La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta de Andalucía, ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza y ha impuesto una sanción de 2,3 millones de euros en concepto de responsabilidad civil al exchófer del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, que ha asegurado que ha destinado cerca de un millón de euros de las ayudas recibidas a comprar cocaína.
La decisión de la magistrada, que se ha dado a conocer pasadas las 2,00 horas del miércoles 21 de marzo de 2012, se produce después de que la Fiscalía Anticorrupción y el resto de acusaciones -PP, Junta y Manos Limpias- solicitaran el ingreso en la cárcel de Juan Francisco Trujillo, argumentando para ello el riesgo de fuga, la gravedad de los hechos, pues sólo por el delito de malversación podría ser condenado hasta a 12 años de cárcel, la alarma social y la posibilidad de que pueda entorpercer el curso de la investigación.
Antes de tomarle declaración, la cual se ha prolongado por espacio de ocho horas, la magistrada imputó al exchófer un total de once delitos, como son sendos delitos continuados de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y malversación, así como tres delitos de falsedad en documento oficial, otros tres de obtención indebida de subvenciones, y un último delito de falsedad en documento mercantil.
No obstante, y a la vista de lo asegurado por Trujillo a lo largo de su comparecencia, la juez Mercedes Alaya dice que podría ser responsable también de un delito de alzamiento de bienes «por la venta de las distintas fincas» de su propiedad o de sus sociedades, todo ello «conociendo las actuaciones inspectoras de la Agencia Tributaria e incluso conociendo la existencia del presente procedimiento, ya que la venta de uno de los terrenos se produjo en noviembre de 2011».
En el auto de prisión, consultado por Europa Press, la magistrada hace referencia al hecho de que el imputado ha puesto de manifiesto que dos contratos de trabajo que aparecen en su vida laboral «son falsos», hechos que «podrían incardenarse en dos delitos continuados de falsedad en documento mercantil», a lo que se añade que «ha reconocido haber recibido importantes sumas de dinero como consecuencia de tres facturas falsas» emitidas a Dhul y Delphi -de 6.960 euros cada una de ellas- y una última a Estudios Jurídicos Villasís por importe de 6.000 euros.
Según la juez, estos hechos, «al margen de constituir tres delitos de falsedad en documento mercantil, en la medida que dichas facturas fueron pagadas en atención a Guerrero, probablemente por favores concedidos por éste último o pendientes de conceder, constituirían asimismo tres delitos de cohecho». Asimismo, Trujillo «ha reconocido su participación en dos presuntos delitos de cohecho» cometidos por el directivo de Vitalia Antonio Albarracín y por Guerrero, «al haber servido al menos de receptor de dos sobres de dinero entregados a modo de comisión» por Albarracín.
SEGUNDO IMPUTADO EN PRISIÓN
La juez considera que existe riesgo de fuga y que Trujillo no tiene arraigo social, a lo que se suma que su ingreso en prisión provisional «vendría a preservar documentación de relevancia que podría tener el imputado sobre sus sociedades», ya que, de decretarse su puesta en libertad, «podría influir en la destrucción» de facturas «falsas» con el objetivo de «ocultar nuevas pruebas que incrementen su larga actividad delictiva».
De este modo, Trujillo se convierte en el segundo imputado en esta causa en ingresar en prisión tras Francisco Javier Guerrero, que se encuentra en la cárcel de Sevilla-I desde hace diez días y a quien la juez ha impuesto una fianza de 686 millones de euros para responder de las posibles responsabilidades pecuniarias derivadas de las presentes actuaciones.
