La pregunta es: ¿se resuelve el problema pidiendo su cabeza?
El «cese fulminante», «indigno del pueblo gallego» y todo tipo de sugerencias y calificativos procedentes del PSdG, del BNG y de otros partidos extraparlamentarios, sacuden a la figura actual del Valedor do Pobo de Galicia.
Hasta el momento ningún inquisidor ha sugerido enviarle directamente a la hoguera, pero poco más le falta escuchar al que fuera magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Benigno López, que en 2007 tuvo la debilidad de aceptar el cargo de Valedor con la unanimidad de los tres grupos parlamentarios que conformaban la Cámara.
El otro día cometía la herejía institucional de abogar por la supresión de la Ley de Dependencia (que se incumple por falta de financiación) y, en un brote de incontinencia verbal, calificar los recortes del Gobierno de «imprescindibles, justos y necesarios». Claro, a los pocos minutos se ponía precio a su cabeza.
La oposición ha iniciado la caza del Valedor. Pero no la caza mayor del cargo institucional, o sea, la supresión de esa institución absolutamente prescindible, que a muchos gallegos les habría parecido «justa y necesaria».
Sino la caza menor, cutre, electoralista de la persona, de su señoría Benigno López, que se ha metido en camisa de once varas, se ha extralimitado en sus funciones y ha herido la sensibilidad de dependientes y familiares de los mismos en Galicia.
Matar moscas a cañonazos
Resulta deprimente la fulminante reacción de la oposición bipartita utilizando los cañones para matar moscas. El general de los socialistas gallegos, Pachi Vázquez, y el general de los nacionalistas, Francisco Jorquera, han decretado la caza del hombre, del nombre, en vez de lanzarse a la demolición de la institución. Quizá tengan esperanzas de renovar el gobierno bipartito y quieran mantener el chiringuito por si hace falta colocar «amigos».
Decepcionante, por otra parte, el «enroque» del Partido Popular, que ha podido aprovechar esta ocasión (que le han brindado en bandeja) para cortar por lo sano y echarle el cierre a una institución cuyos informes no son vinculantes y en cuyas intervenciones parlamentarias se duermen sus señorías presentes y se baten records de señorías ausentes.
Un «kiosko» que cuesta algo más de 2 millones de euros al año, que mantiene un coche oficial de 62 mil euros, 312 mil euros al año en nóminas de altos cargos y consume cientos de kilos de papel mojado (con miles de quejas de gallegos), con el que sus señorías y los miembros del gobierno acaban limpiándose esa parte donde la espalda pierde su noble nombre.
La dependencia carece de partidas presupuestarias
Si alguien sabe de qué pie cojea la cacareada Ley de Dependencia de Zapatero, son los gallegos. Aquí, el envejecimiento de la población alcanza a un gran número de hogares y se muestra en toda su crudeza el implacable factor humano de la dependencia. Las carencias presupuestarias y las dificultades de acceso a las ayudas prometidas, las han padecido y las padecen miles de familiares con personas a su cargo.
Pero es verdad que, aunque inunden al Valedor con sus justificadas quejas, no es el titular de esa institución el que debe pedir la abolición de la Ley; sólo debería limitarse a hacer de mensajero entre las quejas de los ciudadanos y el Parlamento gallego. Don Benigno López, se ha pasado usted tres pueblos.
La pregunta es: ¿se resuelve el problema pidiendo su cabeza? ¿Muerto el perro, se acabó la rabia? Esa es la cuestión. La incompetencia del actual Valedor do Pobo es sólo una anécdota. De lo que se trata, en realidad, fuera de oportunismos y frivolidades políticas, es de la necesidad de mantener la institución o la racionalidad de clausurarla y ahorrarse una pasta en otra «institución florero». Un Valedor cuyos informes no sean vinculantes, hará muy bonito, adornará la Autonomía Gallega, pero es una obscenidad en un país que desangra de desempleo, en el que se desesperan los hipotéticos beneficiarios de la Ley de la Dependencia y en el que se atraviesan cada día más umbrales de la pobreza.
La batalla mezquina del Valedor gallego vuelve a poner en evidencia a la especie política. Castilla-La Mancha ya ha eliminado esa institución prescindible. Y otras cuatro comunidades autónomas, Islas Baleares, Cantabria, Extremadura y Madrid, tuvieron la lucidez de no ponerla ni siquiera en marcha.
La solución no es cortarle la cabeza a Benigno López, sino tener el valor político, tanto en la oposición como en el gobierno gallego, de eliminar ese otro florero oficial cuyos gastos salen del bolsillo de los gallegos.
