LA RTVA solo tiene un 12,2% de cuota de audiencia

El director de Canal Sur se queja de las autonómicas: «Son muy díficiles de gestionar por lo que les rodea»

La Junta de Andalucía ha invertido desde 1989 más de 3.000 millones de euros en la televisión pública con dudosos resultados

El director de Canal Sur se queja de las autonómicas: "Son muy díficiles de gestionar por lo que les rodea"
Pablo Carrasco, director general de la RTVA A8

Es un debate en el que se limitan a hablar de nuestro coste, en bastantes casos basándose en cifras falsas, y se olvida lo que aportamos

Dice fuera lo que no dice dentro, en Andalucía, pese al aluvión de críticas que está recibiendo desde los más variados frentes por su controvertida gestión al frente de Canal Sur, la televisión pública andaluza.

El presidente de la Federación de Radiotelevisiones Autonómicas (Forta), Pablo Carrasco, quizás poniendo el parche antes de la herida, ha manifestado que las cadenas públicas regionales son en estos momentos unos entes «muy díficiles de gestionar» por «todo lo que les rodea». Carrasco admite que es cierto que las autonómicas han perdido audiencia y también que han sufrido la caída de la inversión publicitaria «más que nadie, con una media del 27% frente al 9% de media de las televisiones».

La Junta de Andalucía ha invertido desde 1989 unos 3.000 millones de euros en la agencia pública andaluza de radio, televisión y sociedades filiales, que en 2011 tuvo un 12,2% de cuota de audiencia».

El director de Canal Sur afirmó que los operadores regionales no solo se sienten víctimas de «prejuicios sobre manipulaciones políticas y derroches», sino que tienen que competir con el «duopolio» que hay en el mercado publicitario televisivo, y afrontar una crisis que está provocando que «las Administraciones cada vez nos den menos dinero, hasta el 50 por ciento de recorte, e incluso con casos de desastre en los que dan ni un duro, ni siquiera lo comprometido, y luego rectifican a los tres meses (en alusión a la televisión asturiana)».

«Todo esto hace que las televisiones autonómicas sean muy difíciles de gestionar», afirmó Carrasco, durante su intervención en el III Encuentro de Productores Audiovisuales-Fapae, este jueves 1 de marzo de 2012. Aseguró que a las autonómicas les está perjudicando «el debate poco serio que hay alrededor nuestro y que estamos sufriendo mucho». «Es un debate en el que se limitan a hablar de nuestro coste, en bastantes casos basándose en cifras falsas, y se olvida lo que aportamos», lamentó.

Encuentro audiovisual

Más de 200 profesionales del sector audiovisual se dieron cita en el III Encuentro Anual de Productores Audiovisuales Españoles – FAPAE, jornada organizada por la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE).

El objetivo de estos encuentros es que las empresas productoras junto con otras instituciones y agentes del sector se encuentren una vez al año para debatir y analizar la situación del sector audiovisual. En la jornada, que se estructuró en ponencias cortas y en mesas redondas presentadas por Presidentes de Asociaciones de FAPAE y miembros de su Junta Directiva (Gonzalo Salazar- Simpson (Presidente de AEC), Puy Oria (Presidenta de AMA), Carlos Biern (Miembro de la Junta Directiva de AEPA), Joxé Portela (Presidente de IBAIA), Manuel Cristobal (Miembro de la Junta Directiva de FAPAE), Fabia Buenaventura (Directora General de FAPAE) y José Manuel Lorenzo (Presidente de PATE), en las que se ha reflexionado sobre los próximos retos del ICAA, la relación de las televisiones y los productores, la comercialización del cine español, los contenidos digitales y la internacionalización del sector audiovisual, entre otros asuntos.

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, que presidió la jornada, reconoció que las industrias audiovisuales viven un momento muy delicado, pero que desde la Administración Pública hay plena conciencia de la importancia que tiene este sector, no sólo económicamente, sino también simbólica y culturalmente, a través de la «Marca España» y recordó que la industria audiovisual supone el 1% del P.I.B., con una facturación de 8.000 millones de euros y cerca de 100.000 empleos.

Wert advirtió que el esquema de la subvención que hasta ahora se conoce, tiene que ser modificado y hay que replantear el actual sistema de ayudas, que, en juicio del Ministro «no ha hado unos frutos extraordinarios. Este sistema de ayudas no debe tener un único enfoque, por lo que hay que crear una sistema que nos permita avanzar», y en este sentido, propuso trabajar en tres direcciones, planteando un modelo mixto de financiación desde el Ministerio.

Los objetivos pasan por crear un marco regulatorio que facilite la convergencia de las industrias audiovisuales, -en este sentido se felicitó por la entrada en vigor del nuevo Reglamento de la Comisión de la Propiedad Intelectual, que contribuirá a mejorar la protección a la propiedad intelectual de los creadores-, segundo, llegar a modificaciones acordadas con el sector en las relaciones entre las televisiones y el resto de las industrias audiovisuales, especialmente con los productores, que permitan un beneficio equilibrado, y, tercero, reformar los incentivos fiscales a través de la Ley de Mecenazgo, alcanzando desgravaciones más allá del 18% establecido, para hacer crecer el interés en inversión, no sólo en producción, sino también en distribución y exhibición, y de esta manera, llegar a ser en un verdadero elemento dinamizador del interés industrial en la producción audiovisual.

El secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, destacó en su intervención, que clausuraba el encuentro, «el compromiso de la Secretaría de Estado con los productores» y en la misma línea ha afirmado que propondrán trabajar juntos en un nuevo modelo «que adopte una etapa más moderna y transversal de los contenidos digitales».

Víctor Calvo-Sotelo también anunció que habrá modificaciones de la Ley General de Comunicación Audiovisual y que se va a constituir un grupo de trabajo para redactar una propuesta de agenda digital que fije prioridades, con el objeto de «establecer nuevas políticas, nuevas regulaciones y que permita aprovechar las nuevas tecnologías».

 

 

 

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