El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha anulado los nombramientos a dedo para puestos de asesores de confianza con los que la Diputación de Ciudad Real recolocó -en vulgo, enchufó- a seis dirigentes del PSOE a los que las elecciones autonómicas y municipales frustraron sus expectativas políticas y su sueldo por cuenta del erario público.
Se trata de tres aspirantes a alcalde que perdieron los comicios; de dos altos cargos de la Junta que presidía José María Barreda y que fueron desalojados tras el triunfo del PP, y del propio ex vicepresidente de la Diputación Ángel Amador, que en 2011 no encontró acomodo en la lista, pero al que se pretendía compensar ahora como «asesor coordinador de presupuestos».
Explica Joaquín Manso en ‘El Mundo’ que la sentencia, en la que el tribunal se expresa en términos muy contundentes, censura una situación que retrata la utilización de las administraciones públicas como estructuras clientelares mediante el abuso de la figura del asesor de confianza.
La demanda, que se ha resuelto en apenas nueve meses, fue presentada por la Sección Sindical de CCOO en la Diputación de Ciudad Real y en ella se denunciaba:
«La discriminación positiva a favor de ciertas personas y en razón a sus anteriores cargos políticos o de confianza, que no pueden servir como mérito para el acceso al empleo público, o bien por haber figurado como candidato en las listas a elecciones municipales por el mismo partido político con mayoría absoluta en el Pleno de la Diputación que crea estos puestos de trabajo eventuales y sustenta al presidente que después los nombra».
Efectivamente, el Pleno de la Diputación adaptó tras las elecciones los cargos de «asesor coordinador de presupuestos» y de «asesor coordinador de compras» y su presidente los asignó, respectivamente, al mencionado Ángel Amador y a Julián Nieva, que se había quedado como concejal raso en Manzanares -sin sueldo- tras perder las elecciones.
También se creó el puesto de «coordinador de deportes», para el que se designó al ex campeón de Europa de medio fondo Roberto Parra, que venía de ser director general de ese mismo ramo en el Gobierno de Barreda y que acababa de fracasar en su carrera a la Alcaldía de Socuéllamos.
La resolución del Tribunal Superior sugiere la «preconcepción de las plazas» y sienta un importante precedente al dejar claro que el asesoramiento también es una tarea propia de los funcionarios de carrera, por lo que la creación de puestos eventuales de confianza es «excepcional» y exige «una motivación completa y exhaustiva que permita evidenciar sin lugar a dudas que no se está introduciendo en la estructura administrativa a personas que, sin pasar por el más mínimo control de mérito y capacidad, acaban ejerciendo funciones para las que se reclama la debida preparación que atribuye la superación de las debidas pruebas selectivas y que adorna, por definición, a un funcionario de carrera». Esto es, a juicio de la Sala, lo que ha ocurrido en este caso.
El Pleno dispuso asimismo la creación de otros tres cargos de «secretario gabinete de área» -los puestos de asesor de confianza crecieron, en plena crisis, de ocho a 14-, que se asignaron a Francisco Javier Vicario (que había sido jefe de Gabinete del delegado provincial de la Junta de Barreda), a Inmaculada Jiménez (que venía de ser coordinadora del Instituto de la Juventud) y a Eduardo Valle (que acababa de perder las elecciones en Bolaños).
La propia Diputación reconoce que ese puesto puede ser desempeñado por funcionarios o por eventuales, «extravagancia», según la sentencia, que «carece del más mínimo encaje jurídico».
