Asegura que hubo destrucción de documentos

La Guardia Civil cerca a Griñán con el caso de los ERE fraudulentos

La juez Alaya modifica el calendario de declaraciones tras conocer el atestado

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sospecha que, durante el mandato de Daniel Alberto Rivera como director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, y teniendo como base una serie de declaraciones tomadas, «se sacó de los expedientes documentación que pudiera haber resultado comprometida o de interés para la investigación» que lidera la juez Mercedes Alaya en torno a los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

Así consta en las conclusiones del atestado que ha sido remitido a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla bajo el título ‘Informe sobre el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía en el periodo 1999-2010’, compuesto por el informe en sí, de poco más de 300 páginas, acompañado por 50 anexos, y en el que los investigadores concluyen que el sistema de ayudas investigado era conocido por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que «participó en mecanismos que lo harían viable»

Al comienzo del atestado, los agentes de la UCO dicen que el informe aportado a la magistrada «será oportunamente ampliado consecuentemente al desarrollo de las investigaciones llevadas a cabo por esta Unidad, procediendo a la elaboración de nuevos atestados relativos, entre otros asuntos, a las ayudas a empresas concedidas por la Junta y al posible conocimiento de los hechos por otras consejerías y por otros órganos superiores de la mencionada Administración».

En el atestado, al que ha tenido acceso Europa Press, los agentes analizan de manera minuciosa el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo bajo los sucesivos mandatos de Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, y concluyen que en esta última etapa, no sólo «se sacó documentación que pudiera haber resultado comprometida», sino que «los expedientes reclamados por el Juzgado no se mandaron tal cual estaban en la Dirección General de Trabajo, sino una vez completados con distintos documentos que les faltaban a los mismos y que eran reclamados de los distintos organismos que los pudieran tener».

NO EXISTE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS

No obstante lo cual, los agentes de la UCO sí afirman con rotundidad que, de las actuaciones llevadas a cabo, «no se deduce que se destruyera documentación alguna durante las revisiones realizadas ni en la Dirección General de Trabajo durante el fin de semana del 20/21 de noviembre de 2010, ni posteriormente por los equipos que trabajaron tanto desde esta Dirección General como desde» la Consejería de Empleo, añadiendo que «el objeto de la revisión era el hallazgo de irregularidades que eran tramitadas a través» del departamento de Rivera «a los responsables» de dicha Consejería.

De otro lado, los agentes de la UCO dicen que tanto Rivera como el entonces viceconsejero, Justo Mañas, «fueron informados a su llegada y de manera detallada de la situación existente en la Dirección General, no trasladando los hechos al Juzgado ni al Ministerio Fiscal», mientras que Rivera «no sólo da continuidad a los acuerdos alcanzados por Guerrero sin formalidad y con una clara y patente falta de procedimiento, sino que además da forma a los mismos mediante la emisión de una resolución por la que se ordena un pago, y en la que se da por hecho que obra en la Dirección General el expediente completo de la ayuda a Surcolor, todo ello en un contexto en el que ya se sabía cómo se habían dado las ayudas durante la época de Guerrero».

«De una simple revisión del ‘expediente’ existente se deduce de forma clara y patente la falta de procedimiento en la adjudicación de esta ayuda por parte de Guerrero», subraya la Benemérita, que añade que, también durante el mandato de Rivera y en el marco de la investigación liderada por la juez instructora, «en distintos documentos analizados aparecen menciones al pago a sindicatos de distintas cantidades de dinero, de las que a día de hoy se desconoce su motivación», citando que esta cantidad asciende a 120.000 euros en el caso de Santana o la Faja Pirítica.

CONOCIDO POR EL CONSEJILLO Y EL CONSEJO DE GOBIERNO

Asimismo, y en el punto referido al mandato de Guerrero, encarcelado desde el 10 de marzo en la prisión de Sevilla-1, los investigadores consideran que, a través del convenio firmado en 2001 por el que se regulaban las ayudas irregulares, se constituyó «una nueva herramienta que de manera injustificada, sustituiría y desplazaría durante más de nueve años la normativa de indudable rango superior que debió ser aplicada», impidiendo su fiscalización, añadiendo que la confección del convenio marco «sería conocida» tanto por los Consejillos como «posiblemente» por el Consejo de Gobierno.

Al hilo, asevera que «el descontrol absoluto» y el funcionamiento «irregular» de la Dirección General de Tráfico durante la etapa de Guerrero «no responde únicamente a la actuación aislada de éste, sino a la activa colaboración de algunos de sus subordinados, que además se aprovecharon de las debilidades del sistema de adjudicación de ayudas y de la falta de control existente». Así, concluye que «han participado en mayor o menor medida en la adjudicación de las ayudas o se han aprovechado de la falta de control, entre otros», el que fuera parlamentario socialista Ramón Díaz o el exchófer de Guerrero Juan Francisco Trujillo.

Concretamente, los agentes dicen que «la falta de un desarrollo reglamentario en la legislación autonómica al respecto de objetivar qué empresa y bajo qué condiciones podían optar a las ayudas dio lugar a que se adoptaran las mismas sin criterio objetivo alguno y basándose en decisiones discrecionales que nada tenían que ver con necesidades objetivas, sino más bien con intereses personales, lo que permitió favorecer a determinadas personas y territorios de una manera totalmente injustificada y desproporcionada».

EL CASO DE LA SIERRA NORTE DE SEVILLA

Así, relatan los agentes que durante el periodo de Guerrero –1999 a 2008– «se han otorgado subvenciones directas a empresas andaluzas por 70 millones de euros, siendo beneficiarias empresas de la comarca de la Sierra Norte, con una población de 30.000 habitantes y que recibió 50 millones en ayudas, «lo que supone más del 70 por ciento del total de las ayudas directas a empresas concedidas en la comunidad autónoma». En este punto, dice que el exconsejero de Empleo José Antonio Viera «jugó un papel esencial por ser el que promovió» las ayudas a la Sierra Norte.

No obstante, su sucesor, Antonio Fernández, «fue responsable de que dichas ayudas siguieran pagándose», y además «no sólo conocía y estaba informado de la concesión de ayudas individuales, sino que fue la persona que efectivamente explicó a los sucesivos directores generales la posibilidad de su concesión, dando en ocasiones el visto bueno a las mismas».
Insistiendo en el papel de Fernández, la Guardia Civil señala que tanto él como su viceconsejero, Agustín Barberá, «eran conscientes de la tramitación irregular de los expedientes de ayuda en la etapa de Guerrero, pero no trasladan los hechos al Juzgado ni al Ministerio Fiscal a pesar de su gravedad».

EL PAPEL DE JUAN MÁRQUEZ

Los agentes de la UCO también concluyen que las ayudas individuales otorgadas «fueron concedidas a personas vinculadas políticamente, familiarmente o por razones de amistad a distintos funcionarios o cargos públicos con responsabilidad en la adjudicación y gestión de dichas ayudas».

En relación al mandato de Juan Márquez, los agentes aseveran que «los responsables de la Dirección General y de la Consejería conocían la existencia de intrusos y no hicieron nada por evitarlo», de manera que «se siguieron incluyendo intrusos en las pólizas de renta colectiva».

Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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