Con el fin de evitar la fuga del expresidente de UM y exconseller de Turismo del Govern

La Fiscalía le retira el pasaporte a Miquel Nadal y le prohíbe salir del país

Se tiene en cuenta su última condena a 4 años de prisión, a la que se suman los 2 años y 7 meses de otra causa

La Fiscalía le retira el pasaporte a Miquel Nadal y le prohíbe salir del país
Nadal y su abogado EP

El fiscal ha pedido que se prorroguen las medidas cautelares que ya tenía por el caso Maquillaje

El fiscal anticorrupción Juan Carrau ha solicitado la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional sin previa autorización y la comparecencia mensual en los Juzgados para el expresidente de UM y exconseller de Turismo del Govern y exvicepresidente insular Miquel Nadal, con el objetivo de evitar su fuga, teniendo en cuenta su última condena a 4 años de prisión, que se suma a los 2 años y 7 meses de otra causa anterior. De este modo, finalmente, no ha reclamado para él el ingreso en prisión.

De este modo, el fiscal ha pedido que se prorroguen las medidas cautelares que ya tenía por la anterior causa en el marco del caso Maquillaje evitando así un posible riesgo de fuga, en caso de que el otro Juzgado levantara las mismas medidas que ha solicitado esta mañana la Fiscalía.

Tras conocer las peticiones de la Fiscalía, Nadal ha manifestado que las aceptaba todas, por lo que, en este momento, el juez se encuentra decidiendo si acepta o no la petición del Ministerio Fiscal.

Así lo ha puesto de manifiesto el fiscal durante la comparecencia celebrada en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares, donde ha reclamado la necesidad de agravar las medidas cautelares que pesan sobre el exalto cargo ‘uemita’ para que no pueda fugarse.

CONDENADO A CUATRO AÑOS

La petición de la Fiscalía se produce después de que la pasada semana la Audiencia condenase a Nadal, en el marco del caso Voltor, a cuatro años de prisión por auspiciar la contratación fraudulenta del exalcalde de Sóller Tomás Plomer por unos servicios que no le entrañaban trabajo alguno, pero por los que cobró 13.080 euros públicos como gratificación por las labores que sí había realizado en favor de la extinta UM.

Una pena que se añade a la que ya pesaba sobre él, dentro del caso Maquillaje, de dos años y siete meses por desviar, junto a Munar, un total de 240.000 euros a la productora que ambos controlaban mediante testaferros mientras eran máximos responsables del Consell.

Nadal es, además, el exalto cargo de Baleares que se encuentra imputado en un mayor de causas de corrupción: se trata, además de Voltor y Maquillaje, de los casos Son Oms, Can Domenge e Ibatur.

De hecho, uno de los jueces que le han investigado, Juan Ignacio Lope Sola, llegó a decretar su personación diaria en dependencias judiciales para evitar su fuga, una medida que cuenta como único precedente el del caso del exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos, quien tuvo que presentarse en dependencias policiales a diario en Madrid.

Junto a la anterior medida cautelar, sobre Nadal pesa además una fianza penal de 100.000 euros que le fue impuesta en el caso Voltor, centrado en un presunto desvío de fondos desde el Instituto Balear de Turismo (Ibatur) a entidades y personas afines a UM durante la pasada legislatura y en el marco del cual fue arrestado en febrero de 2010, mientras ostentaba los cargos de titular de Turismo del Govern y concejal en el Consistorio palmesano.

Sin embargo, no fue su única detención puesto que en junio de 2011 volvería a ser privado de libertad dentro del caso Ibatur, cuyas pesquisas se centraban hasta entonces en otro supuesto desvío de millones de euros públicos en la última legislatura de Jaume Matas, para posteriormente extenderse a la actuación de UM.

Nadal, quien tiene asimismo retirado el pasaporte y prohibido abandonar el territorio nacional sin autorización, se enfrenta por otro lado a una petición de seis años de prisión por el caso Can Domenge, a raíz del determinante papel que jugó en el proceso de venta de estos terrenos palmesanos por parte del Consell: la operación se fraguó por treinta millones de euros cuando el precio real del solar era de sesenta.

 

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