El ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero no dormía todas las noches en su casa del municipio sevillano de El Pedroso, sino que muchos días, tras haber tramitado ERE irregulares y otorgado ayudas sociolaborales fraudulentas, intentaba conciliar el sueño en un piso de la capital hispalense.
Hasta allí era conducido por su chófer -también beneficiado de estas concesiones-, según consta en su declaración, a la que ha tenido acceso La Gaceta, ante la juez Mercedes Alaya.
Durante el interrogatorio, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla se interesó por las propiedades del principal imputado de esta trama, y fue entonces cuando Guerrero reveló que no todas las jornadas laborales dicho chófer -quien le ha acusado de consumir cocaína- le recogía a primera hora en El Pedroso y luego lo llevaba de vuelta.
Eso era sólo «a veces», relató, puesto que la Junta de Andalucía le había habilitado en alquiler un piso situado en la calle Camilo José Cela, cuya renta, dijo creer, «eran unos 1.100 o 1.200 euros».
Previamente, el ex director general informó a Alaya de que su sueldo era «de unos cuatro mil y pico» euros al mes, pero además cargaba al Gobierno andaluz los gastos de comidas, hoteles y desplazamientos. Asimismo, en el texto de su declaración figura cómo el inculpado asegura haberse convertido en «una presa fácil» y en el «objetivo ideal» para que dirigentes del PSOE y altos cargos de la Junta «quieran salvar su honorabilidad denigrando» la del acusado y su familia.
Asimismo, Guerrero expuso que a su suegra, una ex trabajadora, le concedió una ayuda sociolaboral sin consultarlo a sus superiores, dados los vínculos familiares, porque, manifestó ante la juez, «no se cuestionó la ilegalidad de la ayuda, pues cumplía los mismos requisitos que otros trabajadores».
En otro caso concreto abordado por Alaya, el de los intrusos del ERE de Aglomerados Morell, justificó la inclusión en una póliza de su presidente, de 69 años, pese a estar jubilado desde el año 2000, porque «se conservaba bien» y no aparentaba esa edad.
En otro pasaje de su declaración, Guerrero contó que nada más tomar posesión como director general de Trabajo en 1999, ya la Intervención Delegada de la Junta puso «reparos» por la «excepcionalidad de las ayudas» que se estaban pagando a Cárnicas Molina de Jaén.
A partir de aquí, subrayó Guerrero a la instructora, se diseñó el polémico mecanismo de pagos porque «en la Consejería de Trabajo se tenía la preocupación de que lo mismo que había ocurrido en Cárnicas Molina se extendiera a Santana Motor, Astilleros, la Bahía de Cádiz e incluso la Faja Pirítica de Huelva».
Ante ello, el entonces consejero de Empleo, José Antonio Viera, y el viceconsejero Antonio Fernández «le transmiten que había que dotarse de un sistema operativo con los propios medios de la Consejería de Empleo» con el objetivo de mantener la «paz social». Además, resaltó que si bien los únicos que podían imponer la concesión de ayudas eran el consejero y el viceconsejero, había otros que «le daban la lata».
«Intencionalidadn política»Preguntado también por la magistrada Alaya sobre si tras las 35 subvenciones otorgadas a empresas de la Sierra Norte sevillana en vísperas de las elecciones generales y autonómicas de marzo de 2004 hubo intereses partidistas, Guerrero contestó que «detrás de la gestión de un político siempre hay intencionalidad política».
