Los Presupuestos Generales del Estado de 2011, aún en vigor y que el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ni siquiera llegó a prorrogar, endosando este trámite al Ejecutivo saliente de las urnas el 20-N, albergaban y albergan algún que otro regalo del anterior inquilino de La Moncloa a su tierra.
Ejemplo de estos agasajos es la asignación de ocho millones de euros al Ayuntamiento de León (entonces gobernado por el PSOE) para la «construcción y equipamiento» del Palacio de Congresos de la ciudad, una partida que el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha eliminado en la elaboración de las cuentas de 2012, recién presentadas al Congreso.
En un ejercicio de austeridad que tanto reclama la maltrecha situación de las arcas públicas, los populares han decidido no renovar esta concesión y la mayoría de aquellas otras que se conocen como «subvenciones nominativas», otorgadas de manera directa, sin necesidad de que la entidad beneficiaria compita con otras y su solicitud tenga que cumplir con una serie de requisitos técnicos.
El Gobierno da así un paso en la línea que marca la futura Ley de Transparencia y Buen Gobierno, cuyo anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 22 de marzo y que ha recibido 3.600 aportaciones ciudadanas para una mejora de la redacción del texto.
Esta normativa, además de suponer la prohibición de las subvenciones a dedo, permitirá, entre otras medidas, que los españoles conozcan más en detalle, por ejemplo, el coste de las cumbres internacionales o las remuneraciones que perciben los altos cargos.
De esta forma, el Ejecutivo cumple en la cuentas de 2012 con el mandato parlamentario de la Cámara Baja del pasado 27 de marzo.
El Congreso aprobó ese día por 178 votos a favor, 129 en contra y 16 abstenciones una proposición no de ley del PP en la que se instaba al Gobierno a legislar para que la excepción de las subvenciones nominativas «no se convierta en la regla».
Los populares pidieron «cerrar de verdad» el camino a esas ayudas que se otorgan al margen del procedimiento ordinario basado en un régimen de concurrencia competitiva que garantiza «comparación, valoración y prelación entre las diversas solicitudes».
Esta ayuda de ocho millones se agrupa en un paquete de asignaciones correspondientes al anterior Ministerio de Industria que supera los 70 millones de euros. Entre ellas también figura otra de 3,5 millones al Ayuntamiento de Córdoba (gestionado entonces por IU y PSOE) para un palacio de exposiciones.
Además, ambas subvenciones «colgaban», según fuentes del Ejecutivo, del presupuesto de la subsecretaría del ministerio, departamento cuya gestión debe ser el funcionamiento interno de la propia cartera.
NOTA.- leer artículo originl en ‘La Gaceta’