Tras la reestructura a su libre albedrío del gobierno municipal vía mociones de urgencia

El PP nacional le da la patada a los siete concejales de Manacor que desafiaron a Bauzá

Los ediles han pagado caro su apoyo a Pastor, tras haber sido expulsado por votar contra la política lingüística del Govern

Estos acuerdos van en contra de los intereses del partido y constituyen hechos muy graves

El máximo órgano disciplinario nacional de los populares ha ratificado en las últimas horas la suspensión de militancia de siete ediles ‘populares’ del Ayuntamiento de Manacor, «de manera cautelar y provisional». Se les achaca supuesto incumplimiento grave de los estatutos del partido. La decisión del PP nacional confirma así la sanción acordada por el comité de garantías de Baleares el pasado jueves, y después de que Bauzá decidiera echar con cajas destempladas del PP balear a Antoni Pastor, por votar en el Parlament en el mes de julio en contra del proyecto de modificación de la Ley de Función Pública de la CAIB, a través de la cual el se suprimía el requisito de saber catalán para trabajar en la administración pública. Pastor había apoyado la enmienda a la totalidad de devolución presentada por el PSM-IV-ExM i Mès per Menorca, en relación al proyecto de modificación de la citada ley. Se le suspendió así de militancia durante cuatro años al ya ex diputado popular y alcalde de Manacor, Antoni Pastor.

Los ediles suspendidos son Catalina Riera, Francisca Rufiandis, Maria Bover, Sebastiana Sureda, Maria Magdalena Sureda, Roberto Arturo Flores y Cristina Matamalas.
La suspensión de estos siete militantes tiene lugar después de que en julio pasado el comité sancionador acordara, también por unanimidad, la suspensión de militancia durante cuatro años del ya ex diputado popular y alcalde de Manacor, Antoni Pastor.
La junta gestora del PP de Manacor había denunciado al comité disciplinario que el pasado 2 de julio se presentaron el pleno del Ayuntamiento varias mociones de urgencia por las que se reestructuró el gobierno municipal, modificando las delegaciones, las tenencias de Alcaldía y los miembros de la junta de Govern, sin el consentimiento del partido.

Además, se fijaron cargos con dedicación exclusiva y parcial, dejando sin efecto el acuerdo de pleno del 4 de julio de 2011 y se modificó el nombramiento de representantes municipales de los órganos colegiados. Estas propuestas fueron apoyadas por Antoni Pastor; los miembros del grupo Popular Catalina Riera, Francisca Rufiandis, Maria Bover, Sebastiana Sureda, María Magdalena Sureda, Roberto Arturo y Cristina Matamalas del Grupo Municipal del PP, además de Joan Gomila y Bernat Amer de A.I.P.C y los nuevos miembros del equipo de gobierno Francisco Mateu Capllonch y Joan Ginard del A.L.M.
 
«Para evitar daños mayores»

  Así, la Junta Gestora local solicitaba del Comité de Derechos su intervención «para evitar daños mayores al Partido Popular y a los intereses de los ciudadanos de Manacor».
   El Comité balear entendió que se trataba de una serie de acuerdos que van en contra de los intereses de la Junta Gestora del PP de Manacor, y, por consiguiente, del PP balear, «siendo de reseñar que fueron decretados y/o propuestos por el alcalde, que en esa fecha se encontraba suspendido cautelarmente de militancia por tener abierto expediente disciplinario en su contra», ha destacado el PP en un comunicado.

El Comité balear adoptó este acuerdo por considerar estos hechos «muy graves», según  el artículo 13.1 d) y e) de los Estatutos Nacionales del PP. Ahora, el Comité Nacional ha corroborado la suspensión cautelar de militancia «teniendo en cuenta la posible gravedad de la conducta de estos afiliados y concejales», en función del artículo 18.7 de los Estatutos Nacionales.
   La resolución ha sido enviada a los propios interesados, al Comité regional de Derechos y Garantías, al Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Manacor, a la Junta Gestora Local de Manacor, al PP de Mallorca y al PP balear.
Los responsables del partido en Manacor tras la expulsión de Bauzá entienden que estos acuerdos «van en contra de los intereses» del PP y constituyen hechos «muy graves» según las normas de la formación.

 

 

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