La magistrada recrimina a la Junta que le aporte información desordenada
La juez Mercedes Alaya avanza implacable. La instrucción que la titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de Sevilla está haciendo sobre el macro fraude de los expedientes de regulación de empleo se extiende ahora a la ‘conexión gaditana’, un socialista, Agustín Barberá, ex consejero de Trabajo y ex viceconsejero, quien ya fue noticia en el caso Mercasevilla del que intentó apartarse hace casi un año. Entonces, el mismo juzgado le citó a declarar como testigo junto a dos altos funcionarios de la Consejería, dentro de la investigación por la petición de comisiones ilegales en Mercasevilla.
La clave está en conocer realmente cómo gestionó la Junta de Andalucía la denuncia verbal de los empresarios sevillanos del grupo La Raza sobre la supuesta petición de comisiones ilegales en el mercado de mayoristas y, sobre todo, el resultado del «expediente reservado» que al parecer instruyó la Consejería de Empleo, de la que era titular otro gaditano: Antonio Fernández, hoy presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Jerez.
La consejería de Empleo durante la última etapa de Chaves, que tuvo de de titulares a José Antonio Viera y Antonio Fernández, está bajo sospecha. Y más desde que ayer miércoles 22 de febrero de 2012, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluyera que, de la declaración prestada este martes en el cuartel de la Guardia Civil de la avenida de Eritaña, en Sevilla, por el exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, «se pone de manifiesto» que el exconsejero de Empleo José Antonio Viera «tenía conocimiento de todas las ayudas a empresas que se concedían a las mercantiles de la Sierra Norte» de Sevilla, ayudas que incluso «promovió» y en las que «jugó un papel esencial».
De este modo, agentes de la UCO han entregado este miércoles a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga las presuntas irregularidades en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta de Andalucía, el acta de la declaración prestada este martes por espacio de cuatro horas por el propio Guerrero, acta junto a la que acompañan las conclusiones extraídas de dicha comparecencia.
Imputado
Empleo es la clave. El nuevo imputado ahora, Agustín Barberá Salvador (Cádiz, 1958), es licenciado en Derecho por la Universidad de Cádiz y ejerció como letrado jefe en la asesoría jurídica de UGT de Andalucía.
Puso punto final a su carrera política el 30 de marzo de 2010, cuando el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el nombramiento del madrileño Justo Mañas como nuevo viceconsejero de Empleo, relevando en el cargo al gaditano Barberá, tras casi 15 años en el organigrama de esta consejería.
Lo que llama la atención es que su relevo se produjera muy poco después de que Griñán prescindiera de los servicios del entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández, que fue sustituido por el actual titular del departamento, Manuel Recio. La que ahora se revelaría como posible ‘conexión gaditana’ del caso ERE quedó desmontada y todo fue decisión del presidente Griñán.
Agustín Barberá Salvador estuvo casi 15 años vinculado a esta consejería. Su carrera, como uno de los hombres de Chaves en Cádiz, apoyado por el clan de Alcalá de los Gazules, se inició en 1995, en la Delegación Provincial de Trabajo, Industria y Asuntos Sociales. Ahí estuvo diez años hasta que su amigo Antonio Fernández le reclamó para que fuera su número dos en Sevilla como viceconsejero de Empleo.
Citación
La magistrada Mercedes Alaya dictó ayer miércoles 21 de febrero de 2012 un nuevo auto este miércoles en el que imputa en el caso al ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, que ocupó este cargo entre abril de 2004 y marzo de 2010.
En dicho auto, de nueve folios y al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada recoge la imputación de Barberá, «quien tendría conocimiento a la misma vez que el consejero de Empleo, Antonio Fernández, de la falta de legalidad en los procedimientos seguidos para la concesión de ayudas sociolaborales y de ayudas directas a empresas, así como de la ilícita concesión de ayudas individuales a personas del entorno personal y familiar de determinados cargos de la Junta de Andalucía».
Además, le imputa que «daría el visto bueno a los pagos ordenados al IFA por el director general de Trabajo y Seguridad Social en los últimos años».
Agustín Barberá es un significado socialista gaditano, que siempre ha contado con el apoyo de Manuel Chaves y más aún de Antonio Fernández quien junto a José Antonio Viera fueron consejeros de Empleo durante la etapa investigada por la jueza Alaya.
Junto a ello, la juez cita a declarar como imputado el próximo 20 de marzo, a cinco días de las elecciones autonómicas, a Juan Francisco Trujillo, chófer del exdirector general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero, que reconoció en su declaración policial que, en 2004, fue beneficiario de dos subvenciones de 450.000 euros cada una libradas por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social para las empresas Iniciativas Turísticas Sierra Morena S.L. y Lógica Estratégica Empresarial S.L., aunque que «la mayor parte» del dinero fue finalmente dedicada a cocaína, «fiestas y copas» para Guerrero y él mismo.
Más declaraciones
El propio Guerrero, de su lado y como ya se ha adelantado, ha sido citado el próximo día 7 de marzo, «pudiendo continuarse al día siguiente si la misma no se concluyera», todo ello después de que su abogado, Fernando de Pablo, solicitara el aplazamiento de la declaración fijada inicialmente para este jueves para estudiar la nueva documentación recibida y debido a que había sido citado a declarar nuevamente por la Guardia Civil.
Posteriormente, el 29 de marzo, deberán comparecer como imputados en el despacho de la juez la presidenta del Consejo de Administración de Acyco cuando ésta empresa solicitó el ERE, Encarnación Poto Monge, y el director de Recursos Humanos y abogado de la empresa, Gabriel Barrero, mientras que el 12 de abril ha citado, también como imputados, al presidente honorífico de la empresa Aglomerados Morell aunque jubilado en la misma desde 2000, Jorge Andrés Morell; a su hijo y administrador de la empresa, Luis Morell, y a Luis Llorente, «amigo» de Juan Lanzas e incluido en el ERE de esta empresa.
En esta línea, la juez Mercedes Alaya cita el 19 de abril al presidente del Consejo de Administración de Surcolor, Antonio Manuel Bustamante, y al consejero delegado, Manuel Rafael Castilla. El día 9 de mayo, por último, será el turno del secretario general de la Federación de Industria de CCOO-A, Enrique Manuel Jiménez; al secretario general de la Federación de Industria de CCOO en Sevilla, Juan Antonio Caravaca; al exdelegado de Trabajo y Seguridad Social de la Junta en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés y a Antonio Fernández Garzón, estos dos últimos ‘intrusos’ en el ERE de Calderinox.
Entorpecer la investigación
En el mismo auto, recrimina a la Junta que no haya aportado, como pidió, un cuadro resumen de las ayudas abonadas mediante transferencia de financiación correspondientes a las consejerías de Gobernación, Presidencia, Innovación, Ciencia y Empresa, Turismo y Deporte, y Medio Ambiente, y le insta a que lo presente «a la mayor urgencia posible», ya que «su falta de presentación está entorpeciendo considerablemente la investigación de la causa».
También hace referencia a un informe que consta en la causa de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de fecha 22 de diciembre de 2011, aseverando que en el mismo «se hacen referencia a una serie de anexos nuevos, a operaciones no incluidas, a variaciones en los importes, cuya comprensión resulta totalmente imposible, obstaculizándose sobremanera el estudio de la documentación y por ende la investigación de las presentes diligencias».
Además, la juez Mercedes Alaya requiere a la Administración autonómica para que en un plazo de 15 días aporte «un único desplegable» que «contenga todas las ayudas concedidas y pagadas, concedidas y no abonadas o pendientes de pago, así como las no autorizadas», tal y como solicitó la Fiscalía Anticorrupción.
Por último, y siguiendo con la crítica a la Junta, la magistrada pone de manifiesto que «se viene observando que, con un solo escrito de la Junta, se aporta una ingente documentación, prácticamente sin relacionar, procedente de los diferentes organismos», por lo que le requiere «de manera expresa» para que, en lo sucesivo, «aporte la documentación individualizadamente, a fin de que la documentación que se aporte resulte adecuada y comprensible desde un punto de vista jurídico».
