Las subvenciones de la Generalidad, al margen de la ley

La Generalidad supedita las ayudas a la integración de discapacitados y la lucha contra la pobreza al uso del catalán

Multas lingüísticas a comerciantes, ayudas para erradicar la pobreza pero en catalán y ahora subvenciones a las empresas para integrar a los discapacitados pero solo si la empresa lo hace en catalán

La Generalidad supedita las ayudas a la integración de discapacitados y la lucha contra la pobreza al uso del catalán
Mas y Oriol Pujol, tras la elección del primero como presidente de CDC y del segundo como secretario general CiU

La Consejería de Empresa y Empleo de la Generalidad de Cataluña repartirá 47 millones de euros en subvenciones a las empresas que fomenten la integración laboral de personas con discapacidad, tanto intelectual como física, siempre y cuando los rótulos, la señalización, los carteles de información general y los documentos de oferta de servicios estén redactados en catalán —CiU reparte casi 3 millones en subvenciones para el circo, el teatro y la danza en catalán–.

Así lo establecen los requisitos exigidos a las empresas que quieran optar a dichas ayudas –correspondientes al año 2012– y que han sido publicados este lunes en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (órdenes EMO/65/2012 y EMO/66/2012), según recoge La Voz de BarcelonaLa Generalidad solo subvenciona a las empresas que fomentan la integración de discapacitados si rotulan en catalán–.

AYUDAS DE HASTA EL 75% DEL COSTE SALARIAL

Las subvenciones suponen, en uno de los casos, hasta el 75% del coste salarial de los discapacitados para las empresas que estén registradas como centros especiales de empleo, con el objetivo «financiar iniciativas para el mantenimiento de puestos de trabajo» de esas personas.

Y en el otro, hasta 1.669,57 euros anuales por cada persona discapacitada, en concepto de «ayudas complementarias en reconocimiento y compensación al esfuerzo de los centros en la contratación de personas trabajadoras más cualificadas en las unidades apoyo».

En ambos casos uno de los «requisitos de las entidades solicitantes», cuyo incumplimiento es causa de revocación de la subvención, es el de «cumplir los requisitos establecidos en los artículos 32.1, 32.3 y 36.4 de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística».

NO HAY EXIGENCIA LEGAL EN LA RELACIÓN PRIVADA

¿Qué «requisitos» establecen estos artículos de la ley de política lingüística?

Las empresas y establecimientos dedicados a la venta de productos o a la prestación de servicios que desarrollan su actividad en Cataluña deben estar en condiciones de poder atender a los consumidores y consumidoras cuando se expresen en cualquiera de las lenguas oficiales en Cataluña.

La señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios para las personas usuarias y consumidoras de los establecimientos abiertos al público deben estar redactados, al menos, en catalán. Esta norma no se aplica a las marcas, los nombres comerciales y los rótulos amparados por la legislación de la propiedad industrial.

Los rótulos e informaciones de carácter fijo y que contengan texto que han de constar en el interior de los centros laborales dirigidos a las personas que trabajen en los mismos deben figurar, al menos, en catalán.

Esta normativa, que obliga a las entidades privadas a atender –oralmente o por escrito– a sus clientes, al menos, en catalán, fue derogada por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, de junio de 2010 —CiU sigue otorgando subvenciones con trato de «preferente» al catalán–.

Entonces, el Alto Tribunal estableció, en el fundamento jurídico número 22, lo siguiente:

El deber de disponibilidad lingüística de las entidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al público no puede significar la imposición a éstas, a su titular o a su personal de obligaciones individuales de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo en las relaciones privadas, toda vez que el derecho a ser atendido en cualquiera de dichas lenguas sólo puede ser exigible en las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos.

CONTRA LA POBREZA, PERO SOLO EN CATALÁN

A pesar del fallo del Tribunal Constitucional, al igual que ocurre con las multas lingüísticas a los comerciantes que no rotulan en catalán, la Generalidad de Cataluña continúa ignorando sistemáticamente el fallo del Alto Tribunal.

Así, la convocatoria de subvenciones realizada hace cuatro semanas –a finales de febrero de 2012– por la Consejería de Bienestar Social y Familia de la Generalidad de Cataluña para las entidades que combaten la pobreza estableció los mismos requisitos: solo podrán optar a las ayudas, aquellas que utilicen el catalán en sus rótulos y comunicaciones.

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