De norte a sur y de este a oeste se puede recorrer la comunidad haciendo paradas en numerosos pueblos salpicados por la corrupción en sus diferentes modalidades
En los últimos años, los problemas de la política andaluza con la Justicia parecen no tener fin.
De norte a sur y de este a oeste se puede recorrer la comunidad haciendo paradas en numerosos pueblos salpicados por la corrupción en sus diferentes modalidades:
1. Caso de los ERE falsos o del Fondo de reptiles
Se trata de uno de los casos de corrupción más importantes vinculado a la Junta de Andalucía, y en especial a militantes y cargos del PSOE andaluz, de los últimos años. Tuvo su origen en los ERE fraudulentos de la empresa sevillana Mercasevilla, donde se detectaron prejubilaciones fraudulentas. Está siendo investigado por la juez Mercedes Alaya y por el Tribunal de Cuentas del Estado.
El fraude se produce en la inclusión de falsos prejubilados en los expedientes de regulación de empleo. Entre los imputados y condenados está Antonio Rivas, exdelegado de Empleo en la provincia de Sevilla y considerado como el director de la presunta trama. La prejubilación fraudulenta de Antonio Fernández García, exconsejero de Empleo de la Junta en el momento de realización de la trama, ha sido una de los más destacados. Fue incluido en el expediente de regulación de empleo de la empresa vinícola González Byass desde el día de su nacimiento. Ha sido imputado por tres delitos, malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias.
Otro caso con gran repercusión es el de Francisco Rodríguez Donaire, exalcalde y consejero socialista del ayuntamiento de Valverde del Camino (Huelva). Trabajaba como administrativo en las minas de Ríotinto, empresa beneficiada del fondo, sin embargo, en el ERE de esta empresa Rodríguez Donaire figuraba como minero, con una prejubilación mucho más cuantiosa que la que le correspondía como administrativo.
2. Mercasevilla
La investigación comienza con unas grabaciones en las que el ex director gerente de Mercasevilla, Fernando Mellet, y el ex director adjunto de Mercasevilla, Daniel Ponce, exigían un pago de 450.000 euros a una empresa a cambio de adjudicarles una escuela de hostelería, proyecto subvencionado en su totalidad por la Delegación de Empleo.
Otro de los aspectos supuestamenente fraudulentos era la contratación de personal. la investigación puso de manifiesto «un exceso» de personal empleado en la Fundación de la empresa pública, con el consecuente gasto que implica la abultada plantilla para la entidad, de la que formaba parte la esposa del ex gerente Fernando Mellet. El sistema de contratación también se puso en entredicho, ya que al personal cualificado se realizaba a dedo por el propio Mellet.
La investigación revela además irregularidades en el concurso público para la adjudicación de los terrenos de la empresa pública sevillana.
Mercedes Alaya, magistrada instructora del caso, ha imputado a los dos ex directivos por prevaricación, fraude y exacción ilegales de funcionarios, un delito societario y maquinación para alterar el precio de las cosas por las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de un «concurso predeterminado».
3. Invercaria
Invercaria (Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía) es una empresa pública perteneciente a la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía participada al 100% por la Agencia IDEA. Ha sido calificada como el «segundo fondo de reptiles» por seguir el mismo sistema que los ERE: ausencia de procedimiento y arbitrariedad en la transferencia de fondos públicos. Entre 2005 y 2010, Invercaria invirtió más de 65 millones de euros en empresa, de los cuales 50 no se sabe donde terminaron. Sólo los 15 millones restantes se otorgaron cumpliendo el procedimiento. Laura Gómiz, expresidenta de la empresa, dimitió tras verse implicada en el caso por una grabación en la que daba instrucciones para falsear expedientes de inversión.
4. Caso Malaya
Una de las operaciones contra la corrupción urbanística más mediática, por la implicación de personajes de la farándula además de políticos, técnicos y empresarios. En la operación se incautaron bienes por valor de 3.000 millones de euros.
La investigación comenzó en 2005 y aún está en proceso. Se trata de una red de asociaciones relacionadas con diferentes hechos delictivos: cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias… llevadas a cabo por políticos, empresarios y abogados del Ayuntamiento y la localidad de Marbella, y con ramificaciones por toda Andalucía, Murcia, Madrid y Pamplona.
La mayoría de miembros del gobierno marbellí quedaron implicados, y más de un centenar de personas están procesadas por este caso. Entre los más mediáticos y cabecillas de la trama destacan Juan Antonio Roca, asesor del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella y ex gerente de urbanismo del Ayuntamiento durante el gobierno de Jesús Gil; Marisol Yagüe, alcaldesa de Marbella desde agosto de 2003 tras sacar adelante una moción de censura contra el anterior alcalde, Julián Muñoz; Isabel Garca Marcos, primera teniente de alcalde de Marbella, expulsada del PSOE en 2003 junto a otros dos ediles del partido por apoyar la moción de censura contra Julián Muñoz; así como el propio exalcalde marbellí, presunto autor de delitos de cohecho y malversación de caudales públicos y su pareja de entonces, Isabel Pantoja, actualmente a espera de juicio.
5. Caso Majestic (Casares)
Hace menos de un mes, Juan Sánchez, alcalde de IU de la localidad de Casares fue encarcelado implicado en una trama de blanqueo de capitales y corrupción urbanística en torno al Consistorio casareño y en el que estaría implicada la mafia rusa. El ex primer edil consiguió reunir la fianza de 200.000 euros para salir de la cárcel.
6. Ronda
El Ayuntamiento de Ronda es otro de los consistorios salpicados por la corrupción urbanística en la Costa del Sol.
En la operación relacionada con corrupción urbanística se detuvo al exalcalde del PSOE Antonio María Marín Lara y tres miembros de la anterior corporación y actuales concejales del PSOE en la oposición.
Como denominador común con otros casos, se investigaron delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de capitales público, falsedad documental y blanqueo.
7. Operación Astapa (Estepona)
La Guardia Civil detuvo al que era entonces alcalde de la localidad Antonio Barrientos (PSOE), a su jefe de gabinete y a otros ediles. Además, hay imputadas un total de 99 personas. Los delitos que se imputan son cohecho, blanqueo, tráfico de influencias y prevaricación. La investigación comenzó tras un informe derivado del caso Malaya.
Barrientos era alcalde por el PSOE, pero llegó al Gobierno de Estepona en 2001 gracias a un pacto de Gobierno con otros partidos contra el Grupo Independiente Liberal (GIL) que fundara el fallecido ex alcalde de Marbella, Jesús Gil.
8. Aguadulce
La exalcaldesa, la socialista Isabel Ortiz, fue condenada a ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público y al pago de una multa de 4.050 euros por un delito contra la ordenación del territorio. En 2006 concedió a un compañero del partido una licencia para la construcción e instalación de naves para ampliar una granja de engorde de pavos de manera «ilegal y en contra del dictamen preceptivo» del arquitecto y la secretaria municipal.
9. Operación Arcos (Alcaucín)
En febrero de 2009, agentes de la Guardia Civil salían dle ayuntamiento de Alcaucín con cajas llenas de documentación. En una primera fase de la investigación fueron detenidas 13 personas entre las que se encontraban el entonces alcaldesocialista, José Manuel Martín Alba, alias ‘Pepe el Patillas’, además de dos de sus hijas y el jefe del servicio de arquitectura municipal de la Diputación de Málaga, José Mora. En un segunda fase de la operación, se volvió a detener al ex alcalde de Alcaucín y a siete funcionarios de la Diputación de Málaga.
10. Ayamonte
El caso más reciente es el del municipio onuvense de Ayamonte, cuando el pasado jueves el alcalde socialista Antonio Rodríguez Castillo negó ante el juez las supuestas irregularidades urbanísticas presuntamente cometidas en Isla Canela por las que han sido imputados él y su antecesor en el cargo, el también socialista Rafael González, el cual también fue citado pero se acogió a su derecho a no declarar.
El pasado mes de febrero de 2010, la Guardia Civil realizó un registro en el Ayuntamiento de la localidad y se incautó de documentos del área de Urbanismo.
NOTA.- leer artículo original en ‘La Gaceta’
