El Tribunal Supremo ha vuelto a tumbar el modelo de inmersión lingüística en Cataluña, y van al menos seis sentencias en los últimos meses. La última, contundente, con pocas interpretaciones posibles y publicada este martes 26 de junio de 2012, ha anulado seis artículos (y otro parcialmente) de un decreto que afecta a la enseñanza infantil.
El Alto Tribunal ha estimado el recurso presentado por el padre de una alumna contra una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de julio de 2011 que, aun indicando que la aplicación de la norma no podía dejar el uso del español fuera de las aulas no anuló los artículos.
La sentencia del Supremo no deja lugar a dudas. Los magistrados del tribunal constatan en la sentencia que:
«Es preciso que esa norma reglamentaria de desarrollo [el decreto autonómico parcialmente anulado] expresamente reconozca al castellano como lengua vehicular y docente en Cataluña para que pueda entenderse conforme a derecho, puesto que así lo impone la doctrina constitucional ya conocida, y que es de aplicación obligada en la norma».
En 45 páginas el Alto Tribunal recuerda en varias ocasiones que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el propio Supremo no deja dudas y establece que tanto el español como el catalán, lenguas oficiales en Cataluña, han de ser vehiculares en la escuela de la Comunidad.
Así queda por escrito en la sentencia: «La norma reglamentaria, último producto normativo, debe explícitamente asumir esa doctrina constitucional, y declarar el carácter docente y vehicular del castellano, junto con el catalán, de modo que si esa es la lengua habitual del alumno ese derecho se le ha de reconocer sin necesidad de que se inste».
PRIMERA VEZ QUE DECLARA ‘NULA’ LA LEC
Tras conocer el fallo del Supremo, y en muchos casos sin leer el contenido de la sentencia, los partidos políticos con representación en el Parlament han valorado la decisión del tribunal. Unas valoraciones que, a excepción de PP y Ciudadanos, se han dirigido a pedir a la Generalidad de Cataluña que no cumpla lo que ordena el Alto Tribunal.
La primera representante en advertir que no cumplirá la ley ha sido la consejera autonómica de Enseñanza, Irene Rigau (CiU), que ha defendido la inmersión lingüística pese a que los tribunales han tumbado su aplicación: «Estamos donde estábamos».
Para Rigau, la Ley de Edcuación de Cataluña (LEC) está por encima de los tribunales y las leyes y, según la consejera, esta sentencia, por tanto, no anula la inmersión lingüística. Sin embargo, el Alto Tribunal es muy claro con esta interpretación:
«Un último criterio que constituye línea esencial de esta sentencia es el relativo al hecho de que la existencia de la Ley Catalana 12/2009, de Educación [LEC], que deroga a la Ley 1/1998, de Política Lingüística, se deberá someter en su posterior desarrollo reglamentario a la doctrina constitucional que resulta de la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional, y, por lo tanto, incorporar en el sistema educativo de Cataluña al castellano como lengua vehicular y docente junto con el catalán, y en los términos que esta sala dispuso en sus sentencias de 9, 13, y 16 de diciembre de 2010 y 4, 10 y 19 de mayo de 2011, de modo que el mismo no quede reducido en su uso al de objeto de estudio de una asignatura más, sino que se haga efectiva su utilización como lengua docente y vehicular en la enseñanza».
Es decir, la LEC debe adaptarse a la legalidad. Una norma que está pendiente de fallo en el Tribunal Constitucional, si bien el PP, que presentó el recurso, no lo hizo contra la inmersión lingüística que sí se recoge en la ley autonómica. En este sentido, Rigau ha indicado que los artículos anulados por el Supremo serán sustituidos por otros de la LEC y así dejar sin efecto lo que dice el tribunal.
RIGAU ASEGURA QUE NO CUMPLIRÁ LA LEY
Por su parte, Artur Mas (CiU), presidente autonómico, en un acto por la noche ha hecho una valoración política de la sentencia y, como Rigau, ha indicado que «todo el mundo ha de saber que como es nuestro idioma desde hace más de 800 años los seguiremos hablando y lo seguiremos enseñando pese a quien pese, y haya la barreras que haya».
En la misma línea se ha manifestado el líder del PSC en el Parlament. Joaquim Nadal (PSC) ha instado a la Generalidad a que tome todas las medidas, tanto políticas como jurídicas, para que promueva, proteja y defienda la inmersión lingüística en las escuelas de Cataluña, pese a las sentencias de los tribunales. También han respaldado a la Generalidad los portavoces de ICV-EUiA, ERC y Solidaritat.
Solo Enric Millo (PP) y Carmen de Rivera (Ciudadanos) han pedido respeto a las leyes, la democracia y la separación de poderes. El portavoz popular ha que todas las sentencias están advirtiendo a la Generalidad que debe aplicar el bilingüismo en las escuelas.
La portavoz de Ciudadanos, por su parte, ha pedido a CiU que «deje de ser insumisa» y adecue a la legalidad el resto de leyes autonómicas que están afectadas por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía.
QUE «INTERVENGA» EL GOBIERNO
El presidente de Convivencia Cívica Catalana, Francisco Caja, también ha valorado el fallo del Supremo. Para el profesor de la Universidad de Barcelona, la sentencia es «muy importante» y ha recordado que el poder político no está al margen del cumplimiento de las sentencias judiciales.
«Si el poder político puede impunemente no cumplir las sentencias, apaga y vámonos», ha indicado; antes de pedir al Gobierno que «intervenga» para restaurar el orden constitucional y que las sentencias judiciales se cumplan en Cataluña.
Y ha añadido, irónicamente, que no le gustaría morirse sin que en España exista un modelo democrático, tras el franquismo, en todo el país, y el nacionalismo, en Cataluña. Caja ha asegurado que seguirá muy de cerca el cumplimiento de la ley y no ha descartado querellarse contra la consejera de Enseñanza.
«¡CALLAOS!»
También distintos personajes de la vida política catalana han tuiteado sus primeras impresiones sobre la sentencia. Así, a modo de ejemplo, el diputado del Congreso Joan Tardà (ERC) [TWITTER] ha señalado que la lengua es «una línea roja» y ha advertido a CiU que si «acata» la sentencia «nada será igual».
Desde el PSC David Pérez, ex diputado autonómico, ha culpado al PP de la sentencia del Supremo [TWITTER]. «Estos del PP ya han conseguido su conflicto linguistico en Catalunya. Estarán contentos. Ya tenemos la sociedad dividida en dos».
Por su parte, uno de los más jóvenes diputados autonómicos, en este caso de CiU, Roger Montañola [TWITTER] ha mandado callar a los magistrado del Supremo: «La lengua vehicular de nuestro país es y será la que quiera la mayoría del país. ¿No os gusta? ¡Ganad elecciones! ¡Sino, callaos!».
Finalmente, como muestra, un tuit de Raül Romeva [TWITTER], eurodiputado de ICV-EUiA y, pese a pertenecer a un grupo político no independentista, declarado secesionista: «Mi fe en una España federal quedó sentenciada hace ya tiempo. Hoy el TS me recuerda una de las razones».