El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Miguel Ángel Gimeno, ha presionado a los magistrados del tribunal que este miércoles –7 de marzo de 2012– se reúnen para decidir si el TSJC acata sentencias del Tribunal Supremo en materia lingüística en las escuelas de Cataluña —Envían miles de emails al TSJC para que desacaten al Supremo–.
Gimeno, en el acto de juramento de 44 nuevos jueces, en el Palacio de Justicia de Barcelona, les ha pedido que se comprometan con la normalización del uso del catalán en la Justicia: «Como líderes en el respeto y los valores democráticos, tenemos que dar un paso más en el cumplimiento de la legalidad» e informar –aunque no sea obligatorio– al justiciable sobre la posibilidad de expresarse en catalán.
Y ha añadido, solo 24 horas antes de que la Sala de lo Contencioso Administrativa del TSJC se pronuncie sobre el intento de paralización de la Generalidad de cinco sentencias del Tribunal Supremo que obligan a la Administración autonómica a reintroducir el español como lengua vehicular en las escuelas —El TS ordena a la Generalitat de Cataluña adaptar su sistema de enseñanza para que el castellano sea lengua vehicular–, junto al catalán, que:
«El catalán no es solo la lengua propia de Cataluña, la que hablan la mayoría de los catalanes y que es aceptada con normalidad por la mayoría de los ciudadanos, sean o no sean catalanohablantes. Yo diría que esta aceptación es un símbolo de la cohesión social que existe en el país».
Gimeno ha lamentado que en las resoluciones judiciales la presencia del catalán sea menor que en los juicios orales: «En el ámbito de la oralidad no hay tanta carencia como en la escritura. Lo que pasa es que se cuenta el éxito por resoluciones escritas y no por la utilización de la lengua en los procedimientos judiciales».
DECIDIR SI SE CUMPLEN LAS SENTENCIAS DEL SUPREMO
Este miércoles, los 24 magistrados de la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) deberán tomar una decisión sobre el recurso de reposición interpuesto por la Generalidad el 9 de septiembre ante la sección 5ª del TSJC.
El pasado 2 de septiembre de 2011, el TSJC dictó un auto dando a la Consejería de Enseñanza un plazo de dos meses para incorporar el español como lengua vehicular de la enseñanza. El TSJC hacía así efectivo las sentencias del Supremo que diversas familias —Sentencia del Supremo: el castellano es lengua vehicular en Cataluña–, aconsejadas por Convivencia Cívica Catalana, vencieron a la Generalidad.
Ante este auto, la Generalidad interpuso el 9 de septiembre de 2011 un recurso de reposición basado en la Ley de Educación de Cataluña (LEC), aprobada entre la aprobación del Estatuto y la sentencia del Tribunal Constitucional, y que también está recurrido ante el TC.
El día 21 de septiembre de 2011, Convivencia Cívica presentó sus alegaciones al recurso de reposición, donde se esgrimía que este recurso de la Consejería de Enseñanza es un «fraude procesal», en palabras del presidente de la entidad, Francisco Caja.
