A su juicio "propicia una justicia para ricos"

Los abogados de Baleares, contra el aumento de las tasas judiciales

"Puede disuadir a muchas personas, sobre todo a las que poseen recursos insuficientes"

Los abogados de Baleares, contra el aumento de las tasas judiciales
Ley, orden, jueces y justicia. EP

Esta situación es, cuanto menos, obstaculizar el acceso a la Justicia en términos irrazonables

El Colegio de Abogados de Baleares ha mostrado su apoyo a la propuesta de enmiendas al proyecto de ley que contempla el incremento de determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, y que el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) remitió el viernes pasado a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

En un comunicado, la institución colegial ha manifestado que la abogacía balear fue una de las primeras en expresar su rechazo al importante aumento experimentado por las tasas o la imposición de algunas nuevas en jurisdicciones donde no existían, dado que, advertía la Junta de Gobierno, esta medida «puede acabar creando una brecha social y propiciar la existencia de una justicia para ricos y otra para personas con pocos recursos económicos».

Y es que, para los miembros de la Junta, el incremento de las tasas «puede disuadir a muchas personas, sobre todo a las que poseen recursos insuficientes, a pedir la revisión de aquellas resoluciones judiciales que consideran injustas o lesivas para sus intereses».

En sus alegaciones, el Consejo General considera que «la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esta medida legislativa se verá en el futuro, con grandes riesgos debido a la exagerada cuantía del tributo» o a la ampliación de órdenes jurisdiccionales que se sujetan a las nuevas tasas, como el social, tradicionalmente excluido.

En este sentido, la abogacía balear considera que las medidas pensadas para reducir los tiempos de la justicia «deben ser bienvenidas, siempre y cuando, como sería el caso, no se realicen a costa de recortar los derechos de las personas o de limitar el acceso a la tutela judicial efectiva».

En similares términos se expresa la abogacía española, para la que «la imposición de nuevas y más elevadas tasas tiene un efecto disuasorio en numerosos casos, mucho más de los deseables y, sobre todo, en los de especial cuantía». Para la Abogacía, esta situación determina «una inexorable imposibilidad de acceder a la Jurisdicción y, en consecuencia, un injusto desconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva».

Como ejemplo de la exagerada cuantía de las tasas, el Consejo General de la Abogacía Española ha remitido a los diputados varios ejemplos de la obstaculización al acceso a la Justicia. Ante una multa de tráfico por un importe de 100 euros, el proyecto de ley establece que el ciudadano que quiera acudir a la jurisdicción contencioso-administrativo para impugnar la sanción de la Dirección General de Tráfico debe abonar la cantidad fija de 200 euros.

«Esta situación es, cuanto menos, obstaculizar el acceso a la Justicia en términos irrazonables», señala el CGAE, que considera en sus alegaciones que las tasas, de acuerdo con la Ley 8/1989 de Tasas y Precios Públicos, «deben tender en exclusiva a cubrir el coste del servicio o de la actividad que constituya el hecho imponible».

 

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