En su comparecencia escrita el principal imputado en la causa dejó caer quiénes conocían toda la verdad
El exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo Francisco Javier Guerrero, ha asegurado durante su participación en la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz sobre el caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE) que «absolutamente nadie» durante los diez años en los que estuvo al frente de este departamento «me dijo que realizara mis funciones de forma distinta a la que me instruyeron y que nadie cambió cuando me fui».
Guerrero, que permanece en la prisión de Sevilla I desde el pasado día 10 de marzo por su implicación en el caso de los ERE, está imputado por sendos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, así como por dos delitos de falsedad en documento oficial y un último delito de falsedad en documento mercantil.
En un auto decretado por la juez Mercedes Alaya el pasado 12 de julio, la magistrada concedía a Guerrero la libertad bajo fianza de 250.000 euros, sin embargo, éste no ha podido reunir tal cantidad hasta la fecha, razón por la cual continúa en prisión.
Si bien, se le ha permitido abandonar las instalaciones penitenciarias para acudir a la comisión de investigación sobre el caso de los ERE.
El exalto cargo andaluz, visiblemente más delgado que cuando entró en prisión, ha dicho que no responderá preguntas por «consejo de su abogado», al tiempo que ha pedido que las cuestiones que los grupos tienen preparadas sean formuladas «a los gobiernos de la Junta en los periodos en los que se he sido director general, a los servicios jurídicos de la Junta, a la Intervención General, a los representantes de los sindicatos y de las organizaciones empresariales y a los partidos en esta Cámara».
«Desde 1999, año en el que entré como director general de Trabajo hasta abril de 2008 cuando cesé, todos y cada uno de ellos han tenido conocimiento de mi trabajo», ha afirmado Guerrero, quien se ha mostrado convencido de que «muchos no imputados, pueden resolver sus dudas. Suerte con ello».
La presencia de Guerrero era una de las más esperadas en la comisión después de haber ingresado en prisión hace siete meses, cuando la juez Mercedes Alaya le imputó 617 ayudas sociolaborales y 270 ayudas directas a empresas otorgadas fraudulentamente.
Director general entre 1999 y 2008, en su declaración judicial Guerrero implicó como conocedores del sistema y destino de las ayudas investigadas al expresidente andaluz Manuel Chaves, al actual titular José Antonio Griñán e incluso a la entonces portavoz de la Junta, Mar Moreno, y señaló como artífice del sistema al ex consejero de Empleo José Antonio Viera, actual diputado del PSOE en el Congreso.