La Generalidad de Cataluña recaudó, durante 2011, 176.100 euros en multas lingüísticas por no utilizar el catalán. En total, el Gobierno autonómico, en manos de CiU, interpuso 226 sanciones por no rotular o etiquetar en catalán.
Las cifras las aportó este miércoles –22 de febrero de 2012– el consejero de Empresa y Empleo, Francesc Xavier Mena, en el Parlament, durante una interpelación de Solidaritat Catalana.
El consejero detallo que en el pasado ejercicio se abrieron en Cataluña 6.552 actas sobre incumplimientos del autonómico Código de Consumo, de las que 2.245 guardaban relación con la lengua y derivaron en 226 sanciones.
UNA NORMA ANULADA DE FACTO
En 2010, la Generalidad impuso 205 sanciones lingüísticas recaudando más de 182.000 euros, aunque entonces todavía no había entrado en vigor la última reforma del Código de Consumo que contemplaba nuevas multas si los consumidores no eran atendidos oralmente y por escrito en catalán.
Sin embargo, la parte lingüística del Código de Consumo, que está recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC) por el PP y el Defensor del Pueblo, podría ser anulada por el Alto Tribunal, ya que desde la sentencia de 2010 del TC sobre el Estatuto quedó fijada la posición jurídica respecto a las comunicaciones privadas.
Es decir, el Alto Tribunal dejó establecido que ninguna administración pública puede determinar en qué idioma se han de comunicar dos personas en una relación privada, por lo que el Código de Consumo –en el aspecto lingüístico– quedará anulado:
«El deber de disponibilidad lingüística de las entidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al público no puede significar la imposición a éstas, a su titular o a su personal de obligaciones individuales de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo en las relaciones privadas, toda vez que el derecho a ser atendido en cualquiera de dichas lenguas sólo puede ser exigible en las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos».
Aún así, CiU sigue aplicando la norma.
EL TRIPARTITO: CASI UN MILLÓN DE EUROS
Pese a esto, Uriel Bertran, diputado autonómico de Solidaritat, criticó que la Generalidad «no esté haciendo nada para garantizar los derechos de los catalanes», y lamentó que de los 30 productos más consumidos en la Comunidad solo uno esté etiquetado en catalán. Aunque el Código de Consumo no afecta a los productos de venta y sí a los comercios y grandes superficies.
Durante la época del tripartito, PSC, ERC e ICV-EUiA, bajo las presidencias autonómicas de Pasqual Maragall (PSC) y José Montilla (PSC), impusieron un total de 811 multas lingüísticas a establecimientos catalanes —El tripartito recaudó más de 900.000 euros en multas lingüísticas entre 2004 y 2010–. Entre 2004 y 2010, la Generalidad ingresó una cantidad por encima de los 900.000 euros.
