Tráfico de influencias, información privilegiada, prevaricación, cohecho, alzamiento de bienes. Esa es la letra de la canción que ocupa el primer lugar en la lista de éxitos de Galicia. Acapara las emisoras de radio, los canales locales, autonómicos y nacionales de televisión y se divulga a través de la prensa on line y escrita.
La «movida gallega» vuelve a iniciar la reconquista de España, treinta años después de haber desembarcado en Madrid en olor de multitudes. Las réplicas civiles, políticas y administrativas de «Siniestro Total», «Golpes Bajos», «Os Resentidos» y «Cómplices», vuelven a salir a escena unidos en una sola mega-banda: «Los Imputados», que ofrecen al personal un repertorio de rock ideológico ecléctico.
A tan sólo un mes de las elecciones, se calienta el ambiente, vuelve a hacer un sol de carallo en la insaciable Galicia caníbal oficial y empresarial, y afloran indicios de antropofagia de dinero de los contribuyentes en este siglo XXI de las sombras.
Una jueza acorralada entre las murallas de Lugo
Entre la impactante macedonia geográfica, civil, oficial e ideológica de detenidos en la «operación Pokemon», en la que aparecen Francisco Rodríguez, alcalde socialista de Ourense, Adolfo Gacio, alcalde popular de Boqueixón, Francisco Fernández Liñares, ex concejal socialista de Urbanismo en el Ayuntamiento de Lugo y ex Presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, un Jefe de Servicios de Contratación del Ayuntamiento de Santiago, un ex funcionario municipal de Lugo, en la actualidad vinculado a la ORA en esa ciudad, responsables de las empresas Sanle (obras públicas-canalizaciones) y Vendex (adjudicataria de diversas concesiones municipales por toda la geografía española), todos ellos blindados por el derecho fundamental de la «presunción de inocencia», se corre el peligro de que vuelvan a pasar inadvertidos para la opinión pública y la opinión publicada gravísimos efectos colaterales:
La Magistrada del Juzgado de Instrucción nº 1 de Lugo, Pilar de Lara, que este 19 de septiembre de 2012 abrió el melón de la «operación Pokemon», ha llegado a esta presunta trama de corrupción tirando del hilo de otra trama que instruye desde hace tiempo, «la operación Carioca», que llega a implicar a responsables de la Policía y la Guardia Civil.
Sus investigaciones en el caso Carioca han producido incidentes, presiones políticas, intimidaciones por parte de agentes de las Fuerzas de Seguridad, intentos de linchamiento a través de las redes sociales, sugerencias de implicaciones en asuntos borrascosos, ataques a familiares, insinuaciones de militancia política e inclinaciones de índole religioso, que han provocado manifestaciones de apoyo de plataformas anticorrupción, comunicados del Tribunal Superior de Galicia avalando su rectitud y desestimaciones del propio alto tribunal gallego a solicitudes de fiscales lucenses obsesionados con quitársela de en medio.
La magistrada cartagenera, destinada en Lugo, llegó a abrir diligencias a la Guardia Civil por obstrucción a la Justicia. No se fía un pelo ni de la Policía ni de la Benemérita bajo su jurisdicción, y por eso adoptó la chocante y extravagante decisión de asignarle la misión de la detención a Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, que todavía se están reponiendo de su asombro.
¿Qué está pasando en Lugo?
De nuevo, con la sorprendente irrupción de la «operación Pokemon», se han insinuado por parte de altos dirigentes gallegos del PSOE y del BNG, Laura Seara, Francisco Jorquera, torticeras coincidencias entre la decisión de la magistrada y el momento preelectoral que se vive en Galicia.
Sólo puede haber algo más rastrero que no conceder la «presunción de inocencia» a un detenido: airear la presunción de intencionalidad política y parcialidad calculada por parte de una representante de la Justicia.
Por cierto. Pilar de Lara abandonaba la plaza de juez en Mieres, Asturias, en marzo de 2007. Había ascendido a magistrada y se la había adjudicado plaza en Lugo.
Días antes de su partida, compañeros y amigos le organizaron una comida de despedida. Y, ¿saben quién asistió a la misma?, en calidad de amigo, naturalmente: el alcalde socialista del municipio, Luís María García.
De manera que menos lobos, menos fantasmas, señores socialistas y nacionalistas gallegos. No se puede hacer un alegato sobre la presunción de inocencia y a continuación dejar en el aire la presunción de manipulación de la Justicia.
Cloacas en las administraciones públicas gallegas
La enrarecida atmósfera de Lugo con el caso Carioca, el caso Campeón y ahora el caso Pokemon, con fiscales haciendo conjuros, un Presidente de la Audiencia poniendo zancadillas, agentes de las Fuerzas de Seguridad intimidando a magistradas y obstruyendo a la Justicia, alcaldes como López Orozco tomándose a coña sus sucesivas imputaciones, funcionarios salpicados por la geografía que, serán honrados, pero no lo parecen, ex ministros protagonizando escenas de Torrente en gasolineras, empresarios, cargos públicos de confianza, ex conselleiros, políticos nacionalistas, socialistas y populares pasando en procesión por los tribunales, expande un aroma a podrido más allá de las milenaria murallas del universal asentamiento romano galaico.
En la vida pública, cuando se maneja el dinero de los ciudadanos, no basta con que la mujer del César sea honrada; además tiene que parecerlo.
Aunque al final muchos de los imputados sean declarados inocentes, sólo la transparencia en los contratos públicos, la vigilancia preventiva y exhaustiva de los técnicos en la tramitación de las adjudicaciones, de los concursos, de las contrataciones, pueden evitar las sucesivas escenas de cargos electos puestos a disposición judicial, que hieren profundamente la sensibilidad y la confianza del respetable público.
Los Ayuntamientos, las administraciones públicas españolas, no pueden seguir manteniendo esa opacidad, ese libre albedrío de los técnicos, que las equipara a los aparato administrativos de las repúblicas bananeras.
Que no se hagan ilusiones los Blanco, los Orozco, el alcalde Paco de Ourense, el Popular alcalde de Boqueixón, los políticos de cualquier ideología: ser detenido, ser imputado, no es por sí mismo síntoma de culpabilidad, pero deteriora gravemente la salud de la política, cuyo pronóstico es suficientemente grave en todas las encuestas del CIS.
