Instan a la Abogacía de la Comunidad Autónoma a arreglar el desaguisado en un plazo máximo de diez días

Un juzgado acuerda que Bauzá no estaba autorizado por el Consell de Govern a demandar por lo civil a UGT

El presidente reclama seis mil auros al líder sindical Lorenzo Bravo por haberle llamado fascista

Un juzgado acuerda que Bauzá no estaba autorizado por el Consell de Govern a demandar por lo civil a UGT
Manifestación de sindicalistas de UGT y CCOO. EFE

Lo primero que ha de constatarse es que la persona interesada ha solicitado realmente la tutela judicial

Nueva metedura de pata del ejecutivo de Bauzá, esta vez vía penal. En las últimas horas, tal y como ha podido saber este periódico de fuentes judiciales, -noticia que recoge el digital Ciutat.es- la titular del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Palma ha instado a la Abogacía a que en el plazo de diez días presente un acuerdo del Consell de Govern que conlleve la potestad de iniciar, tal y como marca la Ley, acciones por la vía civil contra el secretario general de la UGT, Lorenzo Bravo. Al parecer José Ramón Bauzá se saltó a la torera este precepto ya que no contaba con el beneplácito del citado órgano jurídico de la Comunidad Autónoma, en su pretensión de pedirle al sindicalista seis mil euros de indemnización por un presunto delito de injurias.
El líder de PP había presentado la demanda el pasado mes de febrero contra Bravo y la UGT, por su cuenta y riesgo y sin contar con la autorización del Consell de Govern, y ahora se obliga a que el gabinete autonómico de vía libre a esta pretensión y aclare si desea una demanda por protección de derecho al honor. En todo caso la denuncia no pasaba en modo alguno por acudir a la vía civil saltándose las leyes como se ha hecho, circunstancia que ha obligado a la juez del caso a dar curso a este nuevo emplazamiento. El acuerdo del Consell, según las mismas fuentes, sólo autorizaba a la Abogacía a iniciar acciones penales a través de una denuncia o querella. Por tanto Bauzá carece ahora de capacidad procesal para interponer al respecto querella alguna. «Lo primero que ha de constatarse es que la persona interesada ha solicitado realmente la tutela judicial», ha asegurado el abogado de Lorenzo Brazo. El letrado había hecho hincapié antaño, además, en que tampoco se podía haber demandado a UGT en sí en este trámite porque no estaban facultados para ello los servicios jurídicos del Govern. La juez le ha dado la razón.

Lorenzo Bravo había llamado «fascista» a Bauzá tras haber acordado el Govern hace unos meses reducir el número de liberados sindicales.
Alonso de Caso, el abogado de Bravo, sostiene que la demanda no se sustenta en modo alguno ya que, a su entender, su protegido no ha atentado de ninguna manera contra el derecho al honor. Recuerda que el mismo Bauzá ha llamado en varias ocasiones «fascistas» a algunos ciudadanos en reiteradas ocasiones con motivo de diversa índole.
En uno de sus escritos, recogido en su día por Europa Press y ahora recordado por Ciutat.es afirmaba tajante que «debe prevalecer el derecho a la libertad de expresión en un Estado democrático de Derecho que debe gozar de sus máximas garantías y no debe ser restringida cuando la libertad de expresión va dirigida a informar a la ciudadanía sobre asuntos de interés público, en relación con la acción de gobierno emprendida por políticos, impidiendo de este modo la crítica y el debate político-procesal».

 

 

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