Hacia el fin del monopolio

Abertis sangra a los catalanes con sus peajes

La Generalidad amplió la concesión a Abertis en 18 años. El victimismo de Mas alimenta la campaña 'no vull pagar'

La Generalitat amplió en 18 años la concesión a Abertis y el victimismo de Mas alimenta la campaña 'no vull pagar'

#novullpagar (no quiero pagar) es la etiqueta en Twitter que ha hecho furor entre muchos catalanes dispuestos a protestar contra las autopistas de peaje.

Una campaña que cuenta con el apoyo explícito de partidos independentistas (ERC y SI), y la tibieza del Gobierno de la Generalitat y CiU.

El Ejecutivo de Artur Mas multará a los conductores que no paguen, pero también asegura que Cataluña sufre un agravio respecto al resto de España.

La principal perjudicada por una insumisión masiva a los peajes sería precisamente una empresa radicada en Cataluña y de capital mayoritariamente catalán: Abertis, que tiene la concesión de la mayor parte de vías.

El Parlamento catalán ha aprobado esta misma semana, por segunda vez, llevar al Congreso de los Diputados una proposición de ley para que se cree un fondo de rescate y homogenización de los peajes.

Una acción que ha contado con el apoyo de todos los grupos de la Cámara catalana, excepto SI que se ha abstenido.

Eso sí, los grupos de la oposición, especialmente PP, Ciudadanos, ERC e ICV, aprovecharon para verter agrias críticas a CiU.

La Generalitat calcula que con este fondo percibiría unos 320 millones anuales. Según los datos de la Generalitat, cada catalán paga 95 euros al año en peajes, cuando la media española es de 30 euros.

Agrias críticas

El Pleno del Parlamento ha convertido a Abertis en el blanco de las críticas. Roberto Labandera (PSC) pide que las concesionarias asuman las bonificaciones que no puede pagar ahora la Generalitat.

Marc Sanglas (ERC) ha considerado escandalosos los beneficios de las concesionarias y Salvador Milà (ICV) ha acusado a CiU de pedir cambios en Cataluña mientras que beneficia a las concesionarias con sus enmiendas en el Congreso de los Diputados.

Para Albert Rivera (Ciudadanos) todos los partidos son cómplices de que los catalanes sigan pagando peajes por autopistas que, en su opinión, llevan 40 años amortizadas.

Jordi Cañas, también de Ciudadanos, en una interpelación, ha acusado a CiU de connivencia con los distintos Gobiernos españoles para que los catalanes sigan pagando peajes en beneficio de las concesionarias.

Cañas apunta, además, a las estrechas relaciones entre Abertis y el Ejecutivo de CiU, ya que el presidente de la concesionaria, Salvador Alemany, preside el Carec (organismo asesor en economía de Artur Mas), y varios ex consejeros y altos cargos de CiU tuvieron después cargos en Abertis, aunque ya no los tienen después de que la compañía suprimiera los consejos de administración de las distintas concesionarias.

Abertis explota más del 80% de los kilómetros de peaje catalanes. La compañía, con Gobiernos del PSOE y PP en Madrid y de CiU en Cataluña ha conseguido ir alargando el vencimiento de las concesiones.

La compañía explota a través de Acesa la AP-7 y AP-2 (478,4 kilómetros) y ambas son concesión del Estado. Por medio del operador Invicat controla la C-31 y C-32, también del Estado y la C-33 que es una concesión mixta (Estado y Generalitat), en total 62,9 kilómetros.

Por último, su filial Aucat explota la C-32 Sur (Castelldefels-El Vendrell) cuya concesión es de la Generalitat y en total suma 58 kilómetros.

En Cataluña hay otras concesionarias como Tabasa de la Generalitat que controla el tramo Vallvidrera-Sant Cugat, el Tunel del Cadí, también de la Generalitat, y Autema, de Ferrovial, que explota San Cugat-Terrassa-Manresa.

La mayor parte de las concesiones de Abertis en Cataluña se han alargado en los últimos años. El primero, hasta el 31 de diciembre de 2004, se produjo en 1978. Posteriormente, se alargó hasta 2016 a cambio de la construcción de otras vías y una reducción de tarifas.

La última ampliación, hasta el 31 de agosto de 2021, se firmó en 1998 con el Gobierno del PP y a cambio Acesa redujo sus tarifas entre un 10% y un 50% y se comprometió a construir el tercer carril de Montmeló a El Papiol.

En 2000 un decreto del Gobierno acordó una compensación a cambio de liberar de peaje la variante de Girona, la de Tarragona y se levantó el peaje de San Cugat.

NOTA.- leer artículo original en ‘La Gaceta’

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