Micrófonos, cámaras y teléfonos intervenidos en los despachos

El insoportable olor a podrido de la corrupción de la ‘operación Pokémon’

La "ludopatía" política española demanda medidas drásticas

En Ayuntamientos, en Diputaciones, en Comunidades Autónomas, en el Estado, con muy escasas excepciones, se han producido espectaculares milagros de los panes y los peces a título personal e intransferible

(El alcalde de Orense, Francisco Rodríguez, ha dimitido. Se lo ha llevado por delante el olor a podrido de la «Operación Pokémon». Pero se va a casa sin comprender qué ha hecho él para merecerse eso.

Con la bandera de la «presunción de inocencia» izada en su mástil, orgulloso de haberle plantado cara a Rubalcaba y Pachi Vázquez y con su conciencia personal absolutamente tranquila, como le ha reiterado a los medios de comunicación convocados en la rueda de prensa de despedida.

Sigue sin enterarse que, la presunción de inocencia ante la Justicia, no exime de la responsabilidad política ante la sociedad.)

Prevenir la corrupción, en vez de lamentar sus consecuencias

Tiene que haber una solución para prevenir la corrupción política que lleva décadas asolando a España. No le hará gracia a los medios de comunicación, que aguardan casos Gurtel, ERES a la andaluza, operaciones Campeón, tramas del Liceu, bombazos Urdangarín o culebrones Pokémon como agua de mayo.

Pero ha llegado la hora de que en este país, que ocupa un lugar de honor en la clasificación mundial de naciones corruptas, se imponga la regla ancestral de más vale prevenir que lamentar.

Si los políticos son como niños que confunden delitos con travesuras; si la vida pública es caldo de cultivo para la ludopatía, como se puede comprobar consultando las hemerotecas, no queda otra solución que aplicar grandes remedios a los grandes males.

Todos los despachos públicos de España, desde el que ocupa el Presidente del Gobierno al concejal de cualquier municipio, deberían tener cámaras, micrófonos, teléfonos intervenidos y cualquier artefacto electrónico que registrase todos los movimientos, visitas, y conversaciones de sus ilustres ocupantes.

Puede sonar a ciencia ficción de Orwell, pero debería ser un requisito indispensable para ocupar un cargo. Iría con el sueldo, con el coche oficial, con la erótica del poder, teniendo en cuenta que a nadie le obligan a asumir responsabilidades públicas.

Las ventajas de mantener controlados a los políticos

Que no se lo tomen por la tremenda en Moncloa, en los ministerios, en los Olimpos estatales, autonómicos, provinciales y locales. Si es por su bien, señores.

Si el coche oficial del ex Ministro Pepe Blanco, por ejemplo, hubiese llevado un dispositivo de control, a estas no seguiría imputado y tendría que ir proclamando su inocencia a los cuatro vientos. La opinión pública ya sabría si había trincado o había resistido la tentación.

Los jueces ya habrían dictado sentencia condenatoria o absolutoria y, en el segundo de los supuestos, el político lucense sería ahora flamante candidato a la Xunta de Galicia por el PSdG-PSOE. ¿Ven ustedes como la proposición tiene su lado positivo?

El actual alcalde de Orense, que acaba de dimitir plenamente convencido de su inocencia, se habría ahorrado una detención de madrugada, atención médica por ansiedad, declaración ante una jueza, imputación, fianza, libertad con cargos y todas esas escenas que perjudican seriamente la salud de la política y hieren la sensibilidad de la opinión pública.

Todo serían ventajas, señores. ¿Acaso un político honrado tiene algo que ocultar? O dicho de otra forma, ¿el personal que tuviese algo que ocultar, se atrevería a correr el riesgo de entrar en política?

Algo hay que hacer en un país en el que nos sale la corrupción por las orejas. Donde levantas una piedra y te sale un imputado. En el que ya ha habido ministros, secretarios de estado, directores generales de la Guardia Civil y, por los pelos casi un Presidente, en chirona.

Si la medida requiere un retoque constitucional, lo justificaría la alarma social que se crea cuando estalla un escándalo. Si requiere un decreto, ya está tardando, señor Rajoy. Si requiere una Ley, es de esperar que los representantes legítimos del pueblo no pongan reparos.

El Gran Hermano no puede hacer discriminaciones entre civiles y políticos

Han sido ellos, precisamente, los que han permitido radares en las carreteras, límites de velocidad, controles de alcoholemia, taquígrafos en los transportes, cruces de datos fiscales, todo tipo de controles a la población civil española.

Y siempre lo justifican diciendo que es para nuestro bien. Para que dejemos de matarnos en las carreteras, para que si bebemos no conduzcamos, porque el tabaco perjudica seriamente la salud.

No puede haber dos tipos de ciudadanos españoles. Por un lado una mayoría de pobres mortales civiles que son presuntamente inocentes, pero les vigila permanentemente el ojo del «gran hermano» para poder demostrar que son culpables.

Y, por otro, una minoría de seres superiores políticos, que también son presuntamente inocentes, pero llegado el caso cuesta un horror demostrar que son culpables.

¿No se dan cuenta de que en las manos de los políticos confiamos el dinero de todos los españoles? Hay en la actualidad 800 políticos imputados moviéndose a sus anchas por la geografía española.

En el último año 146, y la gran mayoría de ellos todavía formaron parte de las listas en las últimas elecciones generales. Lo describe en su libro «El síndrome de Alí Babá» María Ángeles López de Celis, que había sido secretaria de varios presidentes del gobierno español.

Sería absurdo, con estos antecedentes, que no resignásemos a lamentarnos cada vez que un juez tira de la manta. Sería más saludable para la democracia afrontar medidas estrictas de control preventivo de delitos.

¿En qué porcentaje ha contribuido la corrupción a la quiebra de España?

Por los coladores de la prevaricación, el cohecho, el uso indebido de fondos públicos, los fondos reservados, la información privilegiada, las comisiones en negro, las subvenciones a fondo perdido, los trasvases administración pública-partido, las contrapartidas a los «desinteresados» mecenas de campañas electorales, se han volatilizado, durante décadas, fondos públicos que ahora se echan de menos en la exiguas arcas del Estado.

¿En qué porcentaje ha contribuido la contribución a la quiebra de España? Eso lo puede calcular cada español, en sus respectivos territorios, haciendo un cálculo de los incrementos de patrimonio que han experimentado los políticos de toda condición, de toda ideología, en cualquier cargo, que hayan tenido más a mano.

En Ayuntamientos, en Diputaciones, en Comunidades Autónomas, en el Estado, con muy escasas excepciones, se han producido espectaculares milagros de los panes y los peces a título personal e intransferible.

Autor

Luis Balcarce

Desde 2007 es Jefe de Redacción de Periodista Digital, uno de los diez digitales más leídos de España.

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