La Generalidad de Cataluña sigue exigiendo el uso del catalán para entregar subvenciones a entidades sociales cuyo objetivo de su existencia no tiene nada que ver con la cultura o la lengua catalanas.
Las últimas convocatorias abiertas afectan a las asociaciones de vecinos (AAVV), a las entidades de drogodependientes y de prevención de la infección del SIDA y, también, las productoras de dibujos animados.
LA PREFEFENCIA DE «AL MENOS» EN CATALÁN
El Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (DOGC) recoge «la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigida a las entidades vecinales y cívicas que desarrollan actividades en el parque de viviendas de promoción pública, gestionadas o tuteladas por la Agencia de la Vivienda de Cataluña, para llevar a cabo proyectos sociales y actividades cívicas, que tengan por finalidad fomentar la cohesión social, el tejido asociativo y el civismo, y la adecuación de las dependencias de estas entidades, para el año 2012».
En la resolución TES/1091/2012, publicada el 11 de junio de 2012, se fija que la Agencia de la Vivienda de Cataluña, dependiente de la Consejería de Territorio y Sostenibilidad, repartirá 394.000 euros en ayudas, con un máximo de 15.000 euros por asociación.
Como en otros casos —CiU sigue otorgando subvenciones con trato de «preferente» al catalán–, para poder optar a las subvenciones, las entidades deben cumplir los requisitos establecidos en los artículos 32.1, 32.3 y 36.4 de la Ley de Política Lingüística. Estos artículos obligan a las empresas, entidades o asociaciones a que «la señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios para las personas usuarias y consumidoras de los establecimientos abiertos al público deben estar redactados, al menos, en catalán».
Y obligan a que «los rótulos e informaciones de carácter fijo y que contengan texto que han de constar en el interior de los centros laborales dirigidos a las personas que trabajen en los mismos deben figurar, al menos, en catalán».
Estas condiciones lingüísticas también se imponen por parte de la Generalidad en las convocatorias para «la concesión de subvenciones para la producción de series y largometrajes de animación destinados a ser emitidos por televisión» (según recoge la resolución CLT/1098/2012 del lunes 11 de junio de 2012), en la convocatoria del «concurso público para la concesión de subvenciones a entidades de carácter no lucrativo para la financiación de actividades de prevención de la infección por el VIH/sida correspondientes al año 2012» (según recoge la resolución SLT/1110/2012 publicada este martes 12 de junio de 2012) y la convocatoria del «concurso público para la concesión de subvenciones a entidades de carácter no lucrativo para la financiación de actividades de prevención y tratamiento de las drogodependencias correspondientes al año 2012 (según recoge la resolución SLT/1109/2012 publicada también este martes).
OBLIGACIÓN PREFERENCIAL RECHAZADA POR EL TC
Sin embargo este es un trato preferente de la lengua catalana sobre la lengua española, ambas oficiales en Cataluña, que el Tribunal Constitucional declaró ilegal en su sentencia sobre el Estatuto de 2010.
En el fundamento jurídico 22 de la citada sentencia el Alto Tribunal estableció que:
«El deber de disponibilidad lingüística de las entidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al público no puede significar la imposición a éstas, a su titular o a su personal de obligaciones individuales de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo en las relaciones privadas, toda vez que el derecho a ser atendido en cualquiera de dichas lenguas sólo puede ser exigible en las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos».
Y en el fundamento jurídico 14, sobre el trato de preferente de la lengua catalana:
«La definición del catalán como lengua propia de Cataluña no puede justificar la imposición estatutaria del uso preferente de aquella lengua, en detrimento del castellano, también lengua oficial en la Comunidad Autónoma, por las Administraciones Públicas y los medios de comunicación públicos de Cataluña».
