La Generalidad de Cataluña, en manos de CiU, está llevando a cabo el mayor recorte de la historia democrática a la sanidad pública y al Servicio Catalán de Salud. Cierre de unidades asistenciales, camas de hospitalización y quirófanos. Recortes en salarios y derechos a los empleados públicos que afectarán a la ciudadanía —Los recortes de Mas: un hospital catalán da por muerto a un paciente que sigue vivo–.
Para la Federación de Asociaciones Para la Defensa de la Sanidad Pública (FAPDS) estas medidas tienen un objetivo claro: la privatización del sistema sanitario catalán. Así lo ponen de manifiesto en un informe que han elaborado recientemente.
Esta política de adelgazamiento del Estado –en Cataluña liderada por CiU, y en toda España, por el PP– y de venta al por mayor de los servicios esenciales de los ciudadanos de Cataluña, según la FAPDS, está plagada de conflictos de intereses y caracterizada por la falta de transparencia.
A FAVOR DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y EL SECTOR PRIVADO
Desde la entidad han señalado que Artur Mas (CiU), presidente autonómico, apoyó a la industria farmacéutica cuando el Consejo Interterritorial del Servicio Nacional de Salud decidió obligar a los médicos a recetar por principio activo. Y han recordado las palabras del presidente de la Generalidad:
«[Tenemos] la necesidad de una industria fuerte y de políticas que no busquen solo abaratar los precios de los medicamentos».
En otro foro, organizado por la consultora Price Waterhouse Coopers (PwC), Mas trasladó a los empresarios la necesidad de incrementar la participación del sector privado en los servicios públicos, los que debería profundizarse especialmente en sectores como la sanidad y la educación, salvando únicamente a las empresas de seguridad.
RUIZ Y PRAT
Con estos ejemplos como precendetes, y situados en el contexto político, la FAPDS pone la lupa en dos polémicos nombramientos de Mas, el del consejero de Salud, Boi Ruiz, y Josep Prat, presidente del Instituto Catalán de Salud (ICS).
Ruiz –según se recoge en el informe– es defensor de una sanidad catalana de dos velocidades, con unas prestaciones básicas públicas, complementadas por un seguro privado a partir de un nivel de renta.
Antes de su nombramiento, era presidente de la Unión Catalana de Hospitales, patronal de empresas del sector sanitario de Cataluña que engloba 380 centros. Sus propuestas supondrán un enorme negocio para el grupo hospitalario privado.
Por su parte, Prat compaginaba, hasta fechas recientes, su cargo de alta responsabilidad en la sanidad pública catalana con la vicepresidencia de USP Hospitales, uno de los mayores grupos sanitarios privados, y el holding Innova de Reus, surgido de la propia sanidad pública.
Cobraba 280.000 euros anuales de Innova, más 400 euros de dietas por cada reunión del ICS a la que acudía. Prat ha dimitido de Innova y USP, pero sigue al frente del ICS.
DELOITTE Y PWC
Pero el informe de FAPDS va más allá. Desde la entidad se cita a dos empresas auditoras que están detrás de la mayoría de los estudios del sector público. Estas compañías, en teoría, ejercen de garante de que se cumple la ley, de que los datos de las cuentas son fiables y de que no existen conflictos de intereses que empañen las decisiones tomadas por las empresas o las administraciones públicas.
La primera regla de oro es que la empresa auditora debe ser totalmente imparcial y no debería tener entre sus directivos personas que tengan relaciones cruzadas con los profesionales de los centros o empresas auditadas.
Pues bien, en el informe se indica que Deloitte y PwC obtuvieron muchos contratosde la Generalidad que podrían suponer no ser fiables en sus informes. PwC obtuvo en los últimos meses una quincena de contratos por los que se embolsó más de 1,6 millones de euros y Deloitte otros 23 contratos.
¿Por qué podrían no ser fiables? Para la FAPDS, por algunos de sus directivos. Deloitte fichó a David Madí, ex secretario de Comunicación de Convergència Democràtica de Catalunya y antigua mano derecha de Mas. Y en PwC está, desde hace unos meses, Joaquim Triadú, ex consejero autonómico de Jordi Pujol (CiU).
CONFLICTO DE INTERESES
Finalmente, el informe critica que los recortes de la sanidad catalana incrementen las listas de espera, provoquen graves consecuencias en la salud de su población y CiU quiera tocear y privatizar el sistema.
Y se apunta que:
«Los conflictos de intereses han constituido una red que ahoga la sociedad catalana y dificulta su desarrollo económico y hace aún menos defendibles los recortes en salarios, servicios y derechos de su población».
