Los farmacéuticos andaluces plantan cara, finalmente, a la consejera de Salud, la socialista María Jesús Montero -una de las personas de máxima confianza política del presidente Griñán- y su colegio profesional ha presentado en el registro oficial del Servicio Andaluz de Salud (SAS) un recurso de alzada contra su anuncio de convocatoria para la selección de medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia de Andalucía, cuando, en las recetas médicas y ordenes de dispensación oficiales del Sistema Nacional de Salud, sean prescritos o indicados por principio activo.
Según los fundamentos jurídicos del recurso, «la convocatoria pública efectuada por el SAS vulnera flagrantemente normas estatales con rango de Ley Básica, por lo que resulta nula de pleno derecho».
Los motivos de nulidad son que «la convocatoria invade competencias estatales; vulnera la normativa sobre fijación del precio de los medicamentos, sobre Financiación del Sistema Nacional de Salud; crea desigualdades entre los ciudadanos en la asistencia farmacéutica al limitar el catálogo de prestaciones disminuyendo los derechos en la elección de fármacos».
Además, creen que «atenta contra la libre concurrencia y competencia al limitar la posibilidad de licitación para laboratorios que tengan una capacidad de producción limitada y propicia, y no se justifica la forma en que se determina el número de presentaciones a seleccionar en cada uno de los medicamentos y vulnera el principio constitucional de igualdad».
Andalucía, a la cabeza en deuda
La deuda por suministro de medicamentos a hospitales del Sistema Nacional de Salud, a 31 de diciembre de 2011, ascendía a 6.369,3 millones de euros, según datos de la monitorización trimestral que lleva a cabo Farmaindustria entre sus asociados. Esto supone un incremento del 36% respecto a la deuda con la que se cerró el año 2010.
Por comunidades autónomas, Andalucía es la que registra el mayor nivel de deuda (1.523,7 millones de euros), seguida de la Comunidad Valenciana (1.292,5 millones), Madrid (762,3 millones) y Castilla y León (573,4 millones).
Las comunidades con menor nivel de endeudamiento por suministro de medicamentos son Navarra (14,4 millones), País Vasco (37 millones), La Rioja (46,6), y Extremadura (54,3). Este importante aumento de la deuda (36%) contrasta con el estancamiento de las ventas a hospitales (1,1%) en 2011, de lo que se deduce que el aumento de la demora se debe a la dramática caída de los pagos por parte de las comunidades autónomas y no a nuevas compras.
Retraso en los pagos
Hasta cuatro comunidades acumulan más de 800 días de retraso en el pago por suministro de medicamentos a hospitales. La Comunidad Valenciana es la que registra una mayor demora (884 días), seguida de Baleares (848), Castilla y León (816) y Cantabria (804). Andalucía y Castilla-La Mancha superan los 740 días, mientras que las regiones que registran periodos medios de pago más bajos son País Vasco (70 días), Navarra (73) y Extremadura (161).
Una de las causas de la reducción del gasto farmacéutico se sitúa en la penetración de los genéricos que hasta 2011 actualmente representaba el 23,82% de las unidades de medicamentos vendidos y el 9,38% de la facturación de medicamentos en España.
Por comunidades autónomas, la penetración de genéricos es dispar. En Andalucía, Madrid y Cataluña hay una mayor penetración de genéricos con un 32,85%, 29,82%, y 28,54% respectivamente sobre el total. Aquellas donde hay una menor penetración son Galicia con un 11,09%, Murcia con un 14,01% y Canarias con un 14,4% sobre el total de medicamentos vendidos en la comunidad. Otro dato positivo es que el 63% de los genéricos que se consumen en nuestro país, se fabrican en España y aportan 300 millones de euros anuales.
Son datos que aporta uno de los análisis más completos realizados hasta ahora, en concreto, por el Strategic Research Center de EAE Business School.
El Gasto Farmacéutico en España
Por primera vez en diez años el gasto farmacéutico público en España se ha reducido un 2,4%. Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid aglutinan el 55% del gasto público farmacéutico.
Si bien algunos de los motivos de este descenso son estructurales como la reducción de la población del 0,5% en 2010 o la disminución de la renta per cápita, la investigación realizada por EAE también considera que han tenido efecto el conjunto de medidas aprobadas por el Sistema Nacional de Salud encaminadas a reducir el coste medio por receta y «que han coincidido con el cambio de modelo de financiación y la alta penetración de los genéricos», subraya José Ignacio Díaz, uno de los investigadores del informe y profesor de EAE.
Una de las principales aportaciones de la investigación es el análisis del gasto público por habitante que también se ha reducido en un 3%, en el último año. Por cada habitante, el sistema público invierte 259,62€ en productos farmacéuticos. Galicia con 332,26 euros en gasto farmacéutico público por habitante, Extremadura con 322,36€, y Asturias con 317,01€ son los que más invierten en este apartado. Las que menor gasto farmacéutico tienen por habitante son Melilla con 162,5€, Ceuta con 185,52€ y Baleares con 198,63€.
El gasto en medicamentos y productos sanitarios dispensados en las oficinas de farmacia españolas descenderá este año en más de 1.500 millones de euros, según el Observatorio del Medicamento de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE). En conjunto, los retrasos a fin de año superarán los 2.000 millones y afectarán a 15.273 farmacias, un número similar al del mes anterior.
Recurso de alzada
El Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos (CACOF) entiende en su recurso de alzada que la ‘subasta de fármacos’ «atenta» contra la libre concurrencia y competencia. La decisión se adopta después de que iene después de que a comienzos de este mismo mes de febrero de 2012 la patronal de la industria farmacéutica ‘Farmaindustria’ anunciase que solicitará al Gobierno central del PP que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra este Decreto-Ley andaluz que permite la licitación pública de medicamentos, toda vez que también anunciaba que sus servicios jurídicos están estudiando la adopción de acciones legales contra esta resolución del SAS.
Para Farmaindustria, la decisión de la Junta de Andalucía también «vulnera e invade» competencias constitucionales «propias y exclusivas del Estado», en materia de inclusión de medicamentos en la prestación farmacéutica pública y en materia de fijación de precio de los medicamentos financiados con cargo al SNS.
Respuesta de la consejera
Pese a todos estos reveses, la consejera andaluza de Salud, la socialista María Jesús Montero, se ha mostrado «convencida» de que el Gobierno central «no atenderá» el requerimiento elevado por la patronal de la industria farmacéutica ‘Farmaindustria’ para que el Ejecutivo de Mariano Rajoy interponga un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-Ley andaluz que permite la ‘subasta’ de medicamentos.
«La verdad, no creo que se atrevan a presentar un recurso de inconstitucionalidad con el precedente gallego», dijo Montero, quien, en cualquier caso, no ha dudado en advertir que «presentaremos batalla» en el caso de que el Ministerio elevase dicho recurso.
