberalización casi total para la mayoría de mercancías, pero prevé volúmenes más reducidos o contingentes arancelarios para una lista de producciones consideradas «sensibles» para la Unión Europea. Estas condiciones específicas valen para el tomate, el pepino, la fresa, la mandarina, el ajo, el calabacín y el azúcar.
El sector agrícola en España, en especial los productores de tomate en Andalucía, Canarias y Murcia, ha criticado el nuevo acuerdo porque lo consideran desequilibrado y se quejan de que la parte marroquí incumple los volúmenes y precios pactados en el convenio actual.
Ante las críticas, el comisario de Agricultura, Dacia Ciolos, pidió el martes en un debate con la Eurocámara la ratificación del nuevo acuerdo con Rabat porque, según dijo, Marruecos «no es un socio cualquiera» y se trata de un pacto «equilibrado». También defendió que las importaciones marroquíes cumplen las normas europeas y se comprometió a un «seguimiento muy estricto» de los alimentos «más sensibles», entre los que está el tomate.
Además del visto bueno al nuevo régimen comercial agrícola, los eurodiputados han adoptado una resolución por 398 votos a favor, 175 en contra y 50 abstenciones para marcar los pasos a seguir y señalar posibles mejoras. Se trata de un texto consensuado por el Partido Popular Europeo (PPE), Socialistas y Demócratas (S&D), Liberales (ALDE) y Conservadores y Reformistas (ECR).
Un socio importante
La resolución reconoce que Marruecos es un socio muy importante para la Unión Europea y considera que reforzar las inversiones y el comercio con este país es parte de los esfuerzos europeos para promover la democracia al sur del Mediterráneo tras la llamada ‘primavera árabe’.
El acuerdo agrícola ofrecerá un «papel clave en el desarrollo económico del país y su estabilidad política» porque abre nuevas oportunidades de negocio también para el sector europeo, según el texto. La supresión arancelaria en cerca del 70 por ciento de los productos agrícolas y pesqueros permitirá un «ahorro estimado de 100 millones de euros» para la UE, añade.
Con todo, la resolución admite «preocupación por las quejas constantes» que denuncian «fraude» en el sistema de precios de entrada y pide «garantías» de que el incremento de los contingentes arancelarios está «debidamente regulado», al tiempo que reclama «medidas de control eficaces».
Atendiendo a las reclamaciones de una parte del Hemiciclo sobre los derechos de la población saharaui, la resolución pactada por los principales grupos pide a Bruselas «que garantice que el acuerdo es plenamente coherente con el Derecho internacional y beneficia a todos los grupos de población locales afectados».
Un mazazo al sector
Las organizaciones agrarias en Andalucía COAG, Asaja y UPA han considerado este jueves «un mazazo» para el sector el visto bueno del Parlamento Europeo al nuevo acuerdo agrícola con Marruecos.
En declaraciones a Europa Press, el responsable de frutas y hortalizas de COAG en Andalucía, Andrés Góngora, ha señalado que este acuerdo pone «en peligro 450.000 trabajos en España» y es «un mazazo» a las 250.000 explotaciones agrarias a nivel nacional.
Si bien, ha afirmado que van a seguir trabajando y COAG va a poner en marcha un informe para «esclarecer» la viabilidad legal «de lo que hoy aquí se ha aprobado» y ha anunciado que recurrirán el acuerdo al Tribunal Europeo de Justicia.
Por su parte, el presidente de Asaja-A, Ricardo Serra, ha pedido, que una vez aprobado, «por lo menos se cumpla» porque «el anterior no se cumplió». Asimismo, ha reclamado reciprocidad. «Si nosotros no podemos usar determinados productos, ellos tampoco, deben cumplir las reglas en fitosanitarios y medioambientales», ha subrayado.
Además, ha señalado que la sociedad en general debe empezar a preocuparse sobre «de dónde viene lo que se está comiendo» porque «no es lo mismo un producto de esta zona, con controles de aquí y obligaciones de aquí que frutas que vienen de no sabemos dónde y que beneficia al rey y su corte». Además, por último, ha pedido controles en el fraude para que «si pone que la patata es española, que realmente lo sea».
Por su parte, el secretario general de UPA-A, Agustín Rodríguez, ha valorado esta aprobación como «una mala noticia» y ha querido dejar claro que «no se trata de un acuerdo equilibrado que afecte por igual a todas las regiones europeas». «Los calendarios de producción de Marruecos se asemejan mucho a los de Andalucía», por lo que «este acuerdo nos da en la línea de flotación del sector andaluz».
Además, ha señalado que cada acuerdo viene a ampliar al anterior con nuevas producciones y más contingentes que, además, «luego no se cumplen». Asimismo, ha mostrado su «preocupación» porque ocurra con otras producciones igual que con el tomate, es decir, que se produzca un efecto llamada de inversores hacia Marruecos para luego introducir los productos en el mercado europeo.
«Es un acuerdo no equilibrado, que lo debe soportar casi todo el sector andaluz, por lo que es injusto y ataca nuestra producción», ha insistido, a lo que ha sumado que además «no cumplen con las mismas reglas que en Europa».
Compensaciones para España
La Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Andalucía (Hortyfruta) ha exigido al Gobierno centran que reclame a la UE compensaciones para el sector español para paliar el impacto económico «negativo» y la «pérdida de empleo» derivada de la entrada en vigor del nuevo acuerdo de asociación con Marruecos aprobado este jueves en el seno del Parlamento Europeo (PE). En concreto, ha advertido de la destrucción de 12.000 empleos y de pérdidas económicas por campaña de un millón de euros por comercializadora y unos 10.000 euros por agricultor.
Hortyfruta ha demandado, asimismo, una mejora del código de aduanas para «controlar» que la entrada de producto se corresponde con los cupos y los precios de entrada estipulados por el acuerdo y que la UE haga «efectivas» las sanciones «pertinentes» al país en caso de que estos se incumplan.
«Es el momento de que la Unión Europea ofrezca soluciones ante las continuas crisis de mercado y se defina una Política Agraria Común (PAC) en la que se establezca una gestión de crisis útil y efectiva para el sector hortofrutícola», ha trasladado la organización ante un acuerdo cuyas consecuencias económicas y sociales serán «devastadoras».
Al hilo de esto, ha señalado que, en este nuevo escenario, es «muy importante» que se favorezca en este aspecto el papel de las interprofesionales otorgándoles una «mayor operatividad» a través de un marco legislativo en el que este tipo de organizaciones «puedan actuar efectivamente en momentos de crisis de mercados».
Hortyfruta, que ha subrayado el papel «estratégico» de la producción de frutas y hortalizas que Andalucía destina a la exportación y su contribución a la producción final agraria, ha lamentado que el nuevo acuerdo «no garantiza» la igualdad de condiciones y de oportunidades con respecto a Marruecos al «no tener en cuenta todos los intereses y no exigir un sistema eficaz de control de precios y cantidades».
Ha detallado que, de los productos de cobertura de la interprofesional, los que se enfrentan a «mayor y más dura» competencia son tomate, calabacín y judía. Estos tres productos representan el 66,3 por ciento de la producción anual española de cultivos bajo abrigo. A esto hay que añadir, según remarcan, que las producciones de frutas y hortalizas afectadas por el acuerdo se localizan «principalmente» en regiones con una «alta tasa de paro».
Al hilo de esto, ha recordado que Marruecos «ha incumplido sistemáticamente» los términos de los acuerdos comerciales con la UE «sin que la Comisión Europea actúe». Así, en el periodo del continente preferencial, de octubre a mayo, España realiza el 90 por ciento de sus envíos de tomate a la UE y Marruecos el 95 por ciento, lo que, según ha apuntillado, «evidencia el solapamiento de campañas».
Efectos devastadores
Entre los efectos que, según ha augurado, tendrá el acuerdo sobre un sector «sumergido en una profunda crisis que está lastrando la rentabilidad de los agricultores» ha estimado que el efecto sustitución provocará pérdidas por comercializadora de más de un millón de euros y por cada agricultor de entre 8.000 y 10.000 euros por campaña.
En cuenta al empleo, ha cuantificado una pérdida a medio plazo de 12.000 empleos, más de 2.000 agricultores, 4.000 hectáreas y un 15 por ciento del volumen de comercialización de frutas y hortalizas. «Es imposible competir con un país cuyos costes medios de producción son la mitad que los andaluces y los costes totales que incluye la puesta en el mercado –confección, transporte y otros gastos– son un 23 por ciento inferiores», ha concluido.
