El sindicato Gestha dice que con medidas correctoras afloraría la mitad de este dinero 'sumergido'

Los técnicos de Hacienda cifran en 1.000 millones de euros el fraude fiscal en Baleares

Los sindicalistas se han concentrado en Delegación para protestar

Los técnicos de Hacienda cifran en 1.000 millones de euros el fraude fiscal en Baleares
Dinero público, servicio publico y derroche. PD

La cantidad a nivel estatal se elevaría a los 38.000 millones de euros

La Plataforma sindical en defensa del Estado del Bienestar y los Servicios Públicos ha reclamado la implantación de planes de lucha fiscal, lo que permitiría que en Baleares afloren unos 500 millones de euros anuales procedentes del fraude fiscal y la economía sumergida en el archipiélago, cantidad que a nivel estatal se elevaría a los 38.000 millones de euros.

Los datos han sido facilitados por el responsable del sindicato Gestha, Luis Tato, en el transcurso de la concentración de protesta que ha tenido lugar esta mañana a las puertas de la Delegación de Hacienda en Palma, en la que han participado un centenar de empleados públicos y responsables de todos los sindicatos del sector en las Islas.

SUPERA EL DINERO DEL RESCATE

Se trata, según ha recalcado Tato, de una cantidad de dinero «muy importante», que supera con creces los 355 millones de euros que Baleares ha reclamado al Fondo de Liquidez Autonómico, al tiempo que ha remarcado que esta recaptación supone «una alternativa a los ajustes que se están aplicando actualmente» por parte de las distintas administraciones.

El sindicalista ha cifrado en 1.000 millones de euros el fraude fiscal en la Comunidad Autónoma, y ha planteado que con la aplicación de medidas correctoras se podría reducir esta cantidad a la mitad -500 millones- logrando así converger a cifras similares a los países de nuestro entorno -Francia o Alemania- donde el porcentaje de fraude fiscal es del 10% del PIB nacional, la mitad del 20% que se calcula que hay en las Islas Baleares.

Por otro lado, el portavoz de Gestha ha defendido la aplicación de un impuesto sobre las grandes fortunas, con lo que se podrían conseguir otros 88 millones de euros cada año en Baleares, -unos 5.000 millones en España-, una medida recaudatoria que el Gobierno se niega a aplicar, pese a la petición continuada por parte de las centrales sindicales y de diversos partidos políticos.

 

 

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