La Comisión Europea (CE) rechazó la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) presentada, el pasado mes de abril, por el partido extra parlamentario Reagrupament que pedía una reforma del tratado de la Unión Europea (UE) para que, en caso de una secesión, la parte separada se mantuviera en la UE.
La formación que lidera el ex consejero de Gobernación entre 2003 y 2006, Joan Carretero, entonces en las filas de ERC, presentó una ICE con el objetivo de «garantizar la continuidad de la ciudadanía europea para los ciudadanos de un nuevo Estado surgido por un proceso de secesión de una región de un Estado miembro de la Unión Europea».
El partido de Carretero, también ex alcalde de Puigcerdá (Gerona), pretendía que, una supuesta Cataluña independiente del resto de España, se convirtiera en un estado de pleno derecho en la UE automáticamente.
En realidad, el objetivo estaba claro: evitar el posible veto de España u otro país al ingreso de Cataluña como país en la UE. La iniciativa política contaba con el apoyo de una de las entidades más subvencionadas por la Generalidad de Cataluña Òmnium Cultural y de Cercle Català de Negocis.
PEDIR PERMISO PARA ENTRAR EN EL ‘CLUB EUROPEO’
Sin embargo, no hay dudas, la CE deniega el registro de la ICE porque «está manifiestamente fuera del ámbito de competencias de la Comisión para presentar una propuesta relativa a un acto jurídico para los fines de aplicación de los Tratados».
Según la secretaria general de la CE, Catherine Day, «de acuerdo con el artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), solo las personas que tengan nacionalidad de un Estado miembro son ciudadanos de la UE».
Es decir, si Cataluña no es de la UE, lo que ocurriría al separarse del resto de España, los catalanes no serían ciudadanos de la UE. Además, Day advierte de que «la ciudadanía de la UE es complementaria, pero no sustitutiva, de la ciudadanía nacional».
Desde la CE se añade que «no existe base jurídica alguna en los Tratados de la UE que permita que legislación secundaria aborde las consecuencias de una secesión de una parte de un Estado miembro», y subraya que «en caso de secesión de una parte de un Estado miembro, la solución se tendría que encontrar y negociar dentro del ordenamiento jurídico internacional».
Todo esto indica que si cualquier parte de un estado miembro de la UE deberá contar, para acceder al club europeo, el visto bueno del resto de los estados miembros ya que habría que volver a negociar aspectos fundacionales.
Cataluña –o Escocia: España vetaría el ingreso de Escocia en la Unión Europea— podría ser vetada por cualquier estado miembro, tal y como recoge el artículo 49 del Tratado de la UE, que exige la unanimidad del Consejo –formado por representantes de los gobiernos de los 27 estados miembros– para la admisión de un nuevo Estado.
LA AUTODETERMINACIÓN NO ES APLICABLE EN CATALUÑA
La jurisprudencia internacional tampoco avala una secesión unilateral (o al margen de la ley) de Cataluña. Según ha recogido este mismo mes de mayo de 2012 La Voz de Barcelona —La ‘neolengua’ nacionalista: de la autodeterminación al ‘derecho a decidir’–,incluso destacados ideólogos del nacionalismo catalán, ha señalado en público que el derecho de autodeterminación no ampara las aspiraciones de los partidos nacionalistas.
El derecho a la autodeterminación solo es aplicable a «procesos de descolonización», principalmente puestos en marcha a partir de la II Guerra Mundial, según recoge la Carta de las Naciones Unidas (1945) y la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales (1960).
De la misma forma, la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas (1970), que ampara el derecho a «la libre determinación de los pueblos», deja muy claro que «todo intento de quebrantar parcial o totalmente la unidad nacional y la integridad territorial de un Estado o país o su independencia política es incompatible con los propósitos y principios de la Carta» de las Naciones Unidas.
Así lo reconoce Jaume López Hernández: «Cualquier reivindicación de una minoría territorial que no pertenezca a un imperio, ni haya sido colonia, se conceptualiza como un conflicto de unos ciudadanos con su Estado, fuera de los márgenes, por tanto, que presupone el derecho a la autodeterminación».
López Hernández es profesor de Ciencia Política en la Universidad Pompeu Fabra (UPF) y ex presidente de la Plataforma pel Dret a Decidir, entidad cuyo objetivo es la independencia de Cataluña.
