«De Invercaria se hablará mucho». Fue lo que el pasado 8 de febrero de 2012 afirmó el coordinador del Área Económica del PP andaluz, Rafael Carmona. Y no se equivocó.
Según publica el diario ABC de Sevilla, la presidenta de Invercaria, Laura Gómiz Nogales, «reconoció en una reunión interna las numerosas irregularidades en la gestión de esta empresa pública y el reparto discrecional de ayudas, y confesó que las más altas autoridades de la Junta estaban al tanto de las mismas».
Según los datos aportados por el coordinador del Área Económica del PP andaluz, Rafael Carmona, del volumen total que manejó Invercaria cifrado en 65 millones de euros, «en torno a 50 millones quedaron fuera de cualquier norma que calculase el procedimiento sobre cómo invertir el dinero público».
El dirigente popular aseguró que, estas cifras, que provenían de las arcas de la Agencia IDEA, «se han manejado libremente». El PP sospecha que la empresa pública Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía SAU (Invercaria) se gestionó como un segundo fondo de reptiles y con idéntico procedimiento al utilizado en el escándalo de los expedientes de regulación de empleo (ERE), que actualmente investiga la Justicia.
Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía (Invercaria) es una empresa pública perteneciente a la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, participada al 100% por la Agencia IDEA. Según su propia página web, la misión de Invercaria es «contribuir al fortalecimiento del tejido empresarial y al cambio de modelo productivo de nuestra región».
Reacción de Invercaria (actualización)
El nuevo presidente de la empresa pública de inversión y capital riesgo de la Junta de Andalucía (Invercaria), Francisco Álvaro Julio, ha asegurado que un informe pericial elaborado por la consultora Gradio aprecia hasta 13 puntos con «serios indicios de manipulación» en la grabación de las conversaciones en poder de la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, encargada de la investigación sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE), en las que, presuntamente, la por entonces presidenta de esta entidad, Laura Gómiz, ordena al exdirector de Promoción, Cristóbal Cantos, para que redacte informes con fechas y datos falsos sobre ayudas ya concedidas.
En rueda de prensa en Sevilla, Álvaro Julio ha negado que haya existido «manipulación», sino la incorporación de expedientes históricos a una nueva herramienta informática de apoyo a la gestión de Invercaria, y ha apuntado como «información relevante y pertinente» que el ex director de Promoción que aparece en la grabación es «hijo del secretario general de Asaja Cádiz y asesor del equipo económico del PP-A», Javier Arenas.
Ética
La denuncia de ABC es demoledora. El rotativo de Vocento publica que su presidenta, Laura Gómiz Nogales, que fue designada por el presidente andaluz, José Antonio Griñán, el 29 de julio de 2010, «mantuvo una reunión con el entonces director de Promoción de Invercaria, Cristóbal Cantos Sánchez, el 26 de abril de 2011, a quien le solicitó que elaborase diversos expedientes con informes falsos y fecha del pasado para justificar ayudas que se habían concedido sin cumplir los requisitos legales, dado que la Cámara de Cuentas estaba realizando una auditoría».
En esta reunión, de la que existe una grabación que ha sido incorporada como prueba judicial al caso de los ERE y a la que ha tenido acceso ABC, Gómiz reconoce las irregularidades, presiona a su subordinado y, cuando este muestra reparos deontológicos a las peticiones de la presidenta, zanja la cuestión con una máxima contundente: «Si me comprometiera con la ética no estaría trabajando con esta organización». A continuación se desglosan con extractos literales las numerosas irregularidades a las que alude la presidenta de Invercaria.
Informes falsos
Tras dejar claro que las ayudas se han otorgado sin cumplir el procedimiento, la presidenta de Invercaria pide a su subordinado que haga informes falsos para justificarlas, a lo que este se niega.
-C. C. «Yo te tengo que ser honrado. Yo te hago un informe y te digo: «Con fecha tal elaboro un informe y hago un Plan de Negocios de esta empresa y con estos datos». Y te lo paso así. Ahora, si tú me dices: «No, hazlo con fecha 2007″… ¡Laura!, ¿cómo voy a hacer eso?» (…)
-L. G. «Bueno, vale, Cristóbal. Entonces, ¿qué me estas diciendo? ¿Que no vas a hacer los… los…?».
-C. C: «Escúchame: yo no puedo hacer un informe que no es cierto. Yo te… tú me encargas un informe. Yo te hago y te pongo la verdad. Y tú decides si merece la pena o no».
-L. G. «Bueno, Cristóbal, entonces no me vales como trabajador de Invercaria».
La presidenta de Invercaria insiste en que Cantos haga los informes sin fecha para poder justificar a posteriori las ayudas otorgadas:
-L. G. «Yo soy la primera que ha recomendado que montemos los expedientes de todas las empresas en las que hemos entrado».
-C. C. «Perfecto, pero con fecha de hoy, ¿no, Laura?»
-L. G. «¿Con fecha de qué?»
-C. C. «De hoy. Es decir, se hace un plan de negocios hoy».
-L. G. «¡No! ¡Y dale con la fecha! ¡No le pongas fecha! (…) La fecha en la que nos… Anterior. Y tú dices: no lo hag… No se hace».
-C. C. «Eso es un informe falso, Laura».
En otro momento, Gómiz admite que se están haciendo informes falsos:
-L. G. «Es que… vamos a ver, en toda la Agencia [IDEA] parece, parece mentira… Es que no te estás dando cuenta: la Agencia está ahora mismo preparando expedientes. La Agencia, todo el equipo directivo de la Agencia…».
-C. C. «Te pregunto: ¿pasados?»
-L. G. «Pasados»
-C. C. «Vale. Laura…».
-L. G. «Cristóbal…».
-C. C. «No quiero saberlo. No quiero saberlo, Laura. Porque me pones en un compromiso. No quiero saberlo».
Ante los reparos éticos de Cantos, Gómiz se muestra contundente:
-L. G. «Si me comprometiera con la ética no estaría trabajando en esta organización».
El PP denunció a primeros del pasado mes de febrero de 2012 que entre los años 2005 y 2010, «Invercaria ha estado opaca al control de la Administración Pública», porque «no ha estado sujeta ni a control público ni financiero».
Rafael Carmona denunció que 50 millones de euros se invertían «en préstamos participativos que nunca se recuperaron», y en los programas «Atalantis, Melkart, Caya y Campus», de los cuáles únicamente el procedimiento de este último «se ajustaba a la Ley de Incentivos».
Para el coordinador del PP, «el procedimiento que se ha seguido es igual al de los ERE: buscar un instrumento público, dotarlo de fondos y otorgarlos discrecionalmente».
