El entonces alcalde, el socialista Antonio Antúnez, tuvo que abstenerse en la votación porque había trabajado para el constructor
Caja Castilla-La Mancha (CCM) hizo la vista gorda a la hora de financiar al promotor Felipe Barbarroja y las 340 viviendas que levantó en el PAU Z9 del municipio toledano de Chozas de Canales.
Tras ocho años de pleitos, el Tribunal Supremo decretó el pasado mes que las viviendas son ilegales, ya que se construyeron en suelo rústico y sin los pertinentes permisos urbanísticos.
Es una incógnita por qué CCM concedió los créditos al constructor y a los compradores que se subrogaron a las hipotecas (unos 34 millones de euros) y que hoy son dueños de casas ilegales y devaluadas.
Ccomo explica Javier Chicote en ‘ABC’, Chozas de Canales, un pequeño municipio de La Sagra, es el paradigma del estallido de la burbuja inmobiliaria.
En 2003, el promotor ya había levantado más de cien unifamiliares, pese a que no contaba con permisos.
Un año después, el ayuntamiento aprobó el PAU pese a la ausencia de los informes correspondientes de la Junta de Castilla-La Mancha. Ni siquiera tenía el suministro de agua garantizado.