Un año más, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha recogido en su informe anual sobre los Derechos Humanos una situación que sostiene que debe mejorar en Cataluña. La Generalidad sigue sin cumplir con la ley en lo relativo al bilingüismo en las escuelas.
En el informe de este año –que se ha hecho público este jueves 24 de mayo de 2012– el Gobierno de los EEUU ha advertido que la Generalidad todavía «no había cumplido» las sentencias del Tribunal Supremo que obligan a reintroducir el español, junto al catalán, como lengua vehicular en las escuelas de Cataluña —Country Reports on Human Rights Practices for 2011–.
ADVERTENCIA A MAS
El Departamento de Estado estadounidense ha alertado de esta situación en el apartado titulado «otra violencia o discriminación social», señalando así que la Administración autonómica discrimina socialmente a los ciudadanos que, en el marco de la ley, quieren que sus hijos estudien en las dos lenguas oficiales de Cataluña.
En el informe, además, se ha destacado la negativa del presidente de la Generalidad, Artur Mas (CiU), a acatar las sentencias del Tribunal Supremo que reiteran la ilegalidad de la inmersión obligatoria –tal y como lo han dejado claro el Tribunal Constitucional y el Supremo–, calificándola como una «línea roja» que no se puede cruzar.
También se ha indicado en el informe que «los defensores del modelo de inmersión catalán» aseguran que el incumplimiento de la ley que los niños estudien única y obligatoriamente en catalán no afecta al nivel de conocimiento de español de los alumnos, pese a que existen informe que demuestran lo contrario.
El párrafo del informe que hace referencia a este aspecto es el siguiente:
El 2 de septiembre, el Tribunal Superior [de Justicia] de Cataluña ordenó al Gobierno regional cumplir, en el plazo de dos meses, una sentencia del Tribunal Supremo español que falló que el español debe ser lengua vehicular en las escuelas públicas de Cataluña. A finales de año, el Gobierno catalán no había cumplido la sentencia. El presidente catalán Artur Mas defendió firmemente el modelo educativo actual y declaró que la política lingüística de Cataluña es una «línea roja» que no se puede cruzar. Los defensores del modelo de inmersión catalán citaron estudios que muestran que los estudiantes de las escuelas públicas catalanas realizaron tan bien como sus homólogos en otras partes de España las pruebas de competencia lingüística en español.
UNA DENUNCIA CONTINUADA
Con este informe ya van, al menos, tres años seguidos que el Departamento de Estado de los Estados Unidos alerta de la discriminación que se está produciendo en Cataluña a través de su memoria sobre los Derechos Humanos en España.
El informe de 2010, publicado en 2011, se hizo eco de las sentencias del Tribunal Supremo que obligan a restablecer el bilingüismo escolar en Cataluña, y recogió la defensa que el Gobierno autonómico hizo del modelo ilegal de inmersión obligatoria en catalán —2010: Human Rights Report: Spain–.
Destacó las quejas de ciudadanos por no poder recibir «educación en la lengua mayoritaria del país, el castellano»; así como algunas protestas de catalanohablantes que consideran que su lengua «no estaba igualmente favorecida».
Ese año también se apuntó que la exigencia del nivel C de catalán a los nuevos profesores universitarios en Cataluña, aprobada por el Parlament, había levantado las criticas de algunos profesores por considerarlo «discriminatorio, especialmente si la lengua de enseñanza no es el catalán».
ZAPATERO Y PERI ROSSI
En el informe que hace referencia al año 2009, publicado en 2010, el Departamento de Estado estadounidense alertó de que continuaba habiendo quejas ante la imposibilidad de estudiar en español en Cataluña, pese a que la ley lo permitía, y se daban casos similares en el País Vasco y Baleares —2009: Human Rights Report: Spain–.
Es esa ocasión, incluso el presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), salió a desmentir el informe pese a las evidencias y las pruebas de que ni su Gobierno podía hacer cumplir la ley en Cataluña.
Finalmente, en 2007, el informe recogió el caso de la escritora Cristina Peri Rossi, despedida como colaboradora de Catalunya Ràdio por hablar en castellano.