Nuevamente Miguel Arias se enfrenta a un toro peligroso. El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, nacido en Madrid pero asentado durante muchos años en la tierra taurina de Jerez de la Frontera, desconoce el resultado de la votación prevista hoy miércoles 16 de febrero de 2012 en la Eurocámara, tras el visto bueno de la Comisión de Comercio Internacional (INTA) al acuerdo de asociación en materia agrícola entre la UE y Marruecos.
Arias Cañete considera «asombroso» que el grupo parlamentario socialista «le pida energía al gobierno del Partido Popular, cuando fue el gobierno socialista, el 14 de diciembre de 2010, el que dio el visto bueno y votó a favor del acuerdo con Marruecos».
El ministro considera que en el procedimiento comunitario hay dos fases, la fase de los acuerdos en el Consejo y la fase de los acuerdos en el Parlamento Europeo.
«En el Consejo habla el Gobierno, y el Gobierno español habló en el año 2010 para decir sí al acuerdo. Y no sólo el Gobierno, el grupo parlamentario socialista en el Parlamento Europeo, en la Comisión de Agricultura en el año 2011, dio su visto bueno y votó favorablemente al acuerdo, mientras que el PP votó en contra».
Arias Cañete opina que los socialistas «cuando han llegado las elecciones andaluzas, parece que han cambiado su voto; pero cuando tenían que haber defendido los intereses españoles, en diciembre de 2010, sus ministros se callaron».
Oposición parlamentaria
El presidente de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra, recuerda que «no es suficiente con que los europarlamentarios españoles se opongan y expresen su intención de votar en contra», y espera que todos los europarlamentarios españoles, especialmente los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, incrementen su acción de «lobby» sobre sus compañeros de bancada, los del Partido Popular Europeo (PPE) y la Alianza de Socialistas y Demócratas (S&D), los dos grupos de cuya votación dependerá la aprobación o el rechazo al Acuerdo.
COAG mantiene en Madrid una concentración permanente desde el pasado 14 de febrero de 2012 ante el edificio de la UE en Madrid ( Paseo de la Castellana, 46), coincidiendo con las jornadas en las que el Parlamento Europeo decidirá sobre este acuerdo.
La votación definitiva sobre el Acuerdo comercial con Marruecos es sólo el último paso de un largo proceso de más de tres años en el que ASAJA y los agricultores españoles vienen trabajando muy duro para transmitir a autoridades, partidos políticos, medios de comunicación y ciudadanos en general el error que supone que se renueve y se amplíe un Acuerdo agrícola con un claro perjuicio para los agricultores y los consumidores europeos y con unos beneficios francamente dudosos para la población de Marruecos.
La anterior ministra
Sin embargo, el presidente de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra señala que «en este largo proceso hemos echado en falta muchos apoyos, en particular los de la propia Administración española, cuya anterior titular de Agricultura, Rosa Aguilar, votó incluso a favor del Acuerdo en el Consejo de Ministros del ramo de la UE, y los del PSOE y sus eurodiputados, que aceptaron que su propio grupo europeo presentara enmiendas a favor del Acuerdo en la Comisión de Agricultura del Parlamento que finalmente no prosperaron por el rechazo del resto de grupos de esta Comisión».
«También hemos echado en falta los estudios de impacto de la Comisión Europea y especialmente, aclara Serra, los del Ministerio de Agricultura y de la Consejería de Agricultura de Andalucía, la región más perjudicada por este acuerdo, debemos recordar que si finalmente se ratifica el sector agrario en España dejará de ingresar 2.240 millones de euros al año, y el 50% de estas pérdidas las soportará la agricultura andaluza», afirma el andaluz Serra.
Cuestión de estado
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG, este asunto cree que tanto el Gobierno como los parlamentarios españoles deben convertir el rechazo al acuerdo UE-Marruecos en una «cuestión de Estado», porque «sobrepasa la dimensión del sector agrario».
Según el secretario general de COAG, el también jerezano Miguel López, a liberalización de las importaciones desde Marruecos «pone en jaque a sectores como las frutas y hortalizas o el aceite de oliva. Eso, en España significa cargarnos el 50% del empleo agrario. Con los niveles actuales de desempleo es inadmisible que se destruya nuestro medio de vida».
Miguel López opina que «hemos cedido tanta soberanía a Europa que ésta sella en nuestro nombre acuerdos que nos dañan de manera muy importante». Y continúa: «Alemania y Francia forman un tándem para quedarse con la economía europea, pero nosotros tenemos derecho a nuestra cuota de mercado comunitario, igual que hacen los que fabrican tecnología. Si nos comparan con el resto de países de la UE, somos muy competitivos. Lo que no pueden es compararnos con países terceros, que producen sin respetar los derechos laborales y empleando materias activas prohibidas en la UE desde hace años, lo que no da ninguna garantía de seguridad alimentaria».
Miguel López cree que la UE sacrifica «nuestro tejido productivo hortofrutícola para entregar el mercado a cuatro grandes empresas inversoras, con participación de capital europeo y de la oligarquía de Marruecos, incluido el propio rey». El secretario general de COAG recuerda además que se trata la participación de Marruecos en programas (y fondos) europeos. «De nuevo, se busca la creación de estructuras productivas que beneficiarán a unas pocas manos».
Por su parte, el responsable de frutas y hortalizas de COAG, Andrés Góngora, recuerda que «en el origen de estos acuerdos estaba la idea de contribuir al desarrollo de la población de estos países. Han pasado casi 20 años, y estos acuerdos no han traído consigo ni más democracia para Marruecos ni un mayor bienestar para su población».
Ilegalidad
Ambos resaltan también la «ilegalidad» que supone apoyar un acuerdo que contempla territorios del Sáhara, un territorio sobre el que Marruecos no tiene reconocida la soberanía. Góngora confía en «la sensibilidad del Parlamento ante estas cuestiones», y ha instado a los eurodiputados a pelear, porque «no está perdido, pero hay que creérselo. Hay comisiones como las de Medio Ambiente o Derechos Humanos, con perfiles menos «aperturistas» que la de Comercio Internacional. Los representantes españoles deben explicar a sus homólogos por qué no se puede aceptar la ratificación de un acuerdo tan dañino, y que no beneficia a ninguna de las dos poblaciones, ni a la española ni a la marroquí».
Diez razones
ASAJA ha resumido en diez las razones que pueden esgrimir los eurodiputados españoles ante sus colegas europeos para oponerse a este Acuerdo letal para la agricultura española:
1. En primer lugar, el incumplimiento sistemático de los Acuerdos anteriores y la pasividad de la Comisión. Esta denuncia planteada en innumerables ocasiones ha sido corroborada por la OLAF (Oficina de Lucha Contra el Fraude) que confirmó el fraude en su investigación número OF/2004/0105 relativa a «Posibles irregularidades en la importación en Francia de tomates de Marruecos». La falta de control se hace extensiva incluso a las fronteras de España, donde se ha constatado que Marruecos no sólo no cumple con lo contingentado sino que además introduce producto por debajo del precio mínimo establecido.
2. Hundimiento de las exportaciones españolas y sustitución de la producción, provocado por el envío indiscriminado de producto marroquí. El cumplimiento exhaustivo del nuevo Acuerdo no modificaría la situación actual, porque de facto, ya se están exportando cifras muy superiores a las permitidas actualmente. Es sin lugar a dudas una consecuencia real y directa de la falta de controles.
3. Empleo de fitosanitarios prohibidos en la UE. El sector agrario reclama reciprocidad también en lo que respecta a la importación a la UE de productos agrícolas alejados de nuestros criterios de producción. No puede permitirse la entrada de productos en los que se han empleado fitosanitarios prohibidos en la UE pero aceptados en Marruecos. La falta de criterios comunes en lo que respecta al cumplimiento de condiciones y límites de residuos de productos fitosanitarios también supone un handicap para el sector productor europeo y español.
4. Competencia provocada por la propia Comisión Europea.La Unión Europea a través del programa de cooperación con Marruecos para el periodo 2011-2013, se ha comprometido a aportar al país magrebí más de 565 millones de euros en tres años. A estas cifras hay que sumar lo que la UE ya concedió en los últimos diez años a Marruecos, que suma 1.330 millones de euros en fondos de desarrollo. En 2010 la UE aprobó 70 millones de euros para el sector agrícola, específicamente para desarrollar el ‘Plan Verde’.
5. Los Acuerdos comerciales con Terceros Países deben estar adaptados a los costes de producción reales de las hortalizas europeas. Exigimos la adaptación de los precios de entrada a los costes de producción europeos, sólo así se puede evitar la actual situación de competencia desleal a la que los agricultores de frutas y hortalizas no pueden hacer frente.
6. Los beneficios sociales sobre la población marroquí son más que dudosos. El capital y la producción agrícola marroquí está en manos de grandes grupos con capital europeo y de la oligarquía marroquí. En concreto dos grandes empresas franco-marroquíes -Azura y Soprofel- y una de capital marroquí, Dominios Agrícolas, propiedad de la familia real alaui, controlan el 90% de la producción. Los supuestos beneficios sociales del Acuerdo son inexistentes, tal como hemos visto en los últimos años con el Acuerdo aún en vigor.
7. Este Acuerdo no establece cláusulas que obliguen a respetar los derechos laborales o sociales. En Marruecos se paga la hora de trabajo a 0,60 euros, pero los trabajadores no están sujetos a ningún tipo de convenio. ASAJA reclama la inclusión de cláusulas estrictas y basadas en la realidad sobre las condiciones laborales, sociales de los países con los que se firman Acuerdos comerciales.
8. Incidencia sobre el empleo agrario en España. De firmarse el Acuerdo en todo el país peligran más de 400.000 empleos directos e indirectos.
9. No existen estudios de carácter previo sobre el impacto en las producciones agrícolas europeas. Este nuevo Acuerdo se ha hecho a espaldas del sector, sin haber realizado ningún estudio serio y profundo sobre las repercusiones en el mercado europeo de frutas y hortalizas, y sobre todo no establece ningún tipo de medida de compensación o de incentivo a la mayor competitividad de las explotaciones hortofrutícolas afectadas.
10. Perjudica a un elevadísimo número de producciones, puesto que se abre la puerta a nuevos incumplimientos al incrementar la entrada a Europa de productos que hasta ahora contaban con «protección», dado que el texto del nuevo Acuerdo supone una liberalización encubierta, puesto que se liberalizan todos los productos agroalimentarios a excepción de siete (tomate, pepino, fresa, clementina, ajo calabacín y azúcar), los únicos que en el Acuerdo se consideran sensibles y que pese a ello no se protegen, pues se amplían los contingentes y las fechas en las que se permite su importación, que viene a coincidir con las fechas de recolección de las producciones españolas.
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