El artículo 155 del Estatuto de Autonomía de Cataluña establece que la Generalidad tiene «la competencia ejecutiva en materia de propiedad intelectual» para la Comunidad. Este precepto no fue enmendado por el Tribunal Constitucional y, ahora, las entidades de gestión de propiedad intelectual están que trinan por el desarrollo legislativo que CiU está preparando.
La Generalidad está preparando un decreto para regular la autorización y el registro de entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual de Cataluña, en aplicación y desarrollo del artículo 155 del Estatuto.
El proyecto de la Consejería de Cultura, y al que ha tenido acceso Periodista Digital, ha sido enviado a entidades y organismos relacionados con la propiedad intelectual, para que en unos días lo remitan con las observaciones y propuestas que consideren oportunas antes de que prosiga su tramitación legislativa.
El proyecto de decreto autonómico especifica que «tiene por objeto regular las especificidades del procedimiento para autorizar a las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual que actúen mayoritariamente en Cataluña».
De esta manera, se abre la puerta a que las sociedades de gestión pierdan peso y capacidad de presión. Si muchos de los autores catalanes o que residen en Cataluña se apuntasen a una nueva sociedad de gestión, la SGAE, Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI, productores fonográficos), Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), Artistas Intépretes o Ejecutantes (AIE), Derechos de autor de Medios Audiovisuales (DAMA), Artistas Intérpretes Sociedad de Gestión (AISGE), Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP) y Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) verían recortados su ingresos.
MALESTAR EN LAS ENTIDADES DE GESTIÓN
La Generalidad espera poner negro sobre blanco y apoyar la creación de sociedades de gestión catalanas y bajo el paraguas de la Administración autonómica. Una decisión que, por otro lado, va en contra de la unidad de mercado y la simplificación en el entramado burocrático.
El pasado mes de noviembre de 2011, el propio consejero de Cultura de la Generalidad, Ferran Mascarell, en un acto del Instituto Ibercrea, ya puso en duda la necesidad de la unidad de mercado para toda España: «El mercado que interesa a los autores seguramente es el mercado mundial, no el catalán ni el español».
Y defendió que la futura ley de propiedad intelectual debería tener «un espítitu global». «No me sirve el debate Comunidades Autónomas-España. Es un mal debate. Claro que lo haremos, […] si los autores catalanes quieren podrán ejercer el derecho que les permite el Estatuto de crear entidades de gestión», añadió, entonces.
Según ha podido saber Periodista Digital, este proyecto ha sentado muy mal en las empresas de gestión que actúan en toda España, y tienen acuerdos con otras empresas por todo el mundo para defender los derechos de propiedad intelectual de sus afiliados.
Entre los motivos de queja está el de que la aparición de empresas a nivel autonómico creará más burocracia. En este sentido, no le ven ninguna utilidad ya que Cataluña, como el resto de España, ya está cubierta para defender los derechos de los autores catalanes o que residan en la Comunidad.
MASCARELL RECOMENDABA LO MÁS COLECTIVAS POSIBLE
Mascarell aseguró, en el acto de Ibercrea, que no recomendaría la creación de entidades de gestión tan fraccionadas:
Recomendaré entidades de gestión lo más colectivas posible. Pero en las que el conjunto de los autores de cada zona de nuestro país, de cada zona del Estado, tenga el papel político, en el sentido fuerte de la palabra, que les corresponde. Por tanto no es un problema de unidad, es un problema de poder, de cómo en cada Comunidad […] los creadores tienen el lugar que les corresponde en esa gestión colectiva.
Sin embargo, la realidad va a ser otra bien distinta. El articulado estatutario permite la creación de este tipo de empresas al amparo de la Generalidad y en estas está Mascarell.
Nada importa que a finales de 2011, el consejero de Cultura defendiera que el auténtico debate sobre la propiedad intelectual no estaba en realidad tan pequeñas como Cataluña o España.
NUEVO PRESIDENTE DE LA SGAE
La gestión de este decreto será uno de los primeros temas que se encontrará el nuevo presidente de la SGAE, que este martes –8 de mayo de 2012– será elegido de entre los miembros de la Junta Directiva.
Los 39 integrantes de la nueva directiva, además de escoger al presidente, elegirán a los miembros de Consejo de Dirección, órgano al que corresponde la administración permanente y ejecutiva de la entidad, formado por doce miembros.
Entre los miembros de la nueva Junta Directiva de la SGAE figuran Carles Alberola, Ana Diosdado, Fermín Cabal, Eva Yerbabuena, Juan Carmona, Miguel Ríos, José Luis Cuerda, Inés París, Imanol Uribe, José Miguel Fernández Sastrón y Antón Reixa —Anton Reixa: «La SGAE no es un poder fáctico, somos unos autores que se asocian»–.
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