La actitud legítima del imputado alcalde orensano, sitúa a la opinión pública ante una incógnita democrática permanente que nunca acaba de despejarse
Francisco Rodríguez, el alcalde de la ciudad de Ourense al que ha permitido dormir en casa la jueza del Juzgado de Instrucción nº 1 de Lugo, ha anunciado que seguirá al frente del destino colectivo de la ciudad gallega.
Se ha hecho a sí mismo un juicio sumarísimo y se ha declarado inocente ante Dios, la historia y los chicos de la prensa.
Vamos, que el sencillo, afable, cercano vecino que estos días han glosado tantos internautas, periodistas y ciudadanos de la ciudad de las Burgas, no dimite así se caiga el puente romano que une ambas orillas del río Miño que atraviesa la urbe.
¿El tamaño de la fianza importa?
Si el baremo de inocencia jurídica se pudiese medir por la fianza que se la aplica a un imputado para salir en libertad, los seis mil euros que le ha impuesto la Magistrada Pilar de Lara al señor Rodríguez, Paco para sus amigos de Orense y de Galicia, parecen inclinar la balanza hacia el lado de la inocencia y alejar al alcalde socialista de papeles protagonistas o secundarios relevantes en este thriller galaico de la “operación Pokemon”.
¿Cuánto menos sospechas, menores cifras de fianza y viceversa? Esa es la cuestión que debería esclarecer el sistema judicial español. Dejar claro si el tamaño de las fianzas importa.
Si sólo se tiene en cuenta el riesgo de fuga, la posibilidad de destrucción de pruebas o también las dudas de sus señorías sobre la implicación de un imputado en el caso que se instruye.
¿Las dudas de su Señoría de Lara respecto a Paco, son tan poco contundentes que se despachan con un ridículo depósito preventivo de 6 mil euros?
O lo que sería más grave: ¿su Señoría no tiene prácticamente dudas al respecto de la implicación del imputado, pero le hiere en su orgullo profesional reconocer que ha disparado a un blanco equivocado?
Todas estas reflexiones se pasean esta mañana en las charlas de cafelito de las 11.
La inocencia objetiva evaluable en euros de fianza; la inocencia subjetiva declarada ante los medios de comunicación; la inocencia como salvoconducto político para mantenerse en un cargo público; la inocencia twitera desparramada por las redes sociales a través de un hashtag: #creemosenpaco.
Presunción de inocencia versus déficit de confianza
La actitud legítima del imputado alcalde orensano, sitúa a la opinión pública ante una incógnita democrática permanente que nunca acaba de despejarse. Está resuelta en países con otras culturas democráticas.
Pero en los países latinos sigue siendo una asignatura pendiente. ¿Qué derecho debe prevalecer, eh?
¿El derecho personal de un imputado a permanecer en su cargo hasta que la justicia dicte una sentencia, o el derecho colectivo de quienes le han elegido a que permanezca en “standby”, sin las manos en la masa pública, hasta que la justicia decida si las tiene limpias o sucias?
Una cosa es la presunción de inocencia como fundamento del Derecho, y otra, bien distinta, la presunción de inocencia política, una actividad en la que, voluntariamente, un sujeto que resulte imputado, cuya relación con la sociedad que le elige está basada en la confianza, debe aceptar el principio de presunción de culpabilidad hasta que no quede demostrado lo contrario.
800 políticos imputados por delitos de corrupción en España
Las avanzadas democracia europeas tienen sus cementerios políticos plagados de cadáveres de imputados. Pero, en España, como apuntaba en su “El síndrome de Alí Babá” María Ángeles López de Celis, veterana secretaria personal de varios Presidentes del Gobierno españoles, hay 800 políticos imputados por delitos de corrupción y, 100 de ellos se presentaron en las listas en las últimas convocatoria electorales.
La también autora del libro “Los Presidentes en zapatillas”, confesaba en mayo de 2012, a punto de dar a luz su segunda obra, que se le inflaron los ovarios ante tanto jetas metiendo “la mano en el cajón” mientras millones de españoles iban atravesando el camino sin retorno de la pobreza. No se lo pensó más y lanzó a las librerías su cóctel Molotov de literatura y humor.
Los observadores afirma que durante este año al menos 150 imputados, impasible el ademán, permanecen en sus cargos. Y llegan a la conclusión de que son actitudes como esas las van actualizando a través del tiempo el viejo slogan de “Spain is diferent”.
Libertad con cargos
Orense y Boqueixón, lugares de Galicia, están en Spain. Sus actuales alcaldes imputados (el socialista Paco, el popular Adolfo Gacio) son españoles. Y, hablando con franqueza, había muy pocas posibilidades de que se convirtiesen en excepciones que confirmase la regla nacional.
¡Aquí, no dimite ni Dios!. Los dos “alcaldes Pokemon” galaicos se han aferrado al clavo ardiendo de la “presunción de inocencia”, han pagado sus correspondientes fianzas y, en un acto extremo de servicio a los ciudadanos que les honra, han aceptado el sacrificio de permanecer en sus cargos para mayor gloria de la democracia.
A lo mejor han confundido el recurrente latiguillo de juzgado de Instrucción: “libertad con “cargos”, con libertad en sus cargos.
¡Qué buenos políticos, qué buenos señores tenemos en España, arropados por tan buenos vasallos, militantes y votantes de tan buen talante, tan comprensivos ellos y con tan buen rollito.
