Hasta el momento, la Comunidad Valenciana, Madrid y Castilla-La Mancha ya han avanzado su intención de aprovechar la reforma
A partir de este 3 de agosto de 2012, los políticos que controlan los gobiernos autonómicos no tienen excusa. Si quieren, en lugar de recortar más en otros terrenos, o de pegarle nuevos bocados al magro sueldo de algunos funcionarios, pueden meterle mano a sus caras, ineficaces y aburridas televisiones autonómicas.
La reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual, enviada a las Cortes por el Consejo de Ministros a finales de abril de 2012 y tramitada de urgencia deja las manos libres a los barones autonómicos, independientemente de su color polític.
Pueden decidir ya si quieren mantener o no este servicio y si quieren prestarlo directamente o encargar la gestión a una empresa privada.
En caso de quedarse con la gestión, no podrán tener déficit porque «no se permitirán desequilibrios en los presupuestos».
Hasta el momento, la Comunidad Valenciana, Madrid y Castilla-La Mancha ya han avanzado su intención de aprovechar la reforma del régimen de gestión de las televisiones autonómicas aprobada por el Gobierno para privatizar la gestión o los servicios informativos de sus televisiones públicas, mientras que otras comunidades ya tienen «de facto» algunos de los servicios de sus cadenas subcontratados a empresas privadas.
536 millones de euros en pérdidas
Las televisiones públicas cerraron el 2010 con unas pérdidas de 536 millones de euros, un 3 por ciento menos que en 2009, que supusieron un coste neto -con la compensación de los ingresos publicitarios- para cada hogar español de 152 euros, un 5,6 por ciento más que el año anterior , según el V Informe Económico sobre la Televisión Pública en España elaborado por Deloitte para la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA).
Por su parte, el secretario general de la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), Enrique Laucirica, ha afirmado que las televisiones autonómicas suponen, de promedio, exclusivamente el 0,5 por ciento de los presupuestos de las comunidades autónomas.
PANORAMA GENERAL
Canal Nou (Valencia) ha sido la primera en hacer oficial un ERE de 1.295 trabajadores, el 76 por ciento de la plantilla.
Aunque supone un gran primer paso, todavía queda mucho que ajustar en unas empresas con 9.664 profesionales y expolíticos en nómina, tres veces más que la suma de Antena 3 (1.849 trabajadores en plantilla) y Mediaset (1.350 empleados).
UNA DEUDA MONSTRUOSA
Una estructura que se ha mantenido a costa de generar una deuda de 1.630 millones y acumular pérdidas de 3.520 millones desde 2006, año en el que se terminó de conformar el mapa de las televisiones autonómicas con la puesta en marcha de las cadenas de Aragón y Extremadura.
Estas desorbitadas cifras, unidas a la caída del 39,8 por ciento de los ingresos por publicidad en el primer trimestre de 2012 y la menor disponibilidad de fondos por parte de las autonomías para repartir subvenciones, ponen en entredicho la continuidad del sistema de televisiones públicas autonómicas.
CIERRE O PRIVATIZACIÓN
Por eso, el Gobierno Rajoy abrió la puerta para que los gobierno regionales cerraran, vendieran o privatizaran sus canales.
De momento, no está entre los planes de ningún Ejecutivo privatizar la tele pública y sólo cuatro de las trece cadenas (Murcia, Baleares, Canarias y Aragón) han cedido la producción de sus informativos a productoras.
DOS GRUPOS
El panorama televisivo autonómico, tachado por algunas consultoras de «inviable«, se divide en dos grupos: las cadenas tradicionales, que crecieron al abrigo del desarrollo de las autonomías y las de nueva generación que han visto la luz en los últimos seis años.
De hecho, sus presupuestos llegan a ser una sexta parte de las cadenas como Canal Sur.
Son las del primer (Canal Nou, Telemadrid, EBT, TV3, Canal Sur, CMT y la de Galicia) las que presentan es mayor problema.
Estos siete entes concentran el 96 por ciento de los trabajadores (sólo el ente catalán tiene 2.642 trabajadores) y el 100 por cien de la deuda.
RECORTES QUE NO LLEGAN
Telemadrid, con una plantilla de 1.175 trabajadores, casi tanto como el grupo Mediaset que explota siete canales, acumula una deuda de 278 millones de euros, según denunciaron los sindicatos.
La cadena regional, pese a ser una de las únicas cortejadas por el mercado, ha dejado paralizado el ERE anunciado en mayo.
Los primeros datos apuntaban a que se iban a recortar 600 puestos de trabajo, como consecuencia de la revisión presupuestaria que el Gobierno de Esperanza Aguirre lleva negociando desde antes de verano y no termina de llegar.
El ente madrileño ha dejado en manos de un despacho de abogados el estudio sobre el ajuste que tiene que realizar, igual que hizo Canal Nou con Garrigues.
EL AGUJERO CATALÁN
La televisión catalana, con ocho canales (internet y HD incluido) y una deuda de 7 millones, es el ente autonómico más grande y más caro de España.
El Gobierno catalán destinó en 2010 unos 300 millones a su financiación, una partida que ha rebajado este año un 20 por ciento, y de momento se ha escapado a la tijera de Artur Mas.
La Generalitat descarta hacer un ERE en la plantilla, en la que según algunos estudios sobran hasta 1.000 empleados, y no va a cerrar ningún canal.
EL MODELO VASCO
El proyecto de presupuestos de EITB (País Vasco) contempla una reducción del presupuesto de 23 millones de euros hasta 2013 y un ajuste de plantilla de unos 100 empleados.
El gran cambio en esta cadena es que el Ejecutivo ha roto el contrato programa y obliga a negociar las subvenciones anualmente.
LOS ANDALUCES
Canal Sur tiene una plantilla de 1.600 trabajadores y un déficit reconocido de 60 millones. Los trabajadores se encerraron la semana pasada para protestar por las rebajas del 6 por ciento de sueldo.
