La ocupación de puestos en empresas públicas o participadas por el Estado por parte de expolíticos o personas muy cercanas a los partidos es la norma habitual con cada Gobierno
Vivimos tiempos en que los gestos y las actitudes en el ejercicio de los cargos públicos son más importantes que nunca.
La ciudadanía española, sensibilizada por la crisis y sus efectos, observa con mayor vigilancia y detalle todos los comportamientos y las maneras de aquellos que, por mandato democrático, están desempeñando tareas de relevancia en nuestras instituciones públicas.
Y es con ese telón de fondo, donde hay que enmarcar el rocambolesco y publicitado asunto de Ignacio López del Hierro y su decisión de renunciar al bien pagado puesto de consejero de Red Eléctrica Española (REE).
Afirma Fernando Garea en ‘El País‘ –La Moncloa forzó que el marido de Cospedal renunciara a Red Eléctrica– que ha sido el propio Mariano Rajoy, haciéndo llegar su malestar a la presidenta de Castilla-La Mancha, quien empujó a esta a presionar a su marido, para que abandonase al cargo.
A última hora de la tarde del pasado jueves, 15 de marzo de 2012, Ignacio López del Hierro annunció que renunciaba al puesto.
Red Eléctrica es una empresa privada controlada por el Estado, cuyo presidente lo decide el Gobierno de turno y donde cada uno de los 11 consejeros, a los que de una forma u otra coloca el Ejecutivo, cobra un sueldo de 180.000 euros al año sin tener que hacer gran cosa.
El entorno de Cospedal asegura tajante que nadie llamó ni pidió nada y que fue Ignacio López del Hierro por su propia voluntad, ‘para no perjudicar a su esposa‘, quien decidió dar marcha atrás:
«El que diga lo contrario miente».
No es lo que sostiene Fernando Garea. El periodista de ‘El País‘ afirma que no sólo Rajoy sino la propia vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, habrían trasladado a la secrretaria general de alguna manera su malestar.
Es evidente que la noticia de que el marido de Cospedal entraba en el consejo de REE, filtrada por gente en las altas esferas del PP, no podía llegar en un momento más inoportuno para Sáenz de Santamaría, que precisamente este 16 de marzo iba a vender tras el Consejo de Ministros un plan de extinción de 24 empresas públicas y nueve fundaciones, desinversión en otras ocho y venta de la participación en 25 sociedades mercantiles.
Y todo ello, apenas dos semanas después de haber aprobado una reducción de los sueldos en este tipo de organismos.
La incansable vicepresidenta, a la que no salpica ni el menor escándalo o sospecha y cuyo marido, abogado del Estado como ella, es de una discreción monacal, sostiene contra viento y marea que el discurso de la austeridad, del que hacen bandera bandera el PP y sus dirigentes, debe ir acompañado en todo momento de acciones que lo acrediten.
Y tiene razón Soraya, porque además de evitar y perseguir los casos de manifiesta y evidente corrupción, nuestros dirigentes políticos deben establecer criterios claros ante determinados hechos que surgen y crecen en las fronteras ambiguas de lo alegal, allí donde pueden darse confusiones, solapamientos y coincidencias poco explicables entre los intereses particulares y los intereses públicos.
La ocupación de puestos en empresas públicas o participadas por el Estado por parte de expolíticos o personas muy cercanas a los partidos es la norma habitual con cada Gobierno. Y el PP, como hizo el PSOE antes, se dedica a ello con esmero, aunque en el caso de REE se haya hecho un punto y aparte.
Hay quien sostiene que, además del escándalo en los medios de comunicación, ha influido la sorda y apenas visible batalla que se desarrolla en el seno del PP, entre los dirigentes veteranos, más cercanos a Mato y Javier Arenas, y los cospedalistas.
En la calle Génova, hay quien sugiere que también ha pesado en la crisis la rivalidad nunca reconocida entre Cospedal, secretaria general del partido, y Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz, vicepresidenta del Gobierno y la figura que más acceso tiene a Rajoy y más influye en las decisiones clave.
LOS CHOLLOS DE LOS CONSEJOS
Josep Piqué. Acaba de ser designado representante del Estado en el Consejo de Administración de EADS, la sociedad europea que fabrica el Airbus. Desde 2007 es el presidente de Vueling, la compañía aérea privada de bajo coste.
Elena Pisonero. Consejera y futura presidenta de Hispasat. Acaba de ser nombrada presidenta de Paradores, empresa pública que depende del Ministerio de Economía. Estuvo casada con Rodrigo Rato.
Ricardo de Cospedal. Ha sido nombrado director de la Fundación Carolina, una entidad mixta público-privada, en sustitución de Rosa Conde. Es hermano de la número dos del Partido Popular y presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal. Es experto en cooperación y desarrollo.
José Ramón Bujanda Sáenz. Es cuñado del ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete. Ha sido nombrado presidente de la Sociedad Estatal de Caución Agraria (Saeca), que depende de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y del Ministerio de Agricultura.
Ignacio López del Hierro Bravo. Es consejero de la empresa Gecina y asesor de la sociedad Avanzit.
