Los ayuntamientos dispondrán hasta el 31 de marzo para remitir un plan de ajuste que le garantice al Ejecutivo el pago futuro de las deudas
Los ayuntamientos españoles han iniciado una carrera contrarreloj que finalizará el próximo 15 de marzo para poder acogerse al mecanismo de financiación a entidades locales para el pago a proveedores, aprobado el pasado viernes 24 de febrero de 2012 por el Consejo de Ministros.
Una vez conocida toda la información sobre el montante de las facturas pendientes de pago, la corporación local ha de elaborar un plan de ajuste que deberá aprobarse antes del 31 de marzo y que tendrá que ser aplicado en el período de amortización previsto para la operación, siendo remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que realizará una valoración en un plazo de treinta días naturales.
Jerez, con mil millones de deuda global -producto de la gestión de los tres alcaldes democráticos que ha tenido desde 1979- es uno de los municipios que mayor alivio sentirá ya que, según su primer teniente de alcalde, Antonio Saldaña (PP-A), mantiene una deuda con proveedores (pymes, autónomos y constructoras) superior a los 400 millones de euros.
Para lograr mayor liquidez y margen de maniobra financiero, el consistorio jerezano, gobernado por el PP desde las pasadas elecciones locales, ya ha recuperado además el servicio de recaudación de impuestos, que hasta ahora le venía prestando la Diputación Provincial de Cádiz.
No aparenta ser un mal negocio ya que diez entidades financieras han solicitado al Ayuntamiento que amplíe el plazo de presentación de ofertas para la contratación de la entidad gestora de la recaudación de los impuestos, tras la revocación del convenio.
Con esta recuperación el PP consigue que el Ayuntamiento disponga de liquidez todos los meses y autonomía financiera para poder ordenar los pagos, recuperándose la capacidad de decisión mientras se normaliza la situación del Ayuntamiento con la aplicación de las medidas recogidas en el Plan Integrado, en el que se ha volcado el Plan de Ajuste.
Junto a estas medidas, el Gobierno local de Jerez está trabajando en el desbloqueo de una parte del dinero que se trasfiere en concepto de Participación en los Ingresos del Estado (PIE) retenidos al 100% desde enero de 2011 por incumplimiento del convenio que firmó en 2010 el anterior Gobierno del PSOE para el pago de la deuda con Seguridad Social y Hacienda.
La alcaldesa de Jerez ha trasladado directamente al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y al secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, su voluntad de ir arreglando, con un plan de ajuste y medidas concretas
Deuda andaluza
El 89 por ciento de la deuda de los ayuntamientos españoles se localiza en las provincias de Almería, Jaén, Cádiz y Huelva. La comunidad autónoma andaluza, hasta 2010, estaba a a cabeza en tasa de morosidad seguida de la Comunidad Valenciana. De todos los municipios andaluces, cinco de Cádiz (Los Barrios, Barbate, Tarifa, Manilva y Jerez), superan el 56 por ciento de la deuda total en España.
Los ayuntamientos andaluces acumulan 4.527 millones de euros de deuda, según los datos del Ministerio de Economía. Málaga, con 743 millones de euros, y Sevilla, con 544 millones, son los ayuntamientos más endeudados en la comunidad.
El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y alcalde de Dos Hermanas (Sevilla), el socialista Francisco Toscano opina que en la etapa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ya se aprobó que los fondos ICO se hicieran cargo de las deudas con los proveedores, algo que «no dio mucho resultado porque eran fondos a través de los bancos, los cuales que no dieron muchas facilidades, mientras que el problema de fondo de los ayuntamientos es que no tienen capacidad para afrontar pagos».
Los ayuntamientos deben enviar al Ministerio de Hacienda antes del 15 de marzo un listado con las facturas pendientes a fecha del 31 de diciembre del 2011, y dispondrán hasta el 31 de marzo para remitir un plan de ajuste que le garantice al Ejecutivo el pago futuro de las deudas que ahora adelantará el Instituto de Crédito Oficial (ICO) a través de un consorcio con la banca.
«Se trata de facturas reconocidas por lo que aquellas que no lo hayan sido o que permanezcan olvidadas en los cajones no serán pagadas», admite un edil de Hacienda a este diario digital. Los contratistas no incluidos en estas listas podrán reclamar y obtener certificados individuales, pero han de darse prisa porque los plazos son muy cortos.
El proceso no es inmediato, lleva su ritmo. El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales de un Proyecto de Ley Orgánica y un Real Decreto Ley para posibilitar la creación del mecanismo de financiación a entidades locales para el pago a proveedores, así como el otorgamiento del aval del Estado en futuros mecanismos de financiación de todas las Administraciones públicas con la misma finalidad.
La condición que debe cumplir el proveedor para tener derecho al cobro de sus facturas es que se trate de obligaciones pendientes de pago generadas por obras, servicios o suministros realizados antes del 1 de enero de 2012 y que, además, se trate de contratos incluidos en el ámbito de lo recogido en la Ley de Contratos del Sector Público.
Modo de actuación
Con el propósito de conocer la cuantía exacta que tienen pendiente de cobro los proveedores, las entidades locales deberán emitir telemáticamente y con firma electrónica al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, antes del 15 de marzo, una relación de todas las obligaciones pendientes de pago.
En ellas debe constar la identificación del contratista, el importe, la fecha de recepción de la factura y si se ha iniciado o no un trámite judicial por parte del contratista para su cobro.
Las Entidades Locales permitirán a los contratistas consultar su inclusión y las cuantías que les afecta. En el caso de que no aparezcan en el listado los contratistas aportando la documentación necesaria, podrán reclamar a su ayuntamiento que emita un certificado individual y éste no podrá negarse.
La norma contempla que el incumplimiento por parte de los funcionarios competentes de las obligaciones de expedición de certificaciones y comunicaciones previstas tendrá la consideración de faltas muy graves.
Mecanismo de financiación
El mecanismo de financiación que se aprobará en las próximas semanas, y al que los Ayuntamientos podrán acogerse, estará vigente durante 2012. Este mecanismo fijará como criterios para la prioridad de cobro el descuento ofertado sobre el importe principal de la obligación pendiente de pago o la antigüedad de la factura.
Todos aquellos proveedores o contratistas que tengan derecho al cobro podrán voluntariamente hacerlo efectivo mediante su presentación en las principales entidades de crédito del país.
Las entidades locales podrán financiar las obligaciones de pago abonadas a través de una operación de endeudamiento con el suficiente plazo que asegure la viabilidad de la operación.
El objetivo no será otro que garantizar la sostenibilidad de la situación financiera del Ayuntamiento, es decir, que cuente con una adecuada financiación de los servicios públicos y recoger ingresos corrientes suficientes para financiar sus gastos corrientes y la amortización de las operaciones de endeudamiento.
