Lo advierte PSM-IniciativaVerds-Entesa, ante la paralización del Plan Hidrológico de Baleares

El Tribunal de Justicia de la UE puede multar al Govern por incumplimiento de Estado

Ya lo ha hecho con el resto del país, excepto con Cataluña, por lo que acusan a Bauzá de “irresponsable”

El Tribunal de Justicia de la UE puede multar al Govern por incumplimiento de Estado
Bauzá en la V Conferencia de Presidentes. Govern

El Govern ha querido evitar las medidas de protección de las zonas húmedas como Ses Fontanelles, l'Ullal, Ses Feixes o Maristany

El PSM-IniciativaVerds-Entesa advierte en un comunicado que la actual paralización del Plan Hidrológico de Baleares (PHIB) puede suponer una «sanción importante» por parte de Europa. El pasado jueves el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó, según indican,  al resto de Estado, excepto a Cataluña, por no haberlo aprobado en el correspondiente plazo.
Los econacionalistas sostienen que el Tribunal reconoce que el plan había sido correctamente tramitado hasta el año 2010, pero, «como no ha sido definitivamente aprobado lo incluye ahora entre los incumplimientos del Estado, y, por tanto, el Govern, como que es el responsable, puede tener que soportar la sanción correspondiente».
   Debido a esto, la coalición acusa al presidente del Govern y a su equipo de haber actuado de «manera irresponsable» por haber parado la aprobación del Plan y de haberlo hecho por «intereses espurios» como «no asumir» las medidas de protección de acuíferos contaminados o sobreexplotados o por evitar la protección de las zonas húmedas como Ses Fontanelles, l’Ullal, Ses Feixes o Maristany.
   El PSM-IV-ExM considera que el Tribunal «ha dejado claro» que el procedimiento de la anterior Ejecutivo autonómico había sido «impecable» y hace evidente que las críticas del conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Gabriel Company, eran «una simple excusa» para «retrasar la entrada en vigor del PHIB».
   En este sentido, también critican la iniciativa del PP de modificar el PHIB para poder extraer más agua de acuíferos sobreexplotados, como el de Sa Pobla, «sin ningún tipo de estudio técnico ni información pública», sino a través de una enmienda en un procedimiento legislativo que califican de «viciado».

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