El presidente de la Generalitat ha enarbolado la bandera del independentismo a base de pacto fiscal y concierto económico, el primer paso para una Hacienda independiente
«Cataluña necesita un Estado» y «minimizarlo sería un grave error». Es la cantilena de Artur Mas, que en su deriva independentista ha añadido nueva estrofa: el pacto fiscal que el presidente de la Generalitat catalana solicita para la región que gobierna, su principal objetivo a medio plazo.
Como explica M.R. Castro en ‘ABC’, este privilegio económico es el embrión de una hacienda propia y una «estructura de Estado» necesaria para la independiencia que Mas dice perseguir.
Artur Mas está decidido a plantear este jueves al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la reunión que mantendrán en el Palacio de La Moncloa, el sistema de financiación específico para Cataluña que defiende CiU y que, según Mas, pretenden «que salga adelante por la vía del acuerdo».
«Pero si no puede ser, Cataluña tiene que hacer su camino, no puede renunciar a su presente ni a su futuro, pase lo que pase», tal y como amenazó en la víspera del encuentro con Mariano Rajoy.
Sistema de financiación específico
Es lo que Mas quiere para Cataluña. La idea es que la Generalitat pase a tener el control absoluto sobre la gestión de los impuestos que pagan los catalanes -recaudación y regulación- y pague a la Administración General del Estado una cuota mucho menor de lo que obtiene ahora la Administración central en el territorio catalán, con el fin de reducir el déficit fiscal de la región.
Una Hacienda propia
La propuesta de pacto fiscal prevé la creación de una hacienda catalana propia semejante a la del concierto económico vasco, aunque con la previsión de pagar una cuota de solidaridad al Estado (una especie de cuota de retorno por los servicios prestados en Cataluña).
Mas reclamó en abril «los mismos poderes que tiene cualquier Estado» de la Unión Europea, incluso con una «hacienda propia» que permita a los catalanes pagar impuestos sin pasar por la Hacienda estatal.
Discurso populista
Desde el gobierno de la Generalitat vienen quejándose de que España empobrece a Cataluña, una de las regiones con la renta más alta.
Entre los argumentos que han repetido algunos de sus dirigentes se encuentra el acusar al país de un «fraude fiscal estructural» del que hay que escapar o que los catalanes pagan al Estado central grandes cantidades que no vuelven a la región.
Los ciudadanos catalanes han visto como su nivel de vida ha bajado debido a la actual crisis, como el de todos los españoles.
Artur Mas se beneficia de ello para culpar al Gobierno central de todos los males y asegurar a los ciudadanos que la independencia de Cataluña la liberaría de todos los problemas económicos, en un contexto en que la región ha pedido al fondo de liquidez del Gobierno central del que pretende desligarse un rescate financiero de 5.023 millones de euros.
El concierto económico vasco y navarro
El Concierto Económico es el instrumento jurídico mediante el que se regulan las relaciones tributarias y financieras de la Administración General del Estado y la región del País Vasco.
La Constitución recogía en su disposición adicional primera el amparo y respeto de los derechos históricos de los territorios forales, entre los que se incluía este Concierto Económico desde que Cánovas del Castillo lo instauró en 1878 para que los vascos -que contaban con fundamentos del Derecho propios- pagaran impuestos al Estado.
Con este fin surgió la Ley 12/1981, de 13 de mayo, por la que se aprobaba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, al que siguieron los de 2002 y 2007. En este modelo foral pretende inspirarse Artur Mas.
Según explica el economista del Instituto de Análisis Económico (CSIC), Ángel de la Fuente -cuyo trabajo sobre el pacto fiscal catalán expuso el pasado 7 de octubre ante la comisión creada en el Parlamento de Cataluña- las haciendas forales de estos territorios recaudan la práctica totalidad de los tributos que conforman el sistema fiscal español y regulan los tributos directos, sujetas únicamente a ciertas restricciones de carácter general, tales como la obligación de mantener una presión fiscal similar a la registrada en el resto del país.
Una parte de estos recursos se entregan después a la Administración Central mediante una transferencia que recibe el nombre de «cupo» en el caso vasco y de «aportación» en el navarro.
La normativa básica vigente indica que esta transferencia tiene que cubrir la parte que le toca por renta a cada territorio foral de los costes de aquellas competencias estatales que no han asumido las regiones, es decir, por servicios que les presta el Estado.
¿Por qué ellos sí y nosotros no?
Las aspiraciones de Artur Mas con el Pacto fiscal catalán son exigir la extensión a su comunidad autónoma de los privilegios de los que ahora gozan los territorios forales.
De la Fuente asegura entender «la tentación: ¿por qué ellos sí y nosotros no?».
Tal como se ha implementado en la práctica, el sistema de concierto genera «una enorme asimetría financiera entre los territorios forales y el resto de las regiones españolas» que, para el economista, supone una «violación flagrante del principio constitucional de igualdad».
La «trampa» está en el cálculo del «cupo», que ha venido beneficiando a las regiones con concierto.
Problema constitucional
La creación de un concierto económico catalán crearía graves problemas constitucionales, pues no estaría recogido en disposición adicional ninguna de la Carta Magna. Mayor soberanía para Cataluña sería una contradicción constitucional.
En una entrevista en ABC Punto Radio, Mas aseguró a Luis del Olmo que la Carta Magna «no es una ley para siempre».
«Inviable» y «desaconsejable»
– La propuesta de Pacto Fiscal defendida por el actual Gobierno catalán es el informe de La Fuente es rotundo en sus conclusiones:
Inviable constitucional y políticamente, desaconsejable en términos de racionalidad económica y administrativa y sólo serviría para excitar sentimientos de agravio dentro de Cataluña y de rechazo fuera de ella, alimentando así un sentimiento de confrontación que, aunque podría ser beneficioso electoralmente para algunos partidos nacionalistas catalanes, no serviría a los intereses de ninguna de las partes.
