UGT y CCOO recibieron 51,6 millones de euros en 2009 en subvenciones de la Generalidad y del resto de administraciones locales, comarcales y provinciales de Cataluña —¿Debe subvencionarse a los sindicatos?–.
Estos dos sindicatos se llevaron el 96,8% de lo que repartieron las instituciones en los ámbitos local, provincial y autonómico. Repartieron, en total, 53,3 millones de euros.
Pese a que UGT y CCOO recibieron el 96,8% tienen una representanción, mayoritaria, pero del 89,4% de los delegados sindicales. Así figura en el último informe de la Sindicatura de Cuentas de la Generalidad.
Además, la Sindicatura autonómica denuncia que «se ha puesto de manifiesto en algunos casos que el otorgamiento de subvenciones por el procedimiento de concesión directa con carácter excepcional puede atentar contra el principio de igualdad y contra el derecho a la libertad sindical, debido a que no se da concurrencia al resto de organizaciones sindicales».
LA GENERALIDAD, LA QUE MÁS ENTREGA
En concreto, la organización dirigida por Josep Maria Álvarez (UGT) recibió 26.039.195,09 euros en ayudas públicas a fondo perdido, mientras que el sindicato liderado por Joan Carles Gallego (CCOO) fue agraciado con 25.542.014,14 euros.
En tercer lugar, Unió Sindical Obrera (USOC), con 957.501,24 euros. Y tras estos, la Intersindical-Confederació Sindical de Catalunya (I-CSC), con 355.561,85 euros, e Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), con 247.041,66 euros. La lista la completan otras 17 organizaciones sindicales.
El Servicio de Empleo de la Generalidad de Cataluña (SOC) es la entidad que más ayudas ha concedido a los sindicatos (42,7 millones de euros, 80,2% del total), seguido por la Consejería de Trabajo (4,3 millones, 8,1% del total).
También destacan en el informe de la Sindicatura de Cuentas las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Barcelona –poco más de un millón de euros– y por la Diputación de Barcelona, 858.225,80 euros.
IRREGULARIDADES
La entidad autonómica, encargada de fiscalizar a las instituciones públicas, ha criticado que, «en algunos casos», la determinación del importe de la subvención se realice «en función de la representatividad» del sindicato, aunque no se recoja normalmente en las bases reguladoras de las ayudas.
Finalmente, entre las irregularidades detectadas por la Sindicatura se apunta a la falta de publicidad del otorgamiento de la subvención una vez finalizado el procedimiento.
Y ha constatado, en el informe, que «la justificación documental de las acciones subvencionadas solo abarca el importe de la subvención otorgada», mientras que la normativa exige que también acrediten «la realización de la obligación principal que motivó el otorgamiento de la subvención».
