Si se aplica la Ley de Incompatibilidades que aprobó el Partido Popular en 1996, y que afectaría a su farmacia

Bauzá puede ser cesado como presidente del Govern e inhabilitado durante dos años

El PSIB presenta mañana una moción en la que se propone que sea el propio Parlament quien inste al Govern a exigir su cese inmediato

Con Aina Salom, la exconsellera de Salud en la época del primer Govern del Pacte con Francesc Antich a la cabeza, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares no tuvo reparo alguno. Corría 2007. A pesar de que ya no ejercía el citado cargo, se estimó en ese año y mediante sentencia que la citada política no podía compaginar su cargo con ser titular de una farmacia. Caso cerrado.

Y es que la Ley de Incompatibilidades no tiene apenas resquicios por donde colarse. Por eso la empezó a aplicar con tino el Partido Popular en 2011 tras haberla aprobado en 1996, con todo el viento político a su favor y la bendición de propios y extraños. La singladura cambió sin embargo el rumbo, y las tornas, por ende, se trastocaron.

Son ahora los socialistas y los nacionalistas los que echan mano sin sonrojos de su jurisprudencia, como si fuese una matafórica llave que pudiera abrir la puerta hacia el olvido para quien ostenta la mayoría absoluta en la Cámara balear o, más concretamente, al presidente del Govern, propietario de una farmacia en Marratxí.

«MOCIÓN DE CENSURA»

El PSIB presenta mañana en el Parlament una moción que figura entre un simple punto más del orden del día, pero en la que los ‘populares’ ven una llana y clara moción de censura. Instarán así los socialistas de Armengol al propio Parlament a que sea el mismo Govern quien cese a Bauzá, en un extraño ejercicio que, al fin y a la postre, no prosperará al estar en minoría. Pero no importa. Se trata de demostrar que José Ramón Bauzá debe ser medido por el mismo rasero que Salom, «ya que está incurriendo en una vulneración muy grave de la Ley de Incompatibilidades que debe acarrear su cese como presidente, y su inhabilitación para ejercer cualquier cargo público durante dos años».

Le reprueban, a las bravas, «haber mentido» en su declaración de actividades como miembro del Govern, ya que afirman que ocultó sus negocios privados, entre los que figura la famosa farmacia. El ‘acusado’ no la incluyó en su día ya que la consideraba de «patrimonio particular», y no en modo alguno una actividad empresarial confrontada con su rango.

ARCHIVO DE LA INVESTIGACIÓN

Poco o nada importa que en las últimas horas el Govern haya acordado el archivo de la investigación relacionada con esta presunta incompatibilidad , al entender que no a lugar. El informe favorable se ha saltado a la Abogacía y ha pasado directamente a dos jefes de departamento de la Dirección de Función Pública, Administraciones públicas y Calidad de Servicios.
En el mismo se especifica que «se ha actuado conforme al artículo 7 del Decreto 250/1999 de tres 3 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de dicha Ley y al artículo 11 de la Ley 7/1998 de 12 de noviembre de Ordenación Farmacéutica de Baleares».

Tampoco parece tener demasiada relevancia para el Govern el hecho de que hace poco la Fiscalía de Baleares haya abierto diligencias informativas. Intentan determinar si existe responsabilidad penal en las actuaciones del presidente en torno a la gestión de sus negocios privados, así como también en el nombramiento y posterior destitución del antaño gerente de IB3, Francisco de Borja Rupérez. El reloj corre ahora en contra de Bauzá, quien dice estar «con la máxima tranquilidad».

 

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