La Presidencia de la Junta se hace partícipe de buscar las soluciones
El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, se ha apoyado este domingo 26 de febrero de 2012 en una serie de correos electrónicos intercambiados en el año 2010 entre la Consejería de la Presidencia, la Consejería de Empleo y la Dirección General de Trabajo para vincular tanto al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán; al consejero de Empleo, Manuel Recio, y al director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera –imputado actualmente en la investigación de las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta de Andalucía–, en el pago de ayudas sociolaborales a trabajadores prejubilados de la empresa Surcolor, que la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, se encuentra investigando en el marco de esa supuesta «trama».
En rueda de prensa celebrada este domingo 26 de febrero de 2012 en Sevilla, Sanz ha afirmado que estos documentos convierten a Griñán en «conocedor» del procedimiento y la existencia de los hechos denunciados en relación al ‘fondo de reptiles’, por lo que ha exigido al Gobierno andaluz «explicaciones» y la asunción de «responsabilidades políticas».
En concreto, en uno de los correos electrónicos esgrimidos por el ‘número dos’ de los ‘populares andaluces’, desde la Secretaría General de la Presidencia, –inserta en la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía–, se traslada conocimiento del «problema» planteado por una trabajadora de la citada empresa Surcolor acerca del cobro de las pólizas por las «jubilaciones anticipadas» de la compañía, a la Consejería de Empleo, un departamento que, a su vez, remite el caso al director general de Trabajo, Daniel Rivera, quien alude en una comunicación a un «cauce institucional» establecido por la propia Administración para el pago de las referidas pólizas.
De esta manera, la primera carta mostrada por Sanz, fechada en 2010, que inicia la comunicación entre los distintos departamentos del Gobierno andaluz mencionados, está dirigida al «señor presidente de la Junta», y firmada por cuatro trabajadores de la empresa Surcolor que exponen en dicha misiva el «problema» que tienen para el cobro de pólizas de ayudas sociolaborales, y le piden una «cita urgente» al jefe del Ejecutivo andaluz tras señalar además que Rivera «no les había atendido».
Los trabajadores que firman dicha misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, acompañan dicho documento de otra carta, esta vez remitida con fecha 30 de junio de 2009 por la aseguradora Apra Leven a los empleados, con la que éstos tenían suscrita una póliza a través de Surcolor, en la que ésta les anuncia que, debido al «impago» por parte de la citada empresa de «cuotas con vencimiento septiembre 2007 a enero 2008», reduce «un 16,291 por ciento» las prestaciones y las rentas que éstos debían cobrar desde el 30 de junio de 2009, y las sucesivas «un 83,709 por ciento de las inicialmente previstas».
Además, desde Apra Leven advierten a los trabajadores de una nueva reducción de las prestaciones en el caso de que «las negociaciones que actualmente se están llevando a cabo con la Consejería de la Junta de Andalucía para el cobro de las cuotas de la prima fraccionada que se hallan pendientes de abonar, y cuya procedencia de pago es la propia Consejería, resultaran infructuosas y, en consecuencia, dichas cuotas resultaran finalmente y efectivamente impagadas».
A juicio de Sanz, la carta de los trabajadores «hace conocedor directamente a Griñán del procedimiento y la existencia de los hechos que se han ido denunciando», así como de la «gravedad de sus consecuencias».
Se trata de una realidad que además quedaría demostrada, según el ‘número dos’ del PP-A, por el hecho de que fuera la Secretaría General de la Presidencia la que, posteriormente y en un fax enviado en octubre de 2010, remitiera el escrito de los trabajadores de Surcolor al jefe del Gabinete de la Consejería de Empleo, con el ruego de que, desde dicho departamento del Gobierno andaluz, «se pongan en comunicación» con la persona que figura como contacto en la misma «y se les pueda recibir a fin de que puedan exponer su problemática y se estudie las posibles soluciones que pudiera tener».
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Presidencia
«Presidencia se involucra directamente en todo el escándalo de los ERE y el ‘fondo de reptiles’, y se hace partícipe directamente de buscar unas soluciones a los problemas que se estaban produciendo» con esos trabajadores, ha resaltado Sanz en ese sentido.
Posteriormente, la secretaria del consejero de Empleo, Manuel Recio, transmite dicho «ruego» de Presidencia a la Dirección General de Trabajo a través de un correo enviado el 25 de octubre de 2010. «Con esas tres cartas, los tres –en referencia a Griñán, Recio y Rivera– se hacen partícipes y conocedores del sistema del ‘fondo de reptiles».
Por último, el intercambio de correspondencia concluye con dos correos electrónicos enviados por el propio Daniel Rivera. El primero de ellos está dirigido a la secretaria de Recio, y en éste afirma recibir «con cierta sorpresa» la comunicación de los prejubilados de Surcolor, porque «hasta la fecha hemos tenido varias reuniones con representantes del colectivo de prejubilados», e «incluso nos comprometimos a cubrir la parte de la póliza a cargo de la empresa que ésta no podía abonar».
Además, anticipa que desde la Dirección General de Trabajo están «pendientes de tener una reunión» con los trabajadores afectados «para no sólo explicarles los problemas surgidos en el abono de las cantidades correspondientes de estos meses atrás, sino también para comentarles las reuniones que estamos teniendo con la entidad aseguradora –Apra Leven– para encauzar las relaciones entre ambas instituciones y garantizar la fluidez en los pagos a los colectivos».
«Nuestra colaboración y disposición para con los de Surcolor ha sido total en todos los sentidos», puntualiza Rivera antes de opinar que la trabajadora que firma como persona de contacto la misiva inicial, «parece ir un poco por libre del ‘cauce’ institucional que hemos tenido con los interesados», por lo que propone «citarla aparte para hablar con ella y explicarle la situación».
Unos minutos después de enviar dicho correo, el director general de Trabajo mandó otro a una trabajadora de su departamento en el que le aconseja «preparar la ayuda excepcional, si no está lista ya», mensaje con el que acaba la correspondencia mostrada este domingo por Antonio Sanz.
Explicaciones
Al hilo de estos documentos, el secretario general del PP-A ha pedido «explicaciones a Rivera, Recio y Griñán», así como que «se asuman responsabilidades políticas», ya que, en su opinión, el correo electrónico remitido a la secretaria de Recio «deja entrever que hay unos cauces institucionales y otros que no son iguales» en el pago de dichas ayudas.
«Andalucía y los andaluces se merece una explicación», ha subrayado Sanz a este respecto, añadiendo que «su responsabilidad y obligación como cargo público es preguntar y pedir explicaciones». Además, ha remarcado que los documentos mostrados están fechados en 2010 «y no en 2001». «Esto no es Viera ni Fernández», ha puntualizado en referencia a los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, supuestamente implicados en la «trama» de ERE irregulares.
Además, y también a partir de otra presunta irregularidad en el procedimiento de la concesión de una ayuda a una página web de una hermana de la delegada provincial de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Sevilla, Sanz ha lamentado que «parece que como no había viabilidad económica para otorgar subvenciones, la primera condición para recibirlas era tener relación de parentesco con el PSOE». «Es la transgresión de la norma», ha concluido.
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Invercaria
En relación a la sociedad pública de capital riesgo Invercaria, que el PP calificó en su día como «segundo fondo de reptiles», Antonio Sanz ha avanzado que «de las 39 sociedades participadas por Invercaria, 30 se encontraban ya en pérdidas, es decir, el 76’92% de ellas» en el año 2009, cifra a la que se elevaría, de esta manera y según el dirigente popular, «el riesgo asumido por la sociedad pública».
El secretario general ha calificado este dato de «superior al 15%» que, según indicó la consejera de Presidencia de la Junta de Andalucía, Mar Moreno, estaría asumiendo dicha sociedad»».
Asimismo, Sanz ha cifrado en 16’3 millones de euros el coste de los pagos realizados entre los años 2009 y 2010 por Invercaria a sus empresas participadas en concepto de «provisiones para afrontar situaciones de imposible cobro», al encontrarse dichas sociedades en «situación de insolvencia».
«Este es el coste que ha supuesto a los andaluces el fraude de esta empresa», ha asegurado Sanz, quién ha manifestado que el PP «no está dispuesto a aceptar las mentiras de Moreno en este asunto». Además, el número dos del PP andaluz ha retado al Gobierno de Griñán a que «diga ahora si le ha costado o no el fraude a los andaluces».
